La de ayer fue una jornada de reuniones, preocupaciones y tensiones en la Legislatura. El pedido de desafuero que remitió el juez Guillermo Matías Puig contra el legislador Ricardo Bussi (FR), por una causa de presunto abuso sexual, ingresó como una brasa caliente con la que tendrá que lidiar la Cámara. Funcionarios oficialistas de peso no ocultaron su sorpresa por la determinación que tomó el magistrado subrogante, algo que calificaron como inesperado.
Debido al acampe de protesta que se desplegó en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, algunas de las actividades del Poder Ejecutivo se realizaron circunstancialmente en el palacio espejado de Muñecas 951. Allí también, en el tercer piso, se realizó una reunión -sin fotógrafos- entre el gobernador interino Osvaldo Jaldo, recién llegado de Buenos Aires, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
Allí se abordaron diversos temas políticos e institucionales, entre ellos el requerimiento contra Bussi. Según trascendió, el encuentro habría continuado horas después en el domicilio del vicegobernador. Al finalizar el trabajo de la comisión de Labor Parlamentaria, Mansilla dijo tener conocimiento del pedido de Puig, en el marco de una causa de presunto abuso sexual ocurrido en 2020.
Sin embargo, aseguró desconocer el contenido pormenorizado del requerimiento. “Va a ser girado a la comisión que corresponde. Seguramente la Cámara va a medir los tiempos que meritúen para darle tratamiento al tema”, manifestó. En cuanto a cómo sigue el trámite, la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el oficialista Javier Morof, será la encargada de analizar el requerimiento del juez.
De allí puede salir un dictamen que, posteriormente, será puesto a consideración en el recinto legislativo. De todos modos, Bussi informó que apeló la decisión del magistrado. El artículo 64 de la Constitución de Tucumán expresa en su segundo párrafo que “ante el pedido de desafuero formulado por un juez, la Legislatura deberá pronunciarse, concediéndolo o denegándolo, dentro de los 15 días de recibido”.
Mientras que cabe mencionar que en un tercer párrafo advierte que “si pasare este tiempo sin que haya pronunciamiento, se entenderá concedido. La denegatoria deberá ser fundada, votada nominalmente por lo menos por veinticinco legisladores, y dada a publicidad dentro de los cinco días, por la prensa local, con las razones de la denegatoria, y nombres de los legisladores que así decidieron”.
