La tarea se inició en enero con la confección de una carpeta con datos que llegaron desde la Justicia. Casi seis meses después, la división de Búsqueda y Captura de Prófugos, logró detener a 11 personas que tenían pedido de captura y otras cuyos paraderos se buscaba conocer.
“Lo primero que se hace es confeccionar una lista de las personas que son requeridas por la Justicia. Después se comienza a buscar datos clave, como número de documento e indicios para determinar si realmente se encuentra en la provincia. Ahí termina la primera parte de la investigación”, explicó Daniel Brito, jefe del grupo que tiene 16 hombres. “Una vez que tenemos ese informe, lo cruzamos con la sección Antecedentes para determinar si realmente sigue con el pedido de captura vigente, ya que en el tiempo pueden haber sido atrapados o desvinculados de la causa”, agregó.
Dos semanas antes de las elecciones, los pesquisas vuelven a enviar el listado para recibir la aprobación. “Cuando recibimos esa información, hacemos copias y les entregamos a cada uno de los jefes de las regionales para que ellos se la transmitan a los jefes de las comisarías. El día de las elecciones un uniformado se presenta en cada una de las escuelas y les avisan a los presidentes de mesa que allí deberían votar que son buscadas”, relató.
“Ese es quizás la parte más difícil. Tenemos que ser cautos y explicarles a las personas que una vez que el prófugo ingrese al cuarto oscuro, debe avisarle al policía o al gendarme para que lo detengan. Siempre hablamos con ellos para que no teman sufrir algún tipo de problemas”, explicó Brito.
Según confirmaron fuentes judiciales, la lista estaba integrada por unas 300 personas. De ese número, unas 150 eran oriundas de la capital, y el resto, de las distintas localidades de la provincia. Con el apoyo del personal de la división Delitos contra la Propiedad y el Departamento Inteligencia, al mando de los comisarios Daniel Robles y Javier Alderete, detuvieron a unas 10 personas que eran buscadas por estar involucradas en delitos como robo, amenazas y homicidios, entre otros delitos. También se ubicó a unas personas que eran requeridas por la Justicia. A estas no se las detuvo, pero se les exigió que fijaran domicilio real para que les lleguen las notificaciones.
Entre las detenciones más importante aparecen la Sergio Tripolone, que tenía pedido de captura ordenada por una fiscalía de Rosario. El sospechoso, que en la provincia tiene varias causas abiertas, habría integrado un grupo comando que cometió varios atracos en esa ciudad santafesina. El jefe de policía Manuel Bernachi informó que ayer ya se iniciaron gestiones para que el sospechoso sea trasladado. También fue ubicada una joven que debía presentarse como testigo en el crimen del “trapito” Esteban Lizárraga, ocurrido en marzo pasado en San Cayetano.
