Este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó la creación de un “Comando Unificado de Seguridad” para custodiar la zona de Villa Mascardi, ocupada por mapuches.
Se da en el marco de los hechos vandálicos ocurridos en los últimos días en la localidad de Bariloche y se estableció mediante el Boletín Oficial a través de la Resolución 637/2022 firmada por el titular de la cartera, Aníbal Fernández.
Dicho comando está “destinado a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en Villa Mascardi y busca garantizar “el aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.
Además, en el Artículo 2° se especifica que estará conformado por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Por su parte, los funcionarios designados poseerán “capacidad decisoria sobre el personal”.
Esta conformación, según se informó, se da luego de “los nuevos hechos de violencia en Villa Mascardi”, y se remarcó el “incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería que realizaba tareas de prevención y contención”.
En relación a las “usurpaciones por medios violentos”, en la resolución se destaca que “resulta evidente que el accionar de las personas que se encontrarían ocupando los predios señalados se traduce en un impedimento del ejercicio del poder jurisdiccional y en la conculcación, por vías de hecho, del derecho de propiedad”.
“Vamos a trabajar en función de decisiones judiciales. Tenemos que regularizar esa institucional porque no es la correcta”, dijo esta mañana el ministro Fernández.
El pasado jueves recibió a la titular de la cartera de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, para acordar justamente el despliegue de un comando unificado en Villa Mascardi.
El conflicto en Villa Mascardi
Más de 100 vehículos participaron el pasado domingo de la caravana organizada por un grupo de vecinos de Bariloche con el objetivo de llegar a Villa Mascardi, para manifestarse en contra de las ocupaciones de presuntos mapuches y los hechos vandálicos en la zona.
Por su parte, el Gobierno fue acusado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de ayudar en las tomas y la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, reclamó mayor presencial de fuerzas de seguridad nacionales.
Al pedido y a las críticas se sumaron funcionarios opositores, como Patricia Bullrich, quien participó de la marcha.
