Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), el Gobierno eliminará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que en 2023 gastó $ 1907 millones de pesos. El Ejecutivo le quitará su estructura actual y sus dependencias pasarán al Ministerio de Justicia.
La mesa técnica de Javier Milei quiere avanzar con la eliminación del rango de instituto para que pierda la asignación presupuestaria actual y se pueda avanzar en la reducción de la composición de personal mediante una auditoría.
Desde el Gobierno sostienen que su función seguirá cumpliéndose y que solo será modificada su estructura. Lo mismo aplicaría para el Instituto Nacional de Juventudes (IJUVE), que depende de Capital Humano y que está entre las áreas a desarmar por parte del oficialismo.
Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi y el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo están definiendo la lista de todos los organismos descentralizados que intentarán eliminar.En 2023, el INAI gastó $1907 millones
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) gastó $ 1907,81 millones en 2023, según el porcentaje de lo ejecutado en el presupuesto abierto del Gobierno. La asignación incial fue de $ 1324,47 millones, luego se elevó a $ 2357,35 millones y se terminó gastando el 80,93% de este monto.
El mayor gasto del INAI se fijó en el personal con $ 1.248,25 millones, mientras que en transferencias se utilizaron $ 445.460.000. Para los servicios no personales, se destinaron $ 96.170.000 y para los bienes de uso, $ 14.960.000. Para los bienes de consumo, se gastaron $ 2.970.000.
De las transferencias se destinaron $ 296.620.000 para instituciones provinciales y municipales para financiar gastos corrientes y se derivaron $ 50.420.000 para transferencias a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro. Para las becas, se utilizaron $ 56.030.000 y para la universidad nacional de Tres de Febrero se gastaron $ 42.380.000.
El instituto cuenta con las direcciones de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que incluye el programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y su registro, y de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Además, tiene en su esquema a la áreas de Afirmación de los Derechos Indígenas, Asuntos Jurídicos y Técnica Administrativa DTA.
Con la extensión presupuestaria de 2024, el INAI tiene asignados $ 2357,35 millones, de los cuales ya gastó $205.260.000 en el personal y $3.520.000 en servicios no personales.
El proceso de eliminación del INAI y las trabas legales
El INAI fue creado por la Ley de Asuntos Indígenas (23.302) en 1985. Se declaró de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas del país y se reconoció su personalidad jurídica.
En el artículo 5, se impulsó la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependía en forma directa del Ministerio del Interior y luego pasó a la órbita de Justicia.
El Ejecutivo debe designar a su titular, que cuenta con un consejo de Coordinación y un consejo Asesor. El primero debe estar conformado por un representante de los ministerios de Interior, Economía, Capital Humano, Justicia y un referente elegido por las comunidades aborígenes, junto a un integrante de cada una de las provincias que adhieran a la ley.
El Consejo Asesor debe estar compuesto por un representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la secretaría de Culto y de la Comisión Nacional de Fronteras.
Sus función es “llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites”.
Además, debe elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud, a la par de proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país. También, gestiona planes para la construcción de viviendas rurales y urbanas.
El abogado constitucionalista y director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, Marcelo Bermolen, le dijo a TN que el organismo no puede desaparecer a menos que se sancione por ley o se impulse en un decreto de Necesidad y Urgencia.
“Lo que puede hacer es mantener el instituto en su mínima expresión, es decir reducirlo todo lo que permita la ley, no asignar representantes y dejar vacantes los cargos. Sería vaciarlo de fundamento y cargos, de forma que se disuelva el organigrama”, manifestó.
