El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que la atención a extranjeros en hospitales públicos seguirá siendo gratuita y descartó la posibilidad de cobrar un arancel, tras el anuncio de gobierno de este martes.
A través de su cuenta de X, el titular de la Cartera sanitaria bonaerense dijo que “las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”. “No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio”, remarcó el funcionario.
Además, Kreplak afirmó: “Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada”.
El Gobierno anunció este martes que los hospitales públicos y las universidades nacionales podrán cobrarles aranceles a los extranjeros. Además, incorporarán nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes.
Así lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. “El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de las medidas, como de todas las medidas que tomamos, es avanzar hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo en el inicio de su exposición.
La posibilidad de cobrar aranceles a los extranjeros se extenderá a la educación universitaria, tal y como anunció Adorni. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, remarcó.
A su vez, el responsable de la comunicación presidencial adelantó que el Código Penal incorporará “nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes”. “Si a un inmigrante se lo atrapa cuando está cometiendo el delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país”, especificó el funcionario.
Adorni mencionó que tampoco podrán ingresar quienes presenten documentación apócrifa o cuando haya sospechas de que el motivo de su ingreso es distinto al que declaró al realizar el trámite migratorio. El proyecto prevé penas de prisión para quienes violen la prohibición de reingresar al país.
