Un sismo institucional terminó provocando la confirmación de que el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, contrajo coronavirus. Debido a que tuvo que tomarse licencia, quien pasaría a desempeñarse como intendenta interina sería la actual presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Sonia del Carmen Saavedra, quien fue secretaria de gobierno durante la anterior gestión de Jorge Yapura Astorga durante ocho años.
Además, se encuentra procesada por delitos de corrupción junto con el actual legislador oficialista, a la espera del juicio oral y público al que deben someterse ambos y otros integrantes del círculo íntimo de Yapura Astorga. Esta situación insólita, que termina beneficiando nuevamente al clan Yapura Astorga, es posible debido a la inacción de la Justicia tucumana, ya que, hasta la fecha, no realizó el correspondiente sorteo para que se lleve a cabo el debate oral.
Lo peor de todo es que hace casi 100 días, que quedó firme el fallo, pero la Justicia provincial, continúa sin actuar y todo parecería indicar que esto se debe a que no querrían que el clan Yapura Astorga sea juzgado, como corresponde por los delitos de corrupción que cometieron. Esto habría dado lugar a que se produjera una situación, cuanto menos, controvertida en lo que hace al manejo del municipio de Tafí del Valle.
En ese marco, según fuentes consultadas por Tucumán Despierta, la concejal procesada Sonia Saavedra habría ingresado el pasado día miércoles a la municipalidad acompañada por un equipo de profesionales para tomar el control del municipio que tantos “logros” le dio al clan durante 8 años. De acuerdo a estas mismas fuentes, los primeros informes que solicitó dan cuenta de las intenciones espurias que podría tener.
Y es que dichos informes habrían sido requeridos al director de Hacienda del municipio tafinisto y también al banco Macro, con la intención de tomar conocimiento del movimiento de dinero de las tres cuentas que tiene la municipalidad en la mencionada entidad bancaria. Todo pareciera indicar que la obsesión del clan Yapura Astorga, “sigue siendo el dinero”, al punto de que estas maniobras, habrían sido organizadas por el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga.
El objetivo del ex intendente de Tafí del Valle sería que su ex secretaria de gobierno, tenga acceso al dinero del municipio, una obsesión que llevó al clan a juicio oral por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Coautor De Los Delitos de Incumplimiento de Los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita.
Ahora bien, la pregunta que surge, es si esto habría sido organizado días atrás en un encuentro que tuvo la procesada Sonia Saavedra y Jorge Yapura Astorga con Regino Amado (foto) en la Legislatura provincial. Cabe recordar que Yapura Astorga habría tenido durante esos 8 años como intendente, una “protección especial” de quien fuera ministro de Gobierno y Justicia de la provincia. ¿Acaso será coincidencia esta reunión o habría algo preparado de antemano?
La pregunta es pertinente debido a que las funciones correspondientes a los cargos interinos, más allá de que cuentan con todas las facultades de manera legítima, por lo que quienes las desempeñan siempre son muy cautelosos en las funciones, hasta que se produzca el regreso del titular. Recordemos que la procesada Sonia del Carmen Saavedra, fue elegida por los tafinistos para ser “concejal”, o sea para ocupar un cargo en el concejo deliberante, no fue elegida para ocupar el cargo de intendente de la ciudad de Tafí del Valle, como si lo quiso la voluntad popular, con la elección del actual intendente Francisco Caliva.
La procesada Saavedra tiene que comprender, que ella como presidenta del concejo, hoy le toca ocupar el cargo de intendenta interina, función que debe desempeñar, hasta que vuelva el intendente elegido por la voluntad popular, Francisco Caliva. La concejal procesada, evidencia una clara obsesión por el dinero, al igual que su jefe político Jorge Yapura Astorga, recordamos que esta obsesión los llevo a un juicio oral por delitos de corrupción. Para muestra basta un botón y tomemos como ejemplo lo que sucedería en el hipotético caso en el que el gobernador Manzur realice un viaje y el vicegobernador Jaldo quede ocupando la gobernación.
Y que mientras Jaldo esté ocupando la gobernación, proceda a desarmar todo un gabinete, haciendo movimientos desesperados de dineros públicos, etc. No se trataría de un hecho normal, salvo que exista algún interés especial de parte del interino. ¿Acaso se echó a rodar algún tipo de plan para hacerse del dinero público del municipio de Tafí del Valle de forma espuria por parte del “clan Yapura Astorga” aprovechándose del estado de salud del intendente legítimamente elegido por la voluntad popular?
Si esto fuera así, se debe al hecho de que la falta de accionar de la Justicia provincial, es la que permite que Jorge Yapura Astorga siga ocupando un cargo legislativo y que ahora Sonia Saavedra esté a cargo del municipio de Tafí del Valle de forma interina. Resulta insólito cómo pueden estos procesados manejar dineros públicos cuando justamente tienen que afrontar un juicio oral y público por delitos contra el erario público.
Todo esto sólo es posible, porque existiría una clara complicidad de la Justicia, la cual no parece inmutarse ni siquiera a pesar de que el denunciante de la causa tramitada contra Yapura Astorga enviara una carta documento a la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, para que arbitre los medios, como máxima autoridad del Poder Judicial que es, para que se realice el sorteo de fecha y hora para llevar adelante el debate oral correspondiente.
Mientras tanto, todavía los ciudadanos desconocen cuándo serán juzgados los ocho integrantes del clan Yapura Astora. En tanto que el tiempo sigue transcurriendo y hasta existiría el peligro, que se hagan con fondos públicos nuevamente, debido al acceso que la procesada Sonia Saavedra tiene al ocupar de forma interina el cargo de intendenta de Tafí del Valle. ¿Hasta cuándo la Justicia será cómplice de este tipo de atropellos institucionales?
