Horas antes de darse a conocer la noticia, el presidente Alberto Fernández supo por adelantado que la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, renunciaría a su vocalía en el máximo tribunal y abriría así una vacante que el Poder Ejecutivo debe ahora llenar. El caso es que Highton era, por lejos, la jueza de la Corte de mejor relación con la Casa Rosada.
Es por ello que Alberto Fernández analiza con los otros socios del Frente de Todos si apresura la presentación de un reemplazante, o espera a que pase el tiempo de campaña. Casi en simultáneo con la noticia del retiro de Highton, comenzaron a pulular nombres. La decisión política está en cubrir la vacante con una mujer. Y entre otras postulantes pueden surgir de la comisión conformada en julio de 2020 para asesorar al Presidente sobre la reforma de la Justicia.
Entre ellas figuran varias autoridades de cortes provinciales, entre las que se destaca la figura de Claudia Sbdar, titular del máximo tribunal de la provincia de Tucumán. Cabe aclarar que el destaque de la jueza local obedece al hecho de que se trata de nada menos que de quién sería la garante de la impunidad en la provincia. Y tal parece que, en caso de ser elegida, procedería a llevar la impunidad de Tucumán a la Nación.
Específicamente, Claudia Sbdar estaría señalada para blindar como sea a Cristina Kirchner en la Corte Suprema de cara a la catarata de juicios que se vienen en su contra. De hecho, la máxima autoridad de la Corte tucumana, ya posee un antecedente óptimo para los planes de impunidad que baraja el kirchnerismo, sobre todo, si vuelve a perder en las elecciones de noviembre y la Justicia arremete contra la vicepresidenta.
Y es que Claudia Sbdar ya se encargó en su momento de hacer lo mismo aquí en Tucumán que ahora necesita Cristina Kirchner, pero con el ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga. Claudia Sbdar, no pareciera comprender la gravedad de este hecho, el daño institucional que significa que hoy Yapura Astorga ocupe una banca en la legislatura representando al pueblo.
Justamente, cuando tiene que rendir cuentas del enriquecimiento injustificado de su patrimonio. La marcada inacción de Claudia Sbdar se da en el marco del primer caso de corrupción de un funcionario electo y que con fueros llegó a juicio, como es el caso de Jorge Yapura Astorga. Pronto se cumplirán un año y dos meses desde que el fallo de la Corte Suprema quedó firme, pero nada hace la magistrada para exigir que se fije fecha del debate oral y público.
La realidad es que no se entiende qué motivos podrían llevar a Claudia Sbdar a no avanzar en contra del legislador Jorge Yapura Astorga. Más todavía considerando los graves delitos que pesan sobre él, pero también sobre varios de los integrantes de su familia y hasta incluso allegados de su propio entorno personal cuando se desempeñaba al frente de la intendencia de Tafí del Valle.
La Dra. Claudia Sbdar tendría que sincerarse con los tucumanos, y si siente que las cosas se le fueron de las manos y no puede manejar el cargo con la autoridad y responsabilidad que el mismo requiere, acaso ¿No debería dar un paso al costado tal vez, pensando, por sobre todo, en los tucumanos que confiaron en su persona y que hoy se sienten desilusionados, debido a que no estaría pudiendo cumplir con autoridad y determinación los actos que su cargo le exige?
De más está decir entonces que de ninguna manera podría siquiera aspirar a integrar el máximo tribunal de Justicia del país cuando le queda grande el lugar que ocupa en nuestra provincia. Y es que la corrupción en nuestra provincia se ha transformado en la otra pandemia que amenaza con destruir las instituciones de la provincia. En ese marco, es inconcebible que el Poder Judicial mantenga cajoneado el inicio del juicio oral y público de un legislador acusado de corrupción.
Esto se da también, a pesar de que fue el mismo máximo tribunal el que en su momento confirmó la elevación a juicio oral y público del ex intendente de Tafí del Valle, quien está acusado de haber cometido actos varios delitos contra el erario público. Entonces, ¿Por qué el parate? Todo parece indicar que se debería a la evidente complicidad y clara protección por inacción de parte de la presidenta de la Corte Suprema de Tucumán, Dra. Claudia Sbdar.
Esto constituye una mala noticia para la presidenta de la Corte, quien tiene la obligación de cumplir con las obligaciones del cargo que ostenta. Y es que Sbdar, pareciera desconocer que la inacción en sus funciones podría interpretarse como complicidad. O tal vez, esta empleada pública judicial, que cobra su sueldo con los dineros del pueblo, pensará que es la dueña del Poder Judicial y puede manejarlo a su antojo sin respetar lo que mandan las leyes.
Cabe recordar que la Justicia es una de las instituciones que más descrédito ha ganado en la sociedad al tiempo que ha perdido la confianza de la gente. Esto no sorprende cuando en lo que hace a Tucumán, el Poder Judicial se ha convertido en cómplice de quienes cometen delitos y, lejos de juzgarlos, la Justicia provincial les estaría brindando impunidad a determinados personajes de la política local, justamente, es el caso del legislador Jorge Yapura Astorga.
La Corte Suprema de Tucumán, pareciera no haber entendido que el 2020 quedó atrás, teniendo en cuenta que continúa con las viejas mañas del año pasado, el cual fue el peor de la historia en lo que hace a la decadencia institucional. En ese sentido, una gran mancha configuró este año el hecho de que se decidiera archivar la causa contra uno de sus integrantes, el vocal Antonio Estofán, acusado nada menos que de acoso sexual contra una empleada de la Justicia.
La gravedad de esta decisión adoptada en su momento por parte del máximo tribunal local, sólo puede entenderse en el marco de la impunidad que reina en Tucumán. Es irónico y trágico que, en nuestra provincia, la Corte Suprema de Justicia sea justamente garante de la impunidad de la cual se aprovecharía para salvar a uno de sus miembros. Lo peor de todo es que lo hace porque sabe que puede hacerlo, sin que haya demasiadas consecuencias al respecto.
Y es que la denuncia de una mujer que asegura haber sido acosada sexualmente, vale nada para la Corte Suprema si es que uno de sus integrantes está involucrado. Ni siquiera el máximo tribunal aceptó que Antonio Estofán fuera juzgado y pudiera demostrar su potencial inocencia como todo ciudadano de a pie. El privilegio de evitar pasar por la Justicia, es algo con lo que nadie cuenta entre la población tucumana.
Sin embargo, esta protección es válida si se trata de un miembro del máximo tribunal local. Para colmo, el archivo de la causa lleva la firma de la titular de la Corte Suprema, la Dra Claudia Sbdar, a quién no pareciera importarle que una empleada de la institución que ella preside, pudiera haber sido acosada sexualmente por parte de uno de sus colegas, el cual pareciera tener coronita, debido a que ni siquiera tendrá que atravesar un juicio.
Claro está que esto no debiera llamar la atención si se recuerda el hecho de que quien colocó a Claudia Sbdar en la Corte tucumana fue José Alperovich, el otrora gobernador provincial que se encuentra acusado de supuestamente haber cometido la violación de su propia sobrina. Los nefastos antecedentes de esta jueza serán tenidos en cuenta a la hora desestimarla como opción para el máximo tribunal nacional, a menos que se quiera llevar la impunidad a la Nación.
