Luego de que la Coalición Cívica anunciara ayer que presentará el pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, cabe preguntarse si existe la posibilidad de que la vicepresidenta sea destituida. Y es que claramente ha violado todos los límites institucionales y está en claro atentado al orden democrático, máxime teniendo en cuenta que preside todo eventual posible enjuiciamiento de los jueces de la Corte dado su carácter de presidenta del Senado.
Además, cabe recordar que la ex presidenta no tiene fueros, por lo que también podría terminar condenada en las causas que la tienen como apuntada, especialmente la investigación sobre favorecimiento en la obra pública. Una sentencia condenatoria por asociación ilícita determinaría la detención y la prisión domiciliaria, sin mencionar que de ahora en más podría enfrentar un juicio político luego de su carta apuntando a los miembros de la Corte Suprema.
Y es que, más allá de los intentos por evitar que la Justicia avance, lo cierto es que están avanzadas muchas causas donde Cristina Kirchner podría terminar condenada a causa de las numerosas pruebas que existen en su contra. Mientras tanto, las causales para pedir el juicio político en contra de la vicepresidenta son “alteración del orden democrático” junto con acciones de “gravedad institucional”.
Cabe mencionar que Cristina Kirchner ha venido cometiendo una serie de hechos que dan cuenta del avasallamiento a las instituciones argentinas. Sus ataques contra el orden institucional y el sistema democrático están previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional. El mismo dice que “serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas”.
Las críticas habituales de la vicepresidenta a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática y un atentado contra el orden institucional, al tiempo que configuran el mal desempeño de Cristina Kirchner, quien preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte Suprema, es decir, la Cámara alta del Congreso de la Nación, por lo que poder no le falta.
Lo que debe quedar claro es el hecho de que el problema no es sólo lo que dice, sino quién lo dice: es la Presidente del Senado de la Nación que, a esta altura, está incurriendo claramente en delitos constitucionales, como el atentando al orden democrático. No cabe duda alguna acerca de que Cristina Kirchner pretende jueces elegidos popularmente, que tengan duración limitada en su cargo y que adopten decisiones con las que ella esté de acuerdo.
La sociedad deberá entender que las presiones directas e indebidas a los integrantes de la Corte Suprema no sólo están vedadas por la Constitución Nacional y normas internacionales, sino que además adquieren mayor gravedad teniendo en cuenta que la vicepresidenta de la Nación, sería la presidenta del Senado en caso de enjuiciar políticamente a los integrantes del máximo tribunal. ¿Será posible entonces destituirla por medio de un juicio político?
