Que se debe recuperar el bosque, cuya flora y fauna han sido agredidos. Que esa recuperación es un deber. Que hay que restituir las tierras al estado natural, anterior a la ocupación. Que hubo una depredación. Esas son algunas de las consignas que inundan el documento con el que la Universidad Nacional de Tucumán ha iniciado una acción de reivindicación por daños y perjuicios en contra de un ciudadano al que acusa de haber construido un barrio cerrado adentro del Parque Sierra de San Javier, un área protegida administrada por la UNT.
En su escrito, la Universidad solicita la restitución de aproximadamente 40 hectáreas ubicadas al costado de la ruta 338, en el kilómetro 28 del camino hacia Villa Nougués. Ahí se realizó el loteo Las Pirámides, que consta de unas 26 casas, de acuerdo con la última inspección que hizo un oficial, el año pasado. Además de la devolución, la UNT pide que se condene a los ocupantes a remover y destruir todas sus edificaciones. “Ese predio debe quedar libre de gente y de cualquier cosa que afecte la biodiversidad”, se lee en el documento que se tramita, desde febrero, en el juzgado federal de primera instancia, a cargo del juez Daniel Bejas.
Actualmente, el magistrado debe correr traslado. En términos jurídicos, eso significa que tiene que trasladarle el planteo al demandado. La Universidad exige que se lo sentencie -también- a pagar una determinada suma por el daño medioambiental provocado. Ese monto se establecerá una vez que se realice una verificación de los desmontes, principalmente.
Viejos conocidos
En diciembre del año pasado, Bejas había hecho lugar a una medida cautelar reclamada por la UNT, y ordenó suspender la construcción de viviendas, la tala de árboles y la parquización del terreno. Pero lo cierto es que esta discusión se remonta a dos décadas atrás, al menos: en 2008, el dueño del emprendimiento, Próspero Marcelo Sosa, fue sobreseído de una acusación de usurpación que le había formulado la Universidad en 1998.
Tras ese fallo, él comenzó a erigir su barrio, al considerar que tiene derechos posesorios. No obstante, los gobernantes universitarios se enteraron de la existencia de ese loteo en septiembre de 2018, cuando unos excursionistas que recorrían la cascada “El salto de la Corzuela” fueron ahuyentados por hombres armados que les dijeron que se trataba de una propiedad privada. Sosa argumenta que su familia está desde hace mucho tiempo en ese lugar. La versión de la Universidad -que se sostiene con documentos oficiales, como decretos, resoluciones, planos e informes- es otra: esos terrenos se encuentran inscriptos en el Registro Inmobiliario (matrícula T-39211). Les fueron comprados en 1948 a Alberto Paz Posse y escriturados en 1956.
Una medida cautelar es una resolución que la Justicia puede tomar para asegurarse de que no se altere una determinada situación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
“El conflicto con Sosa se inició con una ocupación ilegal de una pequeña porción de tierras. Evidentemente, con el correr del tiempo, en forma subrepticia y bajo el amparo de la frondosa vegetación, fue expandiéndose. Hoy, exhibe su emprendimiento sin disimulos”, declara el abogado Máximo Castro, coordinador de una comisión universitaria cuya única misión es recuperar ese y otros inmuebles que consideran usurpados, especialmente en el interior de las 14.000 hectáreas selváticas que constituyen el Parque Sierra de San Javier.
Zona roja
Desde 1990, esa reserva tiene categoría I de conservación, de acuerdo a la Ley Nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Esa categoría equivale a una zona roja, porque se trata de sectores de muy alto valor de conservación. En consecuencia, se ha establecido que no deben transformarse.
“Estamos ante un gran desastre ecológico”, añade el letrado, con el texto de la ley delante suyo. En su escritorio posee más papeles, como un informe redactado en noviembre último por el ingeniero Manuel Imbert -director operativo del parque- y Rodolfo Salinas Collado -director administrativo y de gestión-. “El señor Sosa le ha ocasionado un daño al medio ambiente que a simple vista es fácil de percibir y difícil de cuantificar”, escribieron.
La Universidad pretende que el juicio por reivindicación ambiental sea dirigido contra Sosa, contra su hijo, Marcio Sosa, y contra todos los habitantes de Las Pirámides. Otro hecho relevante para la UNT es que, hasta ahora, Sosa no habría presentado ninguna documentación que demuestre la posesión invocada. Esa institución, en cambio -destaca Castro- cuenta a su favor no sólo con los papeles que acreditan el dominio, sino también con un decreto de 1948, cuando se produjo la compra de las tierras, que las declara bienes de dominio público. Eso significa que quedan desafectadas de cualquier operación comercial. “Se trata de un área protegida por leyes ambientales y normativas universitarias. Resulta indubitable la prohibición de asentamientos. Tenemos que recuperar ese predio, en defensa de la biodiversidad con la que nuestra Universidad está comprometida”, concluye.
