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Siete de cada diez pesos con que se subsidia el alivio en la factura de gas salen del ajuste en el plan de garrafas

El Estado recortó $3348 millones del Programa Hogar, que cubre parte del precio del envase de combustible que usan 2,8 millones de familias, y congeló subsidios. Dividir el aumento de la tarifa de la red y aplanarla cuesta $4500 millones.

El precio regulado de la garrafa de 10 kilos es de$300. El subsidio del Programa Hogar se congeló en $152.
Descacharreo

Con el aumento que rige desde este mes y sumado al de octubre de 2018, los hogares con gas de red deberían recibir las facturas del invierno con una suba interanual de entre 70 y 80 por ciento. Pero el Gobierno atenuó el impacto en el bolsillo: dividió el alza en tres cuotas y dispuso que el incremento de abril correspondiente a los meses fríos se pague recién el próximo verano.

En cambio, los hogares que usan garrafa pagarán ese combustible básico mucho más caro que el año pasado, sin cuotas ni diferimiento alguno. Las 2,8 millones de familias inscriptas en el Programa Hogares con Garrafa (Hogar), que reciben un subsidio para financiar una parte del gas envasado que necesitan, pagarán al menos 125 por ciento más que hace un año para cocinar, ducharse con agua caliente y calefaccionar. Esto es así porque el Gobierno congeló los montos de los subsidios y aumentó el precio oficial de la garrafa -difícil de conseguir- un 37%.

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Entre las dos decisiones mediaron dos meses y una transferencia de casi 3350 millones de pesosdesde los sectores más vulnerables de la sociedad a los hogares de distinto poder adquisitivo pero con acceso al gas de red, más barato que el envasado.

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Dicho de otra manera, los recortes a los subsidios a los hogares con garrafa representan el 74% de los $4500 millones que el Gobierno destinará a atenuar el aumento de los usuarios de de la red de gas natural.

Menos recursos para los hogares con garrafa

La poda al Plan Hogar, prevista para este año, es de $3348 millones de acuerdo con datos oficiales. Es un ajuste nominal, que sería mucho más profundo si se contemplara la inflación. Este programa es el que reemplazó, en 2015, a la extinta garrafa social.

Los números surgen del Presupuesto. En 2018, de acuerdo con la información oficial, el Estado destinó 6735 millones de pesos al Programa Hogar. Pero para 2019, los montos comprometidos a subsidiar la garrafa cayeron a la mitad: hay disponibles $3387 millones. Ese dinero deja de llegar a las familias que usan garrafas. Es una porción mínima de los $202.031 millones que el país destinará a subsidiar la energía en 2019 (un monto similar al del año pasado que implica una contracción en términos reales por la devaluación y la inflación).

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El 80 por ciento de las 3,5 millones de familias que consumen gas envasado está inscripto en el Programa Hogar. Son grupos familiares con ingresos de hasta dos salarios mínimos ($25.000) o hasta 2,8 salarios mínimos si viven en la Patagonia. Estas familias reciben un subsidio mensual, que varía según la estación del año, la cantidad de personas de la vivienda y la zona del país en la que habiten.

El 29 de enero, como consignó TN.com.ar, el Gobierno dispuso un aumento en el precio de referencia de la garrafa del 37% y congeló el subsidio en el mismo valor de 2018. Los 2,8 millones de hogares seguirán recibiendo $152 por envase de 10 kilos, a pesar de la inflación del 47,6% del año pasado. El precio oficial por cada garrafa de 10 kilos pasó así a $297,81 pesos, IVA incluido. El combo de mayor precio y licuación del subsidio implicó un incremento para el usuario del 125% anual. Eso, si consigue el combustible al precio de referencia. Los comercios y transportistas lo suelen vender más caro: 400 pesos o más.

En cambio, el nuevo esquema de la tarifa de gas residencial supondrá para el Estado un desembolso adicional de $4500 millones, según los cálculos de la Secretaría de Energía que comanda Gustavo Lopetegui. Remunerará con ese dinero a las empresas productoras y distribuidoras para que el tarifazo en el gas de red tenga menos impacto en el año electoral.

Según lo dispuesto, el aumento de abril será del 29%, pero se fragmentará en tres: 10% en abril, 9,1% en mayo y 7,5% en junio. Además, las boletas correspondientes a los consumos de junio, julio, agosto y septiembre llegarán con un diferimiento de pago. El 22 por ciento del total se abonará con las facturas de diciembre, enero, febrero y marzo. Así, la boleta se aplanará y una parte de los consumos del invierno se pagarán en el verano, cuando se utiliza menos fluido y la factura es menos abultada. El “cuoteo” del aumento le costará al Estado $2000 millones, que irán a las productoras de gas. Otros $2500 millones de fondos públicos cubrirán los intereses que deban afrontar las distribuidoras por diferir el gas del invierno.

El economista Rafael Flores, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), dijo a TN.com.ar: “Bajar el subsidio a la garrafa afecta directamente a los sectores más pobres de la población”. Y agregó: “Al analizar la prioridad en términos de política pública, hay una restricción fiscal y una decisión política al bajarle crédito presupuestario a un programa (Hogar) y darle (recursos) a otro”.

Fuentes oficiales admitieron que existe una disparidad entre el trato que se le da a los usuarios con gas de red y a quienes tienen garrafa. “Entiendo que hay una inconsistencia”, indicaron en la Secretaría de Energía, sin dar más datos.

En su informe al Senado del 26 de marzo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tomó datos de la Secretaría de Energía y consignó que, si el mercado de garrafas se encontrara desregulado, los usuarios pagarían entre $504 (propano) y $540 (butano) por cada envase de 10 kilos. Por eso, sostuvo que el precio de referencia, en torno a los $300, es entre 55% y 59% del valor que habría que abonar si no hubiera regulación. Y agregó que las familias que reciben el subsidio del Programa Hogar “abonan en la actualidad un 27,4% del valor internacional del producto en el caso del butano y un 29,4% en el caso del propano”, siempre con el precio oficial como referencia.

“El objetivo del Gobierno radica en modificar gradualmente los precios asociados a la producción y comercialización” de la garrafa, “propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad”, finalizó Peña.

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