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Sospechas de corrupción. El caso Ciccone, cerca de la sentencia firme

Tras una audiencia y otros trámites, la Casación abrió el plazo de 20 días hábiles para ratificar o modificar la condena a Boudou.

Amado Boudou | Archivo
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Tras la realización el pasado 20 de mayo de la audiencia obligatoria en la que las partes exponen sus observaciones a la sentencia del tribunal oral, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, está a punto de resolver si las condenas por corrupción en el caso Ciccone son ratificadas y quedan firmes, o si en cambio sufrirán alguna modificación.

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integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, la Sala IV escuchó los argumentos de las defensas de Amado Boudou, su amigo y socio José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone (detenidos), Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Bremmer –ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP- y Guido Forcieri –ex asesor de Boudou en el Ministerio de Economía- contra las condenas que le fueron impuestas por el Tribunal Oral Federal 4.

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Finalizada la audiencia, a la que asistió el ex vicepresidente Boudou, el presidente del tribunal Gustavo Hornos dispuso que atento a la extensión y complejidad de las cuestiones debatidas, antes de pasar a deliberar se extendiera por 48 horas el plazo para formular réplicas por escrito.

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La defensa de Boudou solicitó que se le pidiera al juez Ariel Lijo -instructor de la causa- declaraciones testimoniales correspondientes al segundo tramo del caso Ciccone, en donde están imputados entre otros Echegaray y el banquero Jorge Brito, y también la declaración de Alejandro Vanderbroele como arrepentido en ese expediente, conocido como “Ciccone II”.

Los jueces Borinsky y Carbajo accedieron a la pretensión y solicitaron las actuaciones, que llegaron esta semana al tribunal de Casación.Hornos rechazó el pedido de Boudou.

Recolección de Basura

Las declaraciones fueron agregadas al expediente, y Hornos dispuso que los jueces pasen a deliberación comenzando a contar el plazo de 20 días hábiles que establece la ley para que dicten sentencia definitiva en el emblemático caso de la imprenta calcográfica.

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