Su silueta, con las manos en alto sosteniendo un mortero casero, jogging y remera roja, sus rastas al viento y una sonrisa burlona se convirtió en un ícono de lucha para la izquierda argentina y, al mismo tiempo, simboliza para otros el desprecio por orden y las instituciones. Sobretodo, para la Justicia, que lo buscaba desde diciembre de 2017 por atacar a las fuerzas de seguridad durante la sesión en el Congreso que aprobó la reforma previsional del macrismo.
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Cuando lo encontraron, Sebastián Romero ya no lucía su característica melena, con la que hubiera sido demasiado sencillo localizarlo en cualquier lugar del continente, indicaron fuentes de la investigación.
Fue detenido por personal de la Policía Nacional de la República Oriental este sábado por la mañana. Y no hubo dato que haya permitido dar con su paradero, ningún civil se llevará el dinero de la recompensa que ofrecía el Ministerio de Seguridad: 1 millón de pesos que seguirán en las manos del Estado.
Según pudo saber este medio, Romero estaba solo. Sin embargo, no descartan que haya estado acompañado durante su estadía en las tierras del Chuy, una localidad uruguaya que limita con el sur de Brasil, que ofrece playas de arena blanca desiertas y amplias zonas rurales, con un centro comercial en la frontera con centros comerciales libres de impuestos de la vereda charrúa y ropa de cama, churrascarias y grandes supermercados del lado carioca.
No está claro cómo, las alternativas son varias, pero el militante del PSTU habría partido por tierra al vecino país desde que se disparó, por pedido de la fiscal Alejandra Mangano, la orden de captura en su contra que, en marzo de 2018, se elevó a la categoría de internacional.
Fuera de la lírica, al militante lo buscaba Interpol hace dos años por lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, este último agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas.
Los detectives que lo perseguían lograron establecer que, al inicio, pudo haber alternado su estadía entre Brasil y Uruguay, pero finalmente, se enfocaron en el segundo país donde lograron detenerlo.
No pudieron, por otra parte, determinar qué actividad realizó el exdelegado de la fábrica General Motors de Rosario para mantenerse prófugo.
No lo dicen de forma oficial, pero algunos creen que contó con respaldo económico de su partido. Hay algunos indicios en ese sentido. Sus compañeros nunca dejaron de “bancarlo”, al menos, desde lo ideológico.
Romero, precandidato a diputado en las PASO de 2015, se mostraba vigente desde la clandistinidad: reapareció con un audio contra el presidente de Chile Sebastián Piñera y con una carta contra Mauricio Macri.
La reacción de Patricia Bullrich
La actual presidenta del PRO fue una de las principales críticas del comportamiento de Romero frente al Congreso. La por entonces ministra de Seguridad ofreció el 1 millón de pesos de recompensa para atraparlo.
La exfuncionaria fue de las voces que catalogaron al “militante rasta” como un violento. Y no lo dejó pasar, tras la difusión de su detención, felicitó a las fuerzas de seguridad por su detención.
En el último mensaje del “militante” del mortero en su perfil de Facebook, se definía como un “perseguido político del gobierno de Macri”. “El gobierno me quiere preso para meterle miedo a todos los que están luchando”, escribió.
Paradojicamente, previo trámite de extradición, Romero será entregado a la PFA en la gestión de su rival político en las últimas elecciones.
