El Colegio de Abogados de la Capital confirmó que seguirá adelante con su intención de impugnar en sede judicial la figura del auxiliar de fiscal escogido en forma discrecional por el ministro público Edmundo Jiménez. Marcelo Billone, presidente de la entidad intermedia, comentó que el Consejo Directivo había resuelto por unanimidad sostener la presentación de la demanda de inconstitucionalidad encomendada al abogado Rodolfo Burgos. “Seguiremos nuestra lucha histórica para que se ingrese a la Justicia por concurso público de antecedentes y de oposición”, expresó Billone.
El dirigente profesional manifestó que evaluaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que había avalado la figura (sentencia “Marchisio”) y que concluyeron que persistían las objeciones constitucionales. El 30 de abril, los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leivarevocaron el pronunciamiento de la jueza Carolina Ballesteros que había declarado inaplicable al auxiliar. Mientras que Posse, Estofán y Leiva afirmaron que no había inconvenientes con este funcionario mientras actuara como delegado de un fiscal titular, Sbdar hizo reparos formales a la resolución de Ballesteros. La Corte consideró que debía expedirse respecto del auxiliar en atención a la entrada inminente en vigor de la reforma procesal penal (está en marcha desde el lunes en Concepción). Por la escasez de fiscales propiamente dichos, el nuevo esquema se apoya en esta especie de sustitutos nombrados sin concurso por Jiménez. En forma separada y con la misma metodología, el ministro público de la Defensa, Washington Navarro, empezó a designar auxiliares de defensor.
“Si bien entendemos que la Corte aprobó al auxiliar en el fallo ‘Marchisio’, advertimos que esa sentencia no analiza el mecanismo de designación, que está al margen de la Constitución porque no se ajusta al concurso público de antecedentes y de oposición, que incluso está establecido en la propia ley orgánica que regula al Ministerio Público Fiscal. Sabemos que hacen falta más fiscales, pero no vamos a permitir que esa necesidad que crearon las propias autoridades sea usada para justificar la incorporación de acusadores sin las calidades que garantizan la actuación independiente”, opinó Billone. El presidente del Colegio observó que, además, la Constitución de Tucumán prohíbe en forma explícita la delegación de funciones como la de acusar, y responsabiliza a quienes la toleran en forma explícita o implícita. “Este artículo está vigente y establece un límite cuya transgresión introduce una inseguridad inadmisible en el sistema judicial”, criticó.
Billone enfatizó que el espíritu que guiaba al Colegio es la defensa de la pauta de acceso a los cargos judiciales a partir de la igualdad de oportunidades y de la idoneidad. “Estos valores fueron respaldados primero por la propia Corte tucumana y, luego, por la Corte de la Nación en el juicio que inició nuestro Colegio de Abogados en 2006, y que permitió la formación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) actual. Es una lucha que no podemos abandonar y que creemos que justamente hace a la calidad de la reforma procesal penal que ha comenzado a ser implementada en Tucumán”, dijo.
Amarga espera
El presidente del Colegio lamentó, además, que la Corte provincial no haya resuelto todavía la acción de amparo que su institución presentó a finales de 2017 por la mora del gobernador Juan Manzur para cubrir las vacantes judiciales a partir de las ternas que elabora el CAM (se informa por separado sobre el hecho de que el mandatario lleva siete meses sin hacer nombramientos amparado en que la ley no fija plazos para tomar esta decisión). “Aún esperamos un pronunciamiento”, recordó el abogado Billone.
