La información que se conoció el miércoles pasado sobre las más de cinco mil toneladas de alimentos almacenados en uno de los galpones de Capital Humano alimentó el clima de rumores, incomodidad e incertidumbre sobre un área desafiada por diversos frentes. Hoy finalmente la crisis terminó de decantar y selló la salida del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre.
En el entorno de Pablo de la Torre indicaron a LA NACION que todas las resoluciones llevadas a cabo por la secretaría a su cargo contaron con el aval de la ministra Sandra Pettovello. Además, afirmaron que aún no fueron notificados oficialmente del desplazamiento.
El manejo de las políticas alimentarias fue el motivo central detrás de la espiralización, aunque no el único. Parada sobre las irregularidades detectadas durante la gestión anterior –muchas de las cuales fueron llevadas a la Justicia– la cartera que conduce la ministra Pettovello impulsó un cambio en el esquema de asistencia que frenó el reparto de mercadería en los comedores comunitarios.
La reconfiguración del sistema, todavía incipiente, le valió al Gobierno una secuencia de movilizaciones en su contra por parte de las distintas organizaciones sociales desde el inicio de gestión. También sembró desconcierto en la secretaría que comanda Pablo De la Torre, máximo responsable del área social: algunos de sus funcionarios, en desacuerdo con la política alimentaria, se alejaron de sus cargos antes incluso de ser designados.
Algunas fuentes señalan que éste fue el principal contrapunto entre la ministra Pettovello –intransigente con su política contra la “intermediación”–, y De la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, el exintendente de San Miguel, la cantera política de la secretaría. “No podes dejar de repartir alimentos”, deslizó una fuente que conoce el pensamiento de De la Torre, que confirmó que los últimos sucesos reflotaron las diferencias entre la ministra y el secretario, asordinadas –aunque en el último tiempo cada vez menos – por las voces oficiales.
“Pablo no tiene el control del tablero”, se quejaba más temprano alguien de su entorno, antes de que se oficializara la salida de De la Torre. El reclamo tuvo una escenificación temprana: ante una de las muchas manifestaciones que se dieron frente a las oficinas del ministerio en el barrio de Retiro, fue la propia ministra quien le puso el cuerpo al tema alimentario al afirmar que atendería de a uno quienes tuvieran hambre.
La información que reavivó las fricciones en la megacartera surge de un pedido de acceso a la información que realizó El Destape, mediante le cual se solicitaba precisiones sobre la cantidad de alimentos que el ministerio tenía almacenado en los depósitos. Más allá de la cantidad -que despertó la controversia y avivó los rumores-, lo llamativo fue que la respuesta oficial llevaba la firma de Héctor Calvente, un incondicional de De la Torre, quien fue rueda de auxilio en una gestión marcada por las salidas y los rumores. Calvente, finalmente, fue nombrado como subsecretario de Políticas Sociales. “No hay nada que esconder”, justificaban hace unas días en la secretaría, en alusión a la respuesta al pedido de acceso que expuso al ministerio y motivó respuestas inconexas del Gobierno, que hoy, a través de un comunicado, reconoció que existen alimentos próximos a vencer.
A partir de la controversia que generó la información de los alimentos acopiados en los galpones, la presión sobre la cartera que conduce Pettovello se intensificó. Dos reclamos se sucedieron frente a uno de los depósitos que guarda parte de esta mercadería, reservada, esgrimió el Gobierno, para “emergencias” y “catástrofes”.
Una de estas manifestaciones fue encabezada por el dirigente social Juan Grabois, quien denunció en las últimas horas que entre los alimentos almacenados hay cerca de 440 mil kilos de leche en polvo próximos a vencer (el 30/7/2024). La información que dio a conocer el líder del MTE es oficial y se desprende de la denuncia que efectuó contra la ministra Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario público. En el marco de esa misma causa, el juez federal Sebastián Casanello intimó al Gobierno a que presentara un plan para repartir los alimentos dentro del plazo de las 72 horas. “El gobierno ya entró en desobediencia formalmente hoy a las 13.30hs”, remarcan cerca de Grabois.
A la par de la escalada judicial, se escucharon voces que alertaban por la situación social y pedían por la reactivación del reparto de alimentos. La Iglesia, por caso, se expresó en ese sentido en más de una oportunidad, la última de ellas fue este lunes. “Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”, indicó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea.
El ruido interno, sin embargo, no provino solo del frente alimentario. Este medio reveló el 13 de mayo que, ante la demora en las designaciones oficiales, muchos de los funcionarios que trabajan en la diaria dentro de la cartera de Pettovello son contratados a través de un mecanismo externo: el ministerio fondea a la Organización de Estados Iberoamericano (OEI) para que sea esta y no el Estado quien realice las contrataciones, un sistema que quedó rodeado de controversia. Fuentes del Gobierno confirmaron que Capital Humano inició un sumario administrativo por este tema y lo giró a la Oficina Anticorrupción.
Sobre esta problemática puntual surgió el nombre de Federico Fernández, director administrativo dentro de la secretaría que conducía De la Torre. Algunos señalaban hace unos horas que su situación era “endeble”. “Cualquiera puede ser fusible”, resumía una fuente del Gobierno horas antes de que se conociera la salida.
En un comunicado, el ministerio informó: “El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informa q a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería. Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”.
