Las empresas distribuidoras de gas y electricidad, que serán las encargadas de implementar la segmentación de tarifas, se enteraron de la instrumentación, al igual que todos los ciudadanos, por la publicación del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. La palabra “improvisación” fue la que más resonó en el sector privado, pese a que el Gobierno estableció como objetivo la segmentación cuando asumió, a fines de 2019.
La gran duda es cuándo se implementará la política de diferenciación de usuarios que diseñó Economía. En el decreto que publicó, la segmentación rige sobre el consumo de manera retroactiva al 1° de junio. Sin embargo, en el mismo texto, dice que “la autoridad de aplicación [Secretaría de Energía] revisará los criterios de elegibilidad de cada segmento luego de 180 días de la entrada en vigencia del presente decreto, tomando valores objetivos de ingreso, exteriorización patrimonial, consumos y cualquier otra información administrativa de la cual se infiera capacidad de pago”.
“Nosotros nos enteramos a la par que ustedes”, admitieron en una empresa distribuidora. “No tenemos mayores novedades ni nunca nos adelantaron nada. Vamos a quedarnos a la espera de la instrucción del ente para ver cómo se debe aplicar. Por ahora, nos quedaremos a esperar”, agregaron en reserva.
En principio, a partir de la semana próxima, el Gobierno habilitará la página para que cada usuario complete una declaración jurada de la cual saldrá la información para realizar la segmentación. Para ello se creó el Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT), en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para administrar el flujo de datos y de información, sean o no titulares del medidor ante las empresas prestadoras de servicios públicos.
Una vez que esté nutrida esa base de datos, se les pasará a las empresas de distribución de gas y electricidad la lista con los usuarios que dejarán de recibir subsidio. Mientras tanto, las compañías deberán adecuar los sistemas informáticos para hacer el cruce de información, una proceso que podría demorar meses.
“La implementación de la segmentación depende de cuándo se reglamente el decreto y de cuándo nos llegue la información sobre a quién hay que aplicarle cada tarifario. Nosotros no tenemos esos datos de ingresos”, explicaron en otra de las compañías.
En una de las empresas distribuidoras indicaron que la decisión “era una muestra de improvisación”. Y agregaron: “Sacaron la medida sin haber consensuado nada previamente. La realidad depende de cuándo la Secretaría de Energía le ponga precio y el ente regulador pase los listados de qué clientes tienen que estar en cada categoría y con qué precio asociado. Si hacen todo eso, estará la implementación. No depende de nosotros. Como todo, muy confuso, y obviamente que esto generará un humor muy adverso, porque claramente los clientes se van a ir a quejar a las oficinas comerciales nuestras, cuando nosotros de esto no vamos a ver nada, porque no aumenta el ingreso de distribución”.
Las diferencias dentro del oficialismo son otras de las preocupaciones de las empresas, porque quienes deberán llevar adelante la implementación de la segmentación son los entes reguladores del gas y la electricidad, Enargas y ENRE, respectivamente, que están controlados por funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que están en contra de la medida. El interventor en el Enargas es Federico Bernal y en el ENRE, Soledad Manin, que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Ninguno de estos funcionarios opinó al respecto de la segmentación.
“Tal como lo plantearon, esto no va a caminar nunca. Además, esto lo comunicó Economía, sin la presencia de los organismos reguladores, que son a los que le tiraron la papa caliente. Se van a comer una lluvia de amparos”, dijo sin vueltas, el máximo responsable de una de las empresas.
Al respecto de los amparos, señaló que la segmentación genera muchas inequidades. Por ejemplo, se preguntó qué tarifa les aplicarán a los servicios comunes, como la losa radiante, cuando en un mismo edificio puede haber un usuario que recibe tarifa social y otro que no.
“Hay cuestiones más de fondo. Para el gas o la electricidad, te van a cobrar en función de la capacidad de pago, pero para la leche, pagamos todos lo mismo. ¿Dónde está la equidad a todo esto? Toda esta movida encima es para juntar dos mangos”, indicó, en referencia a los $15.000 millones, que el Ministerio de Economía indicó que sería el ahorro fiscal con la segmentación.
“Este decreto es una atrocidad hecha por gente que no tiene idea de lo que está hablando. Mientras tanto, se sigue perdiendo tiempo y se sigue deteriorando el sector. Destruyeron un sistema que funcionaba bien, como es la tarifa social. Además, las distribuidoras somos las que tienen mejor conocimiento de la capacidad de pago de la población, que medimos todos los meses esa conducta, pero no nos convocaron. Podríamos aportar técnicos especialistas en el área comercial. Probablemente, tenga que ver con el apuro de mostrarle algo al FMI, pero no es información, es intuición, como diría Agustín Rossi [interventor en Agencia Federal de Inteligencia]”, concluyó.
