Tras soportar todo lo que pudo los embates del kirchnerismo, que hizo punta en pedir el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 desde fines de enero, Victoria Villarruel convocará este jueves a sesión en el Senado y aceptará incluir en el temario el tratamiento del polémico decreto de desregulación de la economía a sabiendas de que, una vez habilitado el debate, será rechazado con el apoyo ya no sólo de Unión por la Patria, sino también por otras fuerzas de la oposición.
La sesión todavía no fue citada y su contenido se definirá este miércoles, en reunión de Labor Parlamentaria con los jefe de bloques. A ese encuentro, la vicepresidenta llegará con un pedido de sesión especial impulsado por los senadores libertarios y de otros bloques en el que no figura el DNU 70/23 y se destaca como principal tema el proyecto de ley que adecua la normativa legal en materia de prevención y represión del lavado de dinero a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Sin embargo, la vicepresidenta y sus colaboradores más cercanos en materia parlamentaria ya tienen decidido acceder ante el pedido de incluir en la sesión el extenso decreto de necesidad y urgencia que, calcula, impulsarán los representantes de Unión por la Patria que se sienten a la mesa de Labor Parlamentaria y que será secundado por un grupo de senadores integrado por el bloque de peronistas antikirchneristas de Unidad Federal y fuerzas provinciales, que hace dos semanas impulsaron su propio pedido de tratamiento del DNU aunque sin exigir una fecha determinada.
Si bien en su entorno aseguran que trabajaran para evitar que se habilite el tratamiento cuando llegue el momento, la decisión de Villarruel encuentra explicación en varias razones. Cada vez se le hace más oneroso mantener cerrado el recinto del Senado con el único objetivo de evitar el debate de la polémica medida dictada por el Gobierno de Milei en diciembre del año pasado. Además, es consciente de que ya no está a su alcance impedir un rechazo que cada día aumenta su mayoría a medida que sus efectos empiezan a hacerse sentir en la vida cotidiana de la sociedad, como con el aumento de las prepagas.
Hernan Zenteno – La Nacion
También juega a favor de la vicepresidenta el mecanismo legal que rige el tratamiento de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a la ley de Trámite Legislativo, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita el pronunciamiento de ambas cámaras. En este escenario, un tropezón en el Senado no implicaría la caída del 70/23 ya que faltaría completar el círculo con una jugada similar en la Cámara de Diputados, que preside el libertario riojano Martín Menem.
“A Victoria le conviene sacarse de encima este tema cuanto antes y dejar la responsabilidad final de la caída del DNU a Menem”, opinó un experimentado senador peronista que suele ser bastante crítico de la orientación con que el kirchnerismo viene manejando el bloque de Unión por la Patria.
Dudas y debates internos
En la oposición dialoguista, en tanto, las opiniones están divididas. El caso de la UCR es el más emblemático. Mientras el presidente del centenario partido, el senador Martín Lousteau, impulsa comunicados oficiales del Comité Nacional alentando el rechazo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le salió al cruce y dijo sin cortapisas que en el radicalismo hay una mayoría que apoya al DNU.
Si bien impera una opinión desfavorable al DNU 70/23, no son pocos los legisladores que advierten sobre los riesgos de pegarle un golpe al Presidente cuando acaba de convocar a los gobernadores a firmar el “Pacto de Mayo”. “Un rechazo sería música para los oídos de Milei, le da combustible para incendiar todo de nuevo contra el Congreso”, especuló una legisladora de Pro.
La idea de que rechazar el DNU, aun cuando no sea la derogación definitiva, le daría letra a la Casa Rosada para romper la pax romana a la que convocó Milei el pasado 1 de marzo también abre un interrogante en otros sectores de la oposición, en particular de aquellos senadores que responden a fuerzas provinciales que gobiernan en sus distritos.
De hecho, el último pedido de sesión especial para tratar el DNU 70/23 fue impulsado por los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia); por José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y por Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Todos tienen terminales en gobernadores que se sentaron en la mesa que el viernes pasado encabezó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
“¿Se animarán a patear el tablero cuando hay una negociación recién abierta?”, se preguntó una senadora radical en diálogo con este diario. “Creo que les conviene el rechazo en el Senado para poder negociar con más fuerza sus votos en Diputados, que es donde se terminaría decidiendo si el DNU sigue o no vigente”, opinaron, por su parte, en un despacho macrista. Hay teorías para todos los gustos. El jueves, se sabrá cómo quedará redactado el próximo capítulo de la novela del decreto 70/23.
