EL CALAFATE.- De los fondos extraordinarios que Santa Cruz recibió durante la gestión provincial de Néstor Kirchner, en la década del 90, y que llegaron a rozar los US$1100 millones, quedan apenas US$9295,23 en las arcas provinciales. Así quedó establecido en el último informe del Ministerio de Economía de la provincia, aprobado por mayoría en el Tribunal de Cuentas.
En 1992, a raíz de un acuerdo firmado entre el gobierno nacional de Carlos Menem y las provincias productoras de petróleo, Santa Cruz recibió US$630 millones en concepto de pago por regalías petroleras mal liquidadas. Desde entonces, el camino de esos fondos que fueron depositados en el exterior por el gobernador Kirchner siempre estuvo bajo sospecha. De hecho, durante una década el destino de esos recursos no quedó documentado ni fue controlado por ningún organismo provincial.
“El Tribunal de Cuentas nunca ejerció control sobre la gestión financiero-patrimonial entre el año 1992 y 2002, abandonando su función constitucional”, sostuvo a LA NACION Yanina Gribaudo, vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia, al explicar por qué no aprobó el último informe con el saldo de los fondos.
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a Néstor Kirchner, siempre les tocó dar más explicaciones que al propio Kirchner sobre la aplicación de esos fondos y su falla de origen: la inexistencia de rendiciones contables de esos fondos entre 1992 y 2002.
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En 2003, con Kirchner ya en la presidencia y antes de que asumiera Acevedo la gobernación, a través de la ley 2663 aprobada por mayoría del Frente para la Victoria en la Legislatura y sin documentación respaldatoria, se blanqueó el bache de información existente: la ley sostuvo que en esos años ingresaron en la provincia US$532 millones de sus ahorros originales y que aún había un restante de US$529 millones de dólares. Es decir, que Kirchner manejó un total de US$1061 millones; la mitad, sin rendir cuentas en los organismos oficiales.
“Este Tribunal nunca pudo determinar técnicamente a cuánto ascendieron efectivamente los activos financieros extrapresupuestarios, y prueba de ello es la negligencia que se produjo en el momento de la sanción de la Ley 2663, la cual produce la consolidación de los fondos extrapresupuestarios al 31 de diciembre de 2002″, explicó Gribaudo y agregó: “Posteriormente, el Tribunal de Cuentas, al emitir su resolución certificatoria, concluye que se habían omitido computar los saldos existentes en la cuenta”.
Gribaudo se refirió también en su voto en disidencia a la resolución certificatoria de 2004, emitida por el Tribunal de Cuentas, que concluyó que en el informe presentado y aprobado en la Legislatura se había omitido computar los saldos existentes en la banca Morgan Stanley por un monto de más de US$4 millones y títulos con cotización por el monto de más de US$2 millones.
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La actual resolución del Tribunal de Cuentas de la provincia, aprobada por mayoría, fue enviada el 30 de junio pasado a la Legislatura. Allí, a casi 30 años de haber recibido las regalías petroleras mal liquidadas, determina que al 31 de diciembre del 2021 quedaban en una cuenta del Banco Nación un total de US$ 9295,23. Unos US$156 menos que el año pasado, que sería el costo anual de las comisiones bancarias.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, sostuvo que el actual análisis, evaluación y debate sobre la evolución de los activos presupuestarios se remiten al ejercicio 2021, partiendo del certificado emitido por el mismo tribunal un año antes, y remarcó en su voto sobre el saldo de US$529 millones aprobado en la ley 2663 y cuestionado por Gribaudo: “Es oportuno resaltar que tanto dicho instrumento legal, como todas y cada de las leyes posteriores que aprobaron las certificaciones realizadas por este Organismo, no han sido tachadas de ilegalidad o inconstitucionalidad alguna”.
A partir de la asunción del gobernador Daniel Peralta, en 2007, el gobierno provincial fue gastando a un ritmo de US$100 millones por año, partidas que fueron ingresando a la cuenta de gastos generales del presupuesto.
En la Justicia
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, el destino de los fondos en el exterior motivó seis denuncias en los tribunales. Sin embargo, la investigación judicial nunca fue minuciosa y si bien fue iniciada en el fuero federal porteña, la causa fue archivada por la justicia de Santa Cruz en 2005.
Los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos fueron denunciados por Adrián Salbuchi, Enrique Romero y Juan Labaké en 2004. La causa se tramitó en el juzgado federal N°7, subrogado por Jorge Urso, quien lo investigó junto al fiscal federal Federico Delgado. A finales de 2004, el entonces juez Guillermo Montenegro (actual intendente de Mar del Plata por Juntos) giró la causa a la justicia santacruceña.
Al llegar a Santa Cruz, el trámite del expediente fue sumarísimo. La causa recayó en el juzgado penal de Santiago Lozada, que en cinco meses la archivó. Recién en 2009 LA NACION pudo acceder al fallo, que la Justicia había guardado bajo el mayor de los secretos.
