Tras seis meses de convivencia pacífica, la gestión de Victoria Villarruel al frente del Senado sufrió su primer cortocircuito con los gremios con representación en el Congreso, que el último miércoles decidieron darle la espalda y no participaron de la comisión especial creada por la vicepresidenta con la intención de realizar un “análisis integral de los recursos humanos” y revisar los nombramientos de los dos últimos años de Cristina Kirchner al frente de la Cámara alta.
La situación llegó al extremo que la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio mayoritario en el Congreso y que conduce Norberto Di Próspero, presentó una impugnación formal contra el decreto firmado por Villarruel, por considerar que la decisión de revisar nombramientos en la planta de personal viola lo establecido por la ley 24.160, el estatuto de los empleado del Congreso.
Aunque no hicieron presentaciones legales, también decidieron vaciar la primera reunión de la denominada Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que envió una nota a la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, anunciándole su negativa a integrar el organismo ad hoc; y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ni siquiera respondió a la convocatoria realizada por la funcionaria.
Fuentes de la vicepresidencia informaron a LA NACION que la presentación de APL fue derivada al departamento de jurídicos para elaborar una respuesta, pero dejaron en claro que la ausencia de los gremios en la comisión no impedirá que la gestión de Villarruel avance con su intención de depurar el padrón de empleados de la Cámara alta.
De hecho, sin los gremios sentados a la mesa, los representantes de la gestión Villarruel que integran a la comisión tomaron la decisión de pedirle a los responsables de las áreas donde fueron designados los empleados nombrados en el período sometido a revisión que informen la situación de esas personas.
“Nosotros no queremos despedir gente a mansalva, la idea es dejar afuera a los ñoquis; si trabajan, no tienen nada que temer”, afirman en cercanías de la vicepresidenta.
Citan como ejemplo algunos casos encontrados por Izzo en sus primeros meses de gestión, algunos tan aberrantes que ningún gremio o legislador se animó a alzar la voz en defensa. Por ejemplo, la situación de una empleada de la orquesta que cobraba su sueldo mientras se encontraba residiendo en Miami, donde realizaba un curso para emprendedores. En una situación similar se encontraron varios empleados que residen en el exterior, algunos de ellos cobrando su salario, gozando de licencias por estudio.
Otro ejemplo de irregularidades groseras detectadas por la Secretaría Administrativa es el caso de una mujer que se había acogido a un retiro voluntario y a quien sus hijos le siguieron cobrando sus haberes durante seis meses después de su fallecimiento.
Nombramientos kirchneristas
En realidad, la gestión de Villarruel apunta a revisar con detenimiento una serie de cuatro decretos firmados por Cristina Kirchner entre 2022 y 2023 y que sirvieron para designar en la planta permanente a secretarios privados de la exvicepresidenta, militantes de La Cámpora y personas designadas por los senadores kirchneristas.
LA NACION dio cuenta de aquella maniobra a pesar de que la secretaria Administrativa de aquel entonces, María Luz Alonso, se negó a mostrar la información oficial que, según se supo mucho tiempo después, estaba contenida en dos decretos con más de 300 nombramientos.
Entre los beneficiados se destacaban Gabriel Graves, uno de los secretarios privados de la entonces vicepresidenta y hermano de un dirigente de La Cámpora, Rafael Graves. También se ganaron la permanencia en la planta de la Cámara alta Romina Córdoba, que había ingresado al Senado de la mano de Virginia García, la excuñada de Máximo Kirchner; Nancy Esteche y Federico Flumini.
La colonización kirchnerista, con la anuencia silenciosa de los gremios, también se extendió al área parlamentaria, donde nombraron militantes de La Cámpora en puestos técnicos, como las secretarías de comisión, en algunos casos sin que cumplieran con los mínimos requisitos para ocupar ese cargo.
Algunos de esos casos ya fueron detectados por la actual gestión, que logró desplazar a tres secretarios designados entre julio y agosto del año pasado por Alonso en comisiones que la exvicepresidenta mantuvo cerradas durante los últimos dos años para evitar que la oposición asumiera la presidencia.
En esta lista se encuentra Camila Belmont y Romina Verón, designadas como secretarias de las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión. Para conseguir las vacantes, el kirchnerismo sometió a presión a sus antecesores en el cargo, Nancy Villalba y Ricardo Porto, respectivamente, obligándolos a seguir el camino del retiro.
Verón llegó al cargo de secretario sin tener título universitario, igual que Facundo Ávila, quien fue designado secretario de la Comisión de Seguridad Interior en un trámite por demás veloz, que lo llevó de la dirección de Seguridad y Control a convertirse en el responsable técnico de una comisión de trabajo parlamentario.
No son los únicos casos de militantes kirchneristas acomodados en cargos bien pagados y con supuesta estabilidad por Alonso y Cristina Kirchner antes de abandonar el control del Senado.
También las comisiones bicamerales se han convertido en refugio de nombramientos kirchneristas que la gestión Villarruel pretende analizar con detenimiento.
En esa lista figuran los nombres de Julieta Osses, herencia del paso de Gabriela Cerruti por la Comisión Bicameral de Medios de Comunicación; Eleonora Fiori, nombrada por la senadora de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti en la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. Esta última fue secretaria privada de María Luz Alonso, misma función que desempeñó Maisa Nejanky, que pasó de la Secretaría Administrativa a ocupar la secretaría de la Comisión de Integración con la República del Brasil.
Y siguen lo casos. Aldana Adavastro fue designada secretaria de la Comisión Argentino-Chilena luego de desempeñarse en la Dirección General de Recursos Humanos a las órdenes de Miguel “Micky” Villagra, pampeano y de La Cámpora como Alonso. Otro más: Camilo Cipolat, que se promociona en internet como músico solista y que fue nombrado en la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, sin tener un título universitario.
