orpresivamente, cuando se esperaba que el lunes 16 comenzaran las sesiones extraordinarias en el Congreso con la mira puesta en el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Ejecutivo, todo el engranaje se postergó una semana.
En el Gobierno confirmaron que la convocatoria a extraordinarias será recién para el lunes 23, y se espera que el jueves 26 o el miércoles 1 de febrero podría empezar a trabajar la Comisión de Juicio Político en la que el oficialismo buscará avanzar con el Juri a los cuatro miembros del máximo tribunal del país. El Gobierno espera mandar este jueves el decreto con el llamado a extraordinarias.
Mientras que desde el Congreso señalaron a la Casa Rosada como quienes habían decidido el cambio de fecha de inicio de las sesiones extraordinarias, en Balcarce 50 apuntaron a que fue una “decisión conversada”. Desde allí también detallaron: “Si era por nosotros lo mandábamos la primera semana, pero atendimos lo que nos dijeron desde el Congreso, que tiene que ver con que muchos legisladores estaban en sus provincias, necesitan venir a Buenos Aires, y no se llega a organizar el trabajo, las comisiones y nosotros queremos que sea todo ordenado, prolijo”, sostuvo una importante fuente del Gobierno. Tras lo que recalcó: “No es que no querían estar, querían ordenar las cosas y está bien”. Hay algunas dudas internas sobre el nivel de convicción y compromiso de los 16 integrantes oficialistas de la comisión.
De todos modos, la necesidad de postergar todo el proceso es un traspié para los planes del presidente Alberto Fernández y del kirchnerismo, que quería activar lo más rápido posible el proceso contra los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
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Como telón de fondo subyacen las versiones de faltas de consensos internos ante lo que fue una decisión del Presidente y 11 gobernadores por el fallo del tribunal que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la quita de la coparticipación. El oficialismo, de hecho, carece de los votos para lograr resultados en su avanzada si el tema pasa al recinto, donde necesita dos tercios de los votos.
En el bloque de diputados del FdT niegan cualquier complicación política. “Nosotros tenemos todas las puntas atadas. Son los del Ejecutivo los que están definiendo la fecha de las extraordinarias. Nosotros vamos a arrancar en la primera semana que estemos habilitados para funcionar”. Sin embargo, es una verdad a medias: de allí partió el pedido para que el Gobierno atrase una semana la convocatoria. Para limar asperezas, los integrantes de la comisión de Juicio Político tendrán mañana a las 11 una reunión virtual para tratar de encarrilar el proceso.
La titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, se reunió con Fernández este fin de semana, junto con el titular del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara Baja, Germán Martínez. Ambos tendrán un rol importante en lo que viene porque si bien con la composición actual del Congreso el oficialismo sabe que el pedido no tiene chances de prosperar, pero por lo pronto buscan un golpe de efecto con lo que pueda hacer en la comisión, donde se ilusiona con hacer desfilar a los miembros del máximo tribunal.
En la Casa Rosada por lo pronto se termina de trabajar en el temario. Buscan que el Congreso debata junto al central tema judicial, un paquete económico.
El decreto se conocerá en medio de una fuerte tensión con la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio (JxC), cuya conducción se reunió hoy vía Zoom para coordinar una estrategia legislativa con la que buscará bloquear el intento de la Casa Rosada de avanzar con el juicio político contra los cuatro jueces que integran el máximo tribunal.
La oposición se divide entre quienes se oponen a asistir a la comisión y quienes concuerdan, la mayoría, en que sería conveniente asistir a debatir para rebatir los argumentos con los que el kirchnerismo pretende sostener la acusación contra los jueces supremos y contrarrestar el operativo “desgaste” contra los magistrados que fallaron a favor de la ciudad de Buenos Aires y en contra de Nación en el marco del conflicto por la coparticipación. No obstante acordaron mantener una posición común.
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En los temas económicos que se enviarán estaría el proyecto de blanqueo de capitales que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, para reforzar la recaudación. Así como una nueva moratoria para jubilados que alcanzaría a cerca de un millón de personas y que lleva la firma de Fernanda Raverta, de Anses.
Del área de Economía también se contempla la posibilidad de que sean incluidos en el temario los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) e Hidrógeno verde, aunque por el momento se desconoce si irán ambos o solo uno de los dos.
También podría incluirse el proyecto que permitirá a los trabajadores tecnológicos monotributistas -los llamados “monotech”– facturar y cobrar en moneda extranjera.
Otro pilar que desde el Poder Ejecutivo se menciona como “central” en vistas al rol del campo en la economía, es el que saldría de Agroindustria rumbo al Congreso. Bajo el nombre de “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable”, busca la promoción de inversiones y la creación de 700.000 puestos de trabajo para 2030.
El Gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial el DNU convocando a extraordinarias con el temario definido, aunque calculan que será difícil sesionar en lo que resta del verano por la tensión desatada con la oposición.
