Alberto Fernández no echará “preventivamente” a los funcionarios de La Cámpora que se oponen a su política de tarifas de luz y gas, que está en las puertas de su implementación. Y los kirchneristas con cargos en el área energética tampoco pondrán obstáculos a la oficialización de los aumentos, aunque estén en abierto desacuerdo a la quita de subsidios que pergeñó Martín Guzmán. Tampoco se moverán de sus sillas.
En los despachos donde hoy circulan los expedientes del conflicto más ríspido del oficialismo esperan que los últimos pasos burocráticos avancen sin nuevos coletazos políticos. El Presidente y el ministro de Economía quieren que las nuevas tarifas queden oficializadas a partir de junio.
Todo se da en un clima hipersensible, ya que el Presidente había dicho la semana pasada que “no va a poder seguir en el Gobierno” quien desacate la decisión política vinculada a la quita de subsidios. Desde aquella advertencia, el kirchnerismo optó por levantar el perfil y cerrar filas detrás del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Se trata del cuadro de La Cámpora que se convirtió en el símbolo de la resistencia en el Palacio de Hacienda desde que Guzmán quiso echarlo y no pudo.
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Aún hoy, con el clima enrarecido por la interna oficialista, nadie se anima a descartar una sorpresa de uno u otro bando. Pero en los últimos días el Presidente no dio señales de apartar a Basualdo, siempre y cuando el funcionario no obstruya la medida. “Preventivamente no va a echar a nadie”, dijo un importante funcionario de Casa Rosada.
Otro colaborador de Balcarce 50 agregó: “Alberto repite que son ellos -por el kirchnerismo- los que deberían renunciar si no están de acuerdo con la política oficial. Cree que se perjudican con esas actitudes”. Lejos de dejar el cargo, Basualdo viene reforzando su equipo de trabajo y comunicación para “mostrar gestión”.
En La Cámpora, si bien es pública su posición en contra de la medida -en sintonía con la consigna de Cristina Kirchner de “alinear salarios y tarifas”- ya hablan de “sacarse el tema de encima”, sin sobreactuar rebeldía. En los papeles, en el caso de la electricidad, quien tendrá que “firmar” el expediente no será Basualdo sino Soledad Manín, titular del ENRE y una funcionaria del camporismo. Las tarifas de gas pasarán por las manos de Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y otro cuadro de la agrupación de Máximo Kirchner.
Quien debe motorizar el expediente es el secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez. El funcionario quedó en medio de los tironeos. En los últimos días se viene mostrando públicamente cerca de Basualdo en actos y recorridas. Hay ahí una retribución política, porque, en Neuquén, La Cámpora está más cerca de Martínez que de Oscar Parrilli, el ladero fiel de la vicepresidenta. Pero en lo operativo de la gestión, el secretario va a encuadrarse detrás de las órdenes de Guzmán, su superior en el organigrama.
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Superadas las audiencias públicas de la semana pasada -que no contaron con la presencia del ministro, ni del secretario o el subsecretario del área- se espera que Martínez instruya a los entes reguladores nacionales (Enargas y ENRE) para que les informen a las distribuidoras los nuevos precios de la energía. Estas, a su vez, elaborarán los nuevos cuadros tarifarios y los elevarán una vez más a los entes reguladores, que deberán dar el visto bueno final para su aplicación a partir del 1 de junio.
En La Cámpora aseguran que el ENRE y el Enargas harán los trámites previstos. Pero en charlas reservadas advierten que podría haber una judicialización futura, o problemas de implementación porque lo que planteó Guzmán “tiene inconsistencias técnicas” y porque se omitió un informe técnico de Basualdo que puso por escrito esas presuntas fallas.
Segmentación
Las nuevas tarifas se aplicarán de forma segmentada: el 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago dejarán de percibir subsidios en las tarifas (con aumentos que pueden llegar al 200%); los beneficiarios de tarifa social tendrán un incremento del 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior -en todo 2022- y el resto de los usuarios (un 70%) tendrán, acumulado en el año, un incremento equivalente al 80% del CVS correspondiente al 2021.
Según confiaron dos fuentes del área energética, el proceso de identificación de los usuarios para aplicar la quita de subsidios -que en las audiencias se trató por cuerda separada- todavía está en proceso. Fue uno de los puntos más álgidos de la discusión interna: La Cámpora propuso que se hiciera por georreferenciación, mediante polígonos inmobiliarios, pero Guzmán quiso que se individualice a las personas por su poder adquisitivo, a través de la información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).
Sin diálogo con Basualdo, Guzmán le encargó la tarea a un funcionario que sí le responde y que es de su riñón, el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio. “Defenestraron nuestra idea de la georreferenciación en público y al final la están aplicando, porque no tienen los datos fiscales y no llegan a hacer la segmentación”, criticó un camporista que sigue de cerca la novela. “Al final no mueve la aguja del Presupuesto, se van a ahorrar dos pesos con cincuenta”, agregó.
