Las denuncias sobre el manejo de alrededor de $ 600 millones destinados a gastos sociales legislativos dieron pie a la formación de una megacausa penal que involucra a al menos 55 funcionarios públicos de la más alta jerarquía. Ese proceso comprendido en más de 30 cuerpos tiene desde julio del año pasado un pedido de archivo, de desestimación y de sobreseimientos firmado por el fiscal N°2 de esta capital, Claudio Bonari (se informa por separado). En ese requerimiento se destaca la historia de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito articulada contra el ex tesorero de la Legislatura y actual secretario administrativo, Claudio Pérez. Bonari refirió en el dictamen que había intentado asumir esta investigación conectada a los subsidios discrecionales cuestionados, pero que dicha pretensión había chocado contra el silencio. En virtud de ello, el fiscal N°2 decidió que no le correspondía expedirse sobre el tema.
Bonari trató el asunto “Pérez” al pedir la desestimación de las sospechas de incrementos patrimoniales injustificados que el peronista disidente Oscar Lópezformuló respecto de los legisladores del período 2011-2015. El fiscal N°2 precisó que el denunciante había hecho una denuncia general contra los primeros y otra específica en cuanto a Pérez. La primera presentación, según el dictamen, no cumplía los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal de Tucumán. Bonari consideró insuficiente la alusión a los cambios en los modos y niveles de vida de las autoridades legislativas que López había atribuido al posible empleo de los gastos sociales para fines particulares -no consta que el fiscal haya requerido y analizado las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios cuestionados-. El denunciante también conjeturó que el dinero pudo haber sido usado para acarrear votantes y repartir bolsones durante los distintos comicios de 2015, hipótesis delictiva que Bonari asimismo descartó.
El fiscal N°2 precisó que el ex fiscal N°5 y actual ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, había abierto una causa separada en cuanto a Claudio Pérez, que estaba al frente de la Tesorería del Poder Legislativo durante el período del traslado del dinero para gastos sociales en valijas. Bonari añadió que había solicitado a Navarro Dávila que le cediera la investigación de ese proceso por razones de conexidad, comunidad de prueba, economía procesal y con el objeto de no vulnerar el principio non bis in idem (“nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos”). “Interpreté el silencio de Navarro Dávila como un rechazo a la propuesta de declinación de la competencia. Por esta razón, dispuse la extracción de copias y procedí a la formación de un incidente para tratar por separado el conflicto”, informó Bonari. A continuación añadió que Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, entendió que no había conflicto y derivó el caso al ministro público fiscal Edmundo Jiménez quien, a su vez, dijo que no podía tener injerencia alguna en el asunto.
“En virtud del tiempo transcurrido y de la falta de respuesta por parte del fiscal N°5; de lo que expresó Noguera y de que Jiménez dijo que se veía impedido de intervenir, cabe decir entonces que no corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de Pérez, puesto que su conducta es investigada en la Fiscalía N°5”, concluyó Bonari.
