El sector ovino fue una de las actividades de la economía argentina que peor la pasó durante 2020 debido a que la pandemia de coronavirus desplomó la demanda y los precios de los mercados internacionales a los que Argentina abastecía, en conjunto con las intensas nevadas que se registraron durante el invierno que afectaron a las majadas en la Patagonia. Pero a estos inconvenientes, acaba de sumarse uno nuevo: el virtual vencimiento de la Ley Ovina.
Si bien estricta y técnicamente la Ley no venció, si no que lo hará a fin de año, sí lo hizo un artículo que establecía los fondos con el cual la norma se financiaba, por lo que, tanto desde el sector como desde la política consideran a la norma vencida. Esto no habría sido así de tratarse su prórroga en el Congreso Nacional, pero la falta de acuerdo legislativo, el no impulso de un proyecto por parte del Ejecutivo y demás avatares que se dieron a lo largo de estos últimos meses no permitieron la extensión de la misma y dejaron a la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina casi sin efecto.
Sin embargo, todavía puede ser prorrogada. En la actualidad hay una serie de proyectos de Ley para su tratamiento que incluyen cambios en determinados puntos, especialmente, los ligados a la actualización de fondos para las iniciativas que propone la Ley, como así también un diseño de la nueva norma ideada por la Mesa Ovina Nacional (MON), que más que una legislación para la recuperación propone una de fomento. Este proyecto consensuado en toda la cadena productiva se discutió con el MInisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El coordinador de la MON e integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Marcos Williams, indicó que “esta iniciativa la tomó el Ministerio y la estuvimos trabajando durante enero, febrero y marzo con la Subsecretaría de Ganadería para consensuar un proyecto de actualización de la Ley, que incluye el financiamiento y nuevas miradas y tendencias”.
“Ahora entra en la discusión política. Hay distintos bloques que están analizando los proyectos y se llegará a alguna definición. Los puntos que estamos impulsando, entre otros, es actualizar el monto de financiamiento. Hoy es exiguo porque es el mismo montón de 2011, unos 80 millones de pesos de aquellos años”, puntualizó Williams.
A la actualización del fondo, que el proyecto de la MON pretende llevar a 1.400 millones de pesos sujeto a actualizaciones, también propone agregar cuestiones relacionadas a las buenas prácticas ambientales, de bienestar animal y cuidado de pastizales, como así también fondos garantizados para programas del Ministerio, como el programa de carnes y el ProLana y una mecánica particular para el desarrollo de los pequeños productores. “Estamos hablando ya no de una Ley de recuperación, sino de fomento y desarrollo”, remarcó Williams.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FEYBZBNC3FG47LTGJTEB6VXDUA.jpg)
Gustavo Menna, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Chubut
Según detalló el dirigente agropecuario, “la ley está en su último año de funcionamiento con los aportes del Tesoro. La Ley no vence, sino que lo que lo que venció es el artículo que fija el financiamiento anual del Tesoro. Sin recursos la Ley va apagándose lentamente. A los fines prácticos, es como que venciera. Si llegamos al 31 de diciembre sin este artículo renovado, no vamos a tener Ley a partir de enero. Este es el apuro. Estamos un poco a contrarreloj”.
“Nosotros presentamos el proyecto, hay gente que lo mira diferente, le quieren hacer cambios viables y algunos inviables, tiene que pasar por la Comisión de Agricultura y de Presupuesto del Congreso, entrar al recinto, y tener las sanciones de diputados y senadores. Si todo marcha, en un mes tendríamos que estar teniendo la Ley Ovina renovada”, finalizó Williams.
La mirada política
El vencimiento de dicho artículo, central para mantener con vida a la Ley, no fue una sorpresa, ya que desde hace varias semanas se venía advirtiendo sobre la necesidad de tratar sobre tablas la prórroga, teniendo en cuenta que ya se divisaba que no iba a haber un impulso por parte del Gobierno y habiendo proyectos ya presentados el año pasado, como el del diputado por la Unión Cívica Radical, Gustavo Menna, el cual plantea, entre otros puntos, actualizar el fondo de recuperación de la Ley a 1.600 millones de pesos y establecer un marco para distribución de los mismos teniendo en cuenta el stock ovino de las provincias.
Menna expresó que “el Gobierno dejó caer sin pena ni gloria la Ley, sin promover que el Congreso tratara los proyectos que hay y sin mandar uno propio. Es la primera vez que pasa esto, pese a que lo habíamos reclamado y lo incluimos en el temario propuesto por la oposición”.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OK7VQG6BTND5PGC7NCED2BPD5E.jpeg)
Otro de los diputados de la oposición que se pronunció a favor de la prórroga de la Ley Ovina, fue Alejandro “Topo” Rodríguez de Consenso Federal.
En este sentido, el diputado detalló que hasta que se apruebe la prórroga, “en el ínterin hay un vacío legal. Los fondos están en el Presupuesto 2021 con 80 millones de pesos pero, además del fondo, tiene que haber un marco legal que determine cómo se distribuye y qué se tiene en cuenta. Eso ha caído y es discutible desde el punto de vista jurídico que se puedan ejecutar esos fondos porque falta la pata de la ley propiamente dicha. Debería haber planificación y voluntad política para haber tratado este tema con debida anticipación”.
“Ahora, los pasos a seguir, por una cuestión de mayorías, son responsabilidad del oficialismo. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se trate. Tengo la esperanza de que pueda prosperar el tratamiento porque daría la impresión que ahora el Ministerio de Agricultura y el oficialismo se ha activado, pero no puede la oposición por una cuestión numérica certificar cuándo se va a tratar”, concluyó.
Por su parte, el diputado por Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, que apoyó el proyecto presentado por el legislador por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, opinó que “es típico de este Gobierno que las políticas que están bien las deja morir o las demora de tal manera que las desnaturaliza. Lo hizo con la Ley de Economía del Conocimiento, de Biocombustibles y ahora con la Ley Ovina. Las políticas que dieron buenos resultados y se mantienen en el tiempo con eficacia hay que renovarlas y, eventualmente, mejorarlas, y eso es lo que estamos proponiendo”.
