En el día de ayer, miércoles, ingresó a la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político en contra del fiscal Daniel Marranzino. La solicitud se fundamenta en el hecho irrefutable acerca de que este funcionario judicial incurrió en el accionar de “demostrar ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de lo preceptuado en el artículo 19 inc. 10 de la ley Provincial 8734 con sus modificaciones.
Todo comenzó cuando el fiscal Daniel Marranzino dijo que debe determinarse la nulidad absoluta de los actos de citación a juicio y apertura de juicio puesto que se hicieron luego de que Jorge Yapura Astorga asumiera como legislador. Como si esto no fuera suficiente, Marranzino expresó que además no correspondía continuar con el proceso si no se solicitaba previamente su desafuero.
Sin embargo, cabe señalar que, tras una interconsulta de este medio con un abogado especialista, el Dr. Gustavo Morales dejó en claro que, en realidad, el dictamen último del fiscal Daniel Marranzino acerca de la nulidad de las actuaciones y el pedido de desafuero al ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, es absolutamente nulo, como así también son inválidas la totalidad de sus actuaciones previas del tribunal de juicio.
Esto se debe al hecho de que el mismo Marranzino intervino anteriormente como “Ministro Fiscal ad hoc” en la Corte de Tucumán en el año 2020, emitiendo un dictamen incluso favorable al acusado Jorge Yapura Astorga por entender “lesionados derechos y garantías constitucionales tales como el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, como así también comprometido el adecuado funcionamiento de los poderes del estado” (sic).
En segundo lugar, por tanto, al haber ingresado la causa “Yapura Astorga Manuel Jorge Leonel y otros” al tribunal de juicio, constituía una obligación legal y un deber ético del fiscal Marranzino inhibirse, conforme lo ordenado en el artículo 60 inc. 1 y artículo 78 del Código Procesal Penal Tucumán, a fin de mantener incólume los principios de objetividad y lealtad procesal.
En tercer lugar, de modo que, ante tamaño comportamiento procesal, el ofendido penalmente y los denunciantes se encuentran desprotegidos por el Ministerio Público Fiscal. En cuarto lugar, párrafo aparte, merece destacarse el deliberadamente omisivo proceder del Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, pues transgrede el articulo 94 inc 4º y 6º de la “Ley Orgánica del Poder Judicial”.
//Daniel Marranzino, “un fiscal acusador”, que se convirtió en la mejor defensa de la CORRUPCION y la IMPUNIDAD
La misma exige que debe “vigilar la recta y pronta administración de justicia, denunciando los abusos y malas prácticas de sus inferiores y de los tribunales” y “velar por el estricto cumplimiento de los plazos procesales”, respectivamente. En otras palabras, la permanencia del fiscal Marranzino en la causa supra señalada, garantiza la impunidad del legislador Yapura Astorga y de su banda.
Esto se debe a que aún en la hipótesis extrema de ser condenado, la defensa del parlamentario, a través del recurso de casación, tiene la oportunidad procesal para plantear una nulidad absoluta por la manifiestamente ilegal conducta procesal del fiscal Marranzino. Y es que todo esto no se trata más que de deleznable montaje debido a que este funcionario judicial debió inhibirse, pero jamás lo hizo.
En esa línea, el pedido de juicio político deja en claro que el accionar de Marranzino resulta lesivo a los principios de objetividad y lealtad procesal. Pero también resultan violatorios de los derechos de las víctimas y denunciantes, lo que se debe a que se inscribe en una transgresión mayor que es la de la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, incorporada por la Ley Nacional N° 24.759.-
Solicitan la “destitución d… by Tucumán Despierta
Por todo esto es que se pidió de forma urgente que se tramite y se corra traslado de esta denuncia al Fiscal de Cámara Penal cuestionado. Como también que se proceda a destituir de su cargo a Marranzino, tras formular acusación y, previa tramitación por ante el “jurado de enjuiciamiento” luego de lo que fue el haber incurrido en causal de destitución contemplada en el artículo 19 inc. 1 de la Ley Provincial 8734 con sus modificaciones.
La legislatura provincial tiene la última palabra, o defiende a un fiscal que dañaría una causa de corrupción o le demuestran a una sociedad asqueada de tanta impunidad que no quieren una “justicia adicta” al poder político.
La Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial tiene la última palabra.
