OPINIÓN
Pasaron más de dos semanas desde que se hizo público el audio en el que el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, incurre en más de una decena de delitos penales -o anticipa que va a cometer- durante una conversación en la que intenta sobornar al concejal Juan Carlos Rivadeneira.
Ningún funcionario judicial, ni uno solo, quiso o pudo hasta ahora iniciar una investigación frente a indicios tan evidentes como escandalosos de que estamos frente a un saqueo sistemático, organizado, recurrente y millonario al Estado tucumano.
Enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, uso ilegítimo de información privilegiada para beneficio personal, prevaricato, extorsión, evasión fiscal y fraude, entre otras faltas que, si bien no están tipificadas como delitos penales, son antiéticas e inmorales, como nepotismo, caciquismo, compadrazgo, cooptación o clientelismo.
Todas estas violaciones a la ley, e incluso más, están contenidas en esta conversación telefónica de 38 minutos.
Por si alguien aún no está enterado –a excepción de nuestra ciega, sorda y muda Justicia– en el audio se ofrecen cargos legislativos, dinero en negro para libre disponibilidad, empleos en diferentes reparticiones estatales, obras públicas fraudulentas y con sobreprecios y retornos, entre otros privilegios varios, por montos que totalizan varios millones de pesos al año.
No se puede precisar una cifra definitiva, porque en este intento de soborno se deduce que las ganancias van a ir en aumento a medida que prospere esta “empresa política”.
Afirmamos que hay fuertes presunciones de que se está frente a un saqueo sistemático, organizado, recurrente y millonario al Estado, ya que si un intendente electo -ni siquiera había asumido cuando tuvo lugar la conversación- que obtuvo el cargo con apenas 2.644 votos (la misma población que vive en cuatro manzanas de Barrio Norte de la capital), tiene el poder para malversar millones de pesos del Estado para coimear a un solo concejal de una ciudad pequeña, la proyección exponencial qué podemos hacer ante un posible robo al erario por parte de la política es pasmosa.
Austeridad o necesidad
El vicegobernador Osvaldo Jaldo, mencionado reiteradas veces en la grabación que nadie investiga, anunció esta semana -finalmente y después de 16 años de alevoso clientelismo de los socios Juan y José- que es hora de “recurrir a la austeridad” y a “la eliminación de gastos innecesarios”.
Entonces, surgen varias preguntas. ¿Qué ocurrió en este tiempo que el vicegobernador admitió por fin y luego de años de reclamos ciudadanos que había que despilfarrar menos y atender las urgencias?
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]¿Sintió vergüenza de presidir la Legislatura más costosa del país en una de las provincias más pobres? No, eso Jaldo lo sabe hace mucho tiempo.[/su_note]
¿Se sintió presionado por el escandaloso audio de Caliva donde se lo menciona como el jefe del clientelismo legislativo? Tampoco. No hay novedad ni sorpresa en ello.
Además, ¿por qué hubo tantos años “gastos innecesarios”? ¿No debe ser la austeridad una obligación en todo el Estado, en todo momento?
Lo que en realidad ocurrió es mucho más simple y bastante menos honorable: la plata ya no alcanza.
La dichosa cláusula gatillo, que ajusta los sueldos estatales a la inflación oficial, terminó de esquilmar las arcas del Estado y los números ya no cierran ni para cumplir con las obligaciones salariales.
En una de las provincias con mayor empleo público per cápita de la Argentina, según el Indec, en el que se destina más de la mitad del presupuesto para cubrir las abultadas planillas salariales, tanto de la insondable Legislatura, como del costosísimo Poder Judicial, otro agujero negro presupuestario, a la vista de todos infestado de nepotismo, así como del resto de la enorme administración pública.
Feudalismo estatal
Existen pueblos, comunas y municipios donde más del 90% de la población adulta depende del Estado.
Esta realidad con futuro a las claras inviable se debe, en parte, a una necesaria e imprescindible ayuda social, en una provincia con carencias extremas, donde más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero también, por otra parte, a una exorbitante red clientelar que va creciendo elección tras elección.
En Graneros, por ejemplo, de los 5.000 sufragantes que estuvieron habilitados para votar en las elecciones de junio, unos 3.700 dependen directa o indirectamente del municipio, ya sea por su condición de empleados o a través del cobro de distintos planes asistenciales.
Quizás a ello se deba que este año hubo en Graneros un candidato a un cargo público cada 12 votantes habilitados por la Junta Electoral Provincial.
Cinco mil votantes tuvieron que elegir entre 418 aspirantes al Concejo Deliberante y ocho candidatos a intendente, distribuidos en 48 listas.
Más de 400 postulantes para una población que cabe en ocho manzanas de Barrio Norte.
Son las famosas pymes de la política que ofrecen una salida laboral rápida y fácil, financiadas con dinero que se desvía de la obra pública, de la salud y de la educación. O peor, de dinero que podría invertirse en fuentes de trabajo y de producción genuinas.
Fondos esenciales que se diluyen en esas pymes disimuladas detrás del fraude electoral llamado “acoples”, urdido por el maquiavélico José Alperovich para eternizarse. Ese mismo fraude legal pero no legítimo que permite que el PJ pierda en 47 comunas, pero finalmente se quede con 92 de las 93 comunas de la provincia.
