El temor de una ruptura en el vínculo con uno de los actores políticos con mayor capacidad de movilización en medio del complejo escenario económico y social hizo mella en el Gobierno. Así, tras la fuerte tensión que generó dentro de la CGT el anuncio de un recorte de los fondos que reciben del Estado las obras sociales que administran sus gremios, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió sobre sus pasos y garantizó a la cúpula sindical transferencias por más de $ 20.000 millones hasta fin de año para el financiamiento de los tratamientos de alta complejidad, medicamentos y gastos de discapacidad.
El jueves pasado, apenas una semana después de la masiva marcha de la CGT, los jefes sindicales fueron notificados por autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud de que hasta fin de año el Ejecutivo transferiría a las prestadoras médicas de los gremios un total de $ 1.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para el pago de las prestaciones.
La novedad, que implicaba un recorte importante para las previsiones de las obras sociales, encendió la alarma generalizada entre los gremios y provocó un fuerte malestar puertas adentro de la primera línea de la CGT, donde algunos dirigentes hasta advirtieron por el futuro de la relación con la Casa Rosada. Incluso, la situación abrió grietas dentro de la propia central obrera, a partir de la amenaza de un grupo de sindicatos aliados al gastronómico Luis Barrionuevo de pegar un portazo, provocando una nueva fractura de la entidad.
Frente a ese escenario, Massa y un grupo de dirigentes de la conducción cegetista, encabezados por Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), avanzaron en una negociación en los últimos días para descomprimir la tensión y articular un entendimiento que permita resolver la situación. En ese marco, el ministro de Economía se garantizó que el Gobierno mantendrá la asistencia para asegurar el funcionamiento del sistema y comprometió una inyección de fondos de entre $ 21.000 millones y $ 24.000 millones al FSR hasta fin de año, según confiaron a Clarín voceros del funcionario y dirigentes de la cúpula de la central obrera.
“De mínima serán $ 21.000 millones con la intención de llegar a un esquema de $ 6.000 millones por mes desde septiembre a diciembre”, precisó un sindicalista. Desde Economía, en tanto, admiten que el alcance definitivo de las transferencias a las obras sociales dependerá de la evolución de la recaudación y las necesidades de equilibrio del gasto público.
En cierta medida la aclaración abrió algunas dudas entre los sindicalistas respecto al efectivo cumplimiento del compromiso asumido por Massa. “Hay que esperar primero que cumplan y que no nos vengan de nuevo en algunos meses planteando que no hay más recursos en el Fondo”, alertó un dirigente inquieto por la situación. Más allá de la palabra de Massa, ocurre que su compromiso no está plasmado en ninguna resolución.
El tema fue una de las cuestiones centrales que analizaron este martes en la sede de UPCN referentes de la denominada “mesa chica” de la entidad. Allí evaluaron la marcha de las conversaciones con Massa y analizaron puntualmente el futuro de los servicios de transporte y educación que en la actualidad financian las obras sociales, pero que la central obrera reclama desde hace meses que sean asumidos por el Estado con una asignación de recursos específica. Según advierten los gremialistas, los costos de esos servicios se incrementaron en forma “desproporcionada” en los últimos dos años y demandan más de $ 35.000 millones por año a sus prestadoras médicas.
El reclamo sindical, sin embargo, no logró una solución definitiva. Si bien durante los últimos meses se trabajó en el borrador de un decreto de necesidad y urgencia por el cual el Ejecutivo asumía directamente el financiamiento de esas prestaciones, Massa rechazó avanzar en ese camino y estableció que, en lugar de fijar la absorción de los servicios por parte del Estado, se asignen partidas específicas en el Presupuesto 2023 para su financiamiento.
La polémica por el futuro financiamiento de esas prestaciones derivó este martes en una protesta de dos días frente a la Casa Rosada de las organizaciones que agrupan a las empresas que brindan servicios de traslados y educación para discapacitados, que exigen el mantenimiento del actual sistema, por el que las obras sociales -y no el Estado- abonan los costos por esa asistencia.
