Sigue la grieta en la Iglesia y el Vaticano se expidió sobre el caso de las monjas de Salta: qué les ordenó

CÓRDOBA.– El Vaticano ya se involucró en el problema entre el arzobispo de Salta y las monjas de clausura del convento San Bernardo de esa ciudad, quienes lo denunciaron –junto a otros dos sacerdotes, uno de ellos, “veedor” de la Santa Sede– por supuesta violencia de género. En un documento al que accedió LA NACION, fechado el 30 de marzo, 12 días antes de la presentación judicial, les anuncia a las hermanas carmelitas que se nombrará un “auxiliar apostólico” y les pide que no se involucren con la “vidente”, como llama a María Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la “Virgen del Cerro”. Esa devoción es, como se contó en notas anteriores, el eje del conflicto.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen las monjas de clausura del convento San Bernardo de Salta, es la que emite el documento, que lleva la firma de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.

En el texto plantea que la orden “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y sostener esta actividad, que claramente tiene sus repercusiones entre los fieles”. Las carmelitas descalzas son socias de la fundación.

LA NACION consultó a los abogados de las monjas, Claudia Zerda Lamas y José Viola si conocían este documento y qué relación había con la denuncia. “Hay una orden judicial de ayer que nos impide hablar con la prensa”, fue la respuesta del letrado. En tanto, el abogado del obispo, Eduardo Romani, había dicho ante este diario que el conflicto por la “Virgen del Cerro” no era “especialmente” importante; hoy, tampoco pudo contestar por estar alcanzado por la prohibición de la Justicia.

El documento señala sobre las “denominadas apariciones” que todavía la Santa Sede debe “discernir su veracidad y autorizar las prácticas de culto”. En la “Virgen del Cerro” ya hay rezos del rosario los sábados al mediodía; se realizan en la eremita ubicada en el barrio Los Tres Cerritos, a diez minutos del centro salteño.

También se indica en el texto que la comunidad del Carmelo “está obligada a la estricta observancia de las normas de ley en este aspecto, incluida la estricta observancia de la clausura monástica”. En esa línea, observa que “permitir a los fieles laicos residir en modo permanente en el terreno del monasterio, participar de forma habitual a la vida de la comunidad monástica y permitir a los peregrinos acceder al terreno del monasterio constituye una clara implicación de la comunidad”.

Aunque no lo menciona explícitamente, la referencia claramente es a que la eremita de la “Virgen del Cerro” está construida en un terreno donado por una familia porteña y puesto a nombre de la congregación “en custodia”, según confirmaron a este diario desde la fundación.Inmediatamente, el documento plantea que esas decisiones son “contra la voluntad del obispo y de los sacerdotes de la diócesis, que lleva a una división de la comunidad de la Iglesia local”. Agrega que el monasterio, “permitiendo a la ‘vidente’, la Sra. Mara Livia Galiano de Obeid [sic], vivir en los locales propios y asignando algunos espacios para los peregrinos cercanos a este contexto, está claramente involucrado completamente en esta obra, contra la voluntad de la Iglesia local”.

“Es necesario señalar con fuerza que la comunidad de las carmelitas descalzas de Salta debe vivir plenamente el carisma carmelita, no una Obra que, en consecuencia, lleva a situaciones de tensión –añade–. Por esto se recomienda también una formación renovada en el espíritu de la Regla y según la tradición carmelitana, observando la propia tradición de vida monástica”.

Problemas “complejos”

En la introducción de lo resuelto, se repasa que el Vaticano recibió documentación de la priora de la orden en Salta –no menciona cuándo– y que, atento a la “gravedad y complejidad” de los problemas, decidió ordenar una visita apostólica. Con el decreto del 18 de mayo de 2021 designó al obispo emérito Martín de Elizalde, uno de los denunciados junto a Cargnello, y a la reverenda Isabel Guirov (nombrada por el arzobispo de Salta el 26 de julio de 2021) como “visitadores” para “examinar los problemas planteados”.

La visita, según describe el documento, fue entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2021; el 30 de diciembre enviaron su informe. El 30 de marzo pasado se dio por concluida esa tarea, suprimiendo los cargos de visitadores.

La Congregación de los Institutos para la Vida Consagrada admite que el monasterio “goza de su debida autonomía”, pero señala que está “bajo la vigilancia del obispo diocesano” quien –dice– tiene “el derecho de visitarlo y de recibir”. Actualmente, el arzobispo Cargnello y los otros dos curas acusados están impedidos de acercarse a menos de 300 metros del convento por una orden de restricción perimetral impuesta por la Justicia tras la denuncia por violencia de género.

El documento hace constar que la priora tiene “el deber de presentar un informe anual sobre la administración de los bienes” y la economía del convento.

“La administración de los bienes temporales del monasterio debe ser transparente y presentada a la comunidad en todos sus aspectos, porque los bienes temporales son bienes de toda la comunidad y la priora y la ecónoma son solo sus administradoras en nombre de la comunidad –añade el texto–. Para la transparencia de la economía y la administración de los bienes, el monasterio debería nombrar, preservando la propia ley, una ecónoma, de modo que el priorato y el economato no estén concentrados en una sola persona”.

Después de todas estas consideraciones, plantea que, en “diálogo” con el obispo, se debería instituir una “forma estable de reuniones regulares, que serviría para enfrentar las situaciones problemáticas de modo continuo”. También anuncia que se decidió nombrar un “asistente apostólico” para el monasterio. Y aclara que, en decreto separado, se indicarán sus competencias y compromisos.

Para cerrar, pide que por “el bien de la Iglesia y de la comunidad” la resolución de “los problemas surgidos sea realizada en un espíritu de diálogo y de comunión entre la comunidad del monasterio y la Iglesia local”. No obstante, 12 días después las religiosas acudieron a la justicia ordinaria.