Este miércoles las medidas de aislamiento social cumplirán cinco meses y, en ese lapso, unos 6,5 millones de hogares tuvieron como única asistencia del Estado los $20.000 de los dos primeros pagos del IFE.
Casi 9 millones de personas están habilitadas para cobrar los $10.000 de Anses como parte de la ayuda para sostener los ingresos en plena pandemia. Actualmente, el organismo previsional está completando el tercer pago de esa suma para quienes son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
De esa forma, hay un universo de desempleados, trabajadores informales, monotributistas y empleadas de casas particulares que desde marzo solo pudieron contar con los dos primeros pagos del IFE como ingreso. De acuerdo a datos oficiales, se trataría de unos 6,5 millones de hogares.
Según Anses, de ese total, 4,1 millones de titulares del IFE viven en hogares unipersonales y unos 2,3 millones lo hacen en familias compuestas por dos o más personas. Del primer grupo, 1,7 millones son jóvenes de entre 18 y 24 años. Representan, además, el 20% del total de personas habilitadas para cobrar el ingreso de emergencia.
Hasta el lunes próximo el Anses pagará el tercer IFE a quienes son titulares de AUH y AUE. A partir del día siguiente comenzará un cronograma para esos 6,5 millones de personas que cobrarán a través de una CBU que se extenderá hasta el 21 de septiembre.
La mayor parte de las personas que cobran el ingreso de emergencia son trabajadores informales o desocupados. Este sector corresponde a seis de cada diez IFE pagados por Anses. Otro 27% son beneficiarios de AUH y AUE, 700.000 son monotributistas, 180.000 empleados de casas particulares y 120.000 titulares del plan Progresar.
El Ministerio de Economía había analizado tras recopilar los datos para el primer pago del IFE que el 17,4% de los potenciales beneficiarios correspondían a trabajadores informales o cuentapropistas de la construcción. En segundo lugar, un 15,8% se desempeñaban en la comercialización directa.
Más atrás, detectó a servicios domésticos (12%), producción industrial y artesanal (9,5%), cuidado y atención de personas (7%), transporte (3,9%), reparación de bienes de consumo (3,8%), servicios de limpieza no domésticos (3,1%) y salud y sanidad (2,8%).
En los cinco meses de aislamiento social, las flexibilizaciones y reaperturas parciales de distintos sectores de la economía pudieron representar una recuperación del ingreso salarial habitual en las familias que cobran el IFE.
De todas formas, según un acuerdo a un estudio realizado por el organismo de la seguridad social, los empleados informales o desocupados que cobran el IFE ya arrastraban problemas para encontrar un empleo desde antes de la pandemia.
“Solo 826.195 beneficiarios/as (9,3% del total) tuvieron al menos un mes trabajo en relación de dependencia formal en el período entre febrero 2019 a enero 2020. En promedio percibieron una remuneración de $13.046 durante cuatro meses”, explicó el informe de Anses.
El alcance del IFE es más alto en distintas provincias. En Santiago del Estero, por ejemplo, prácticamente la mitad de la población de entre 18 y 65 años cobró el ingreso. En Chaco y Formosa alrededor del 45% y Corrientes y Salta superaron por poco el 40%. En el otro extremo, en Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires el IFE correspondió a cerca del 20% de los habitantes con edad para cobrarlo.
El Gobierno estimó que el IFE habría impedido que entre 1,4 y 2,8 millones de personas caigan durante la cuarentena bajo la línea de la pobreza. Y al tomar en cuenta otras medidas sociales -refuerzo de jubilaciones y AUH, tarjeta Alimentar, entre otras- esas cifras subirían a entre 2,7 y 4,5 millones de personas.
En un informe reciente, Unicef estimó que la pobreza entre los más chicos alcanzará este año al 63% en todo el país y a 90% en los barrios populares, como consecuencia de la pandemia.
Si bien Unicef no realizó el cálculo, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de ese organismo, dijo ante una consulta de TN.com.ar que “los niveles de pobreza serían mucho más significativos”, de no haberse implementado medidas de transferencias económicas a hogares como el IFE.
Esa medida representó un gasto fiscal para el Estado de casi $180.000 millones hasta el pago de la segunda cuota. El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de $90.000 millones más para financiar el tercer giro de $10.000. De esa forma, la medida tuvo un costo cercano a los $270.000 millones.
Como comparación, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que el Gobierno implementó para sostener los ingresos salariales de empleados del sector privado, requirió unos $212.000 millones solo para uno de los pilares del programa que es el salario complementario.
Si bien los esquemas de alcance del aporte estatal difiere de acuerdo al tipo de empresa -y sus criterios fueron modificados a medida que más empresas volvían a la actividad- a grandes rasgos cubrió un valor por empleado de entre uno y dos salarios mínimos.
En las dos primeras rondas de ATP, el Estado ayudó con el pago de salarios a más de 2 millones de trabajadores privados en las dos primeras rondas del ATP. Este mes, el alcance de esa asistencia fue recortada hasta 1,2 millones de empleados.
