Aseguran que la asistencia del Estado es nula y que la situación de ahogo no les permite seguir esperando, por eso este martes marcharán desde la plaza Urquiza hacia la Casa de Gobierno, con la intención de reclamar ciertas flexibilizaciones a las medidas sanitarias que les impiden trabajar. Son los empleados y propietarios de salones de fiestas quienes una vez más recorrerán las calles del microcentro para hacer visible su padecimiento.
Julio Heredia asume el rol de vocero de este grupo de personas que desde que comenzó la pandemia de coronavirus sufren las consecuencias de las restricciones sanitarias que prohibe la realización de las reuniones sociales. Es que desde marzo del año pasado solo pudieron brindar sus servicios un par de meses y esa situacón los pone al borde del quebranto a los pocos que siguen en pie.
“El gobierno nos había dado la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de bar, con un 30% de la capacidad del salón, pero la policía o el COE la cataloga de fiestas clandestinas y clausura los locales”, dijo Heredia, en referencia al desmantelamiento de una fiesta de casamiento que este fin de semana se realizó en Yerba Buena.
Ante esto el empresario señaló que es imposible sostener el negocio y lo que poco que se pueda hacer debe ser destinado al pago de impuestos y servicios que son exigibles en un 100% “sin ningún tipo de compensación o ayuda estatal”.