Este saqueo voraz es doblemente inmoral y egoísta en un contexto de tanta pobreza. Así, la primera ordenanza que aprobaron los nuevos concejales de Graneros fue aumentarse el sueldo ellos mismos, por cuatro votos a favor y dos en contra.
Lo mismo que ocurre en este muy humilde departamento del sureste de la provincia pasa, en mayor o en menor medida, en los 17 departamentos, 19 municipios y 93 comunas rurales de Tucumán.
El peor crédito de todos
El gobernador Juan Manzur se auto elogió en reiteradas oportunidades de que, a diferencia de la Nación o de otras provincias, no había tomado un solo peso de deuda durante su primera gestión.
Un mérito bastante extraño considerando que la casa parece caérsele a pedazos.
Lo que Manzur no dice es que no hubo créditos pero tampoco hubo obra pública. No nos referimos a obras nuevas, fundacionales o importantes, sino a las obras necesarias y básicas de mantenimiento, como agua y cloacas, rutas, saneamiento, comisarías y cárceles atestadas, prevención de inundaciones, mayor seguridad o creación de fuentes de empleo, entre muchas otras necesidades básicas insatisfechas que padece la mayoría de los tucumanos.
Sucede que Manzur no tiene dinero para obra pública, principalmente por dos razones centrales: porque la mayor parte del presupuesto se diluye en obligaciones corrientes (sueldos, burocracia, política y gasto ineficiente) y porque los tres poderes del Estado administran pésimamente sus fondos, sobre los cuales tampoco rinden cuenta a la población.
Ahora Manzur, el hombre que no pide, se ve obligado a solicitar 3.000 millones de pesos prestados. ¡Para pagar sueldos! El único crédito que una economía sana no debería tomar nunca.
El caro precio de ser justos
El presupuesto 2020 del Poder Judicial provincial es de casi 10.000 millones de pesos. Esto sin contar lo que cuestan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa, que tienen presupuestos separados.
Es una exorbitancia de plata para un Poder que funciona mal, que tarda años en dictar sentencia -todo lo opuesto a impartir justicia-, y que no tiene nada que envidiarle a la Legislatura en sus malos hábitos de ñoquis y parientes.
La Justicia tucumana, incluso, se da el lujo de ostentar millonarios “excedentes financieros” -sutil eufemismo- que le permiten, por ejemplo, contar con suculentos plazos fijos o desembarcar en construcciones inmobiliarias
Así se gastaron unos $120 millones en el nuevo edificio del Fuero Penal, en Laprida y España, y ahora prevén invertir $70 millones en la nueva sede del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), en Congreso al 300, entre otras obras de varios millones de pesos en diferentes reparticiones judiciales.
¿Plazos fijos millonarios derivados de “excedentes financieros” en una provincia donde hay miles de niños que no acceden a las tres comidas diarias?
Es obvio que a esta Justicia no se le puede pedir que investigue los dichos de Caliva ni mucho menos a sus amigos legislativos.
En la recorrida que hizo “Panorama Tucumano” (20/11) por los 19 municipios de la provincia, la gente reclamó tres urgencias sin excepciones: trabajo genuino, agua potable y cloacas.
Después hubo ciudades donde pidieron más seguridad, pavimento o iluminación, pero las tres primeras son un clamor masivo en todo el territorio. Claro que es más urgente que el Ministerio de la Defensa alquile lujosas casas en Barrio Norte.
La boleta que se convirtió en boleto
“Excedentes financieros” que también tenía la Legislatura, hasta que LA GACETA reveló el 5 de marzo de 2018 que la Cámara había “ahorrado” $240 millones entre enero de 2016 y febrero de 2018, en concepto de “excedentes financieros”.
Casi obligado por esta revelación, Jaldo saldría días más tarde a anunciar que la Legislatura iba a implementar el boleto estudiantil gratuito. Un rol que en ningún país del mundo corre por cuenta de un cuerpo deliberativo, pero algo debían hacer con ese dinero, ya que no había forma de justificar semejante “ahorro” en una provincia con las carencias descriptas.
Por todo esto es que Tucumán es una de las pocas provincias argentinas que no cuenta con leyes de Ética Pública ni de Acceso a la Información Pública.
Se niegan sistemáticamente, incluso a tan sólo adherir a la norma nacional, como hicieron otros distritos.
Nadie puede saber qué hacen los tres poderes del Estado con el dinero de la gente.
El “viva la pepa” tucumano no tiene precedentes ni equivalentes en el territorio nacional.
Del mismo modo que tampoco sabremos si la “austeridad” anunciada por Jaldo será un ahorro de 10 pesos o de 1.000 millones. Nunca la población verá un papel, ni un balance ni un ticket.
Todos los funcionarios políticos y judiciales no son iguales, no caben dudas. Pero ante el silencio terminan siendo lo mismo.
Todo en Tucumán es secreto y oculto, tan oculto como la pobreza y las graves deficiencias estructurales que afectan a la provincia desde hace muchos años, o tan oculto como estará, en unas pocas semanas, el audio de Caliva en la memoria de una sociedad subyugada, engañada y resignada. Resignada a que siempre se puede estar peor.
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