El presunto abuso en manada a una joven de 23 años en una fiesta clandestina en una casa de Burruyacu, originó la prisión preventiva para tres acusados.
Uno de los acusados, según consta en el expediente, que es hijo de un ex intendente, habría intentado pagar el silencio de la víctima. Los habitantes de la ciudad se movilizaron este domingo por la tarde “para que se haga Justicia y ante el temor que el hecho quede en la nada”. Marcharon hacia la comisaría de Burruyacu.
“Fue violación, no mal sexo”, “que la política, el poder y la plata no te callen” fueron algunas de las consignas en pancartas
“Yo sabía que a los violadores los cuida la Policía”, fue uno de los cánticos que resonó durante largos minutos frente a la dependencia policial.
La Justicia les dictó la prisión preventiva durante 18 días a los tres acusados.
Uno de los acusados, de acuerdo a la denuncia, invitó en varias oportunidades a la joven a salir. Ella aceptó y decidieron encontrarse el 6 de marzo en un bar que está ubicado al frente la plaza principal de la localidad. Allí estuvieron tomando cerveza junto a otras personas hasta que se fueron a la casa de un joven donde se realizaba una fiesta clandestina.
La víctima dijo que el chico con el que había salido, aprovechando que estaba alcoholizada, la atacó en la habitación donde ella se había acostado a dormir, ya que la relación no había sido consentida. Depués se sumaron otros dos jóvenes y entre los tres abusaron de ella.“Primero me quitaron la ropa. Después dos me violaban y uno me tocaba todo el cuerpo. Les pedía que me dejaran, pero no me hicieron caso. Después perdí el conocimiento y me desperté al otro día, totalmente dolorida”, denunció la joven.
La víctima pidió la ayuda a un amigo para que la llevara a su casa. Al día siguiente, los padres de la joven volvieron de un viaje y encontraron a su hija demacrada. Ella no les contó lo que le había pasado hasta varios días después.
La madre de la joven se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica, que depende la Corte Suprema de Justicia, para pedir ayuda. De inmediato se activó el protocolo para este tipo de situación.
El expediente ingresó a la fiscalía que conduce María del Carmen Reuter. La víctima se presentó en Tribunales y relató lo que había ocurrido esa madrugada. También habría reconocido que tardó nueve días en realizar la denuncia por pudor y por el temor de que le pasara algo a ella o a su hijo menor de edad. La joven aportó los nombres de personas que podrían ser testigos y aceptó ser revisada por los profesionales.
El dueño de la casa relató que la víctima estaba alcoholizada y que había pedido acostarse en una habitación de la casa. También dijo que una vez terminada la reunión (en la que habrían participado unas 80 personas), fue a la pieza donde se encontraba la chica y encontró a ella semidesnuda y a uno de los sospechosos, con el pantalón y la ropa interior bajada, tocándose su miembro. “Lo corrí del lugar y, después de despertarla, le pregunté que le habían hecho. Estaba golpeada y me dijo que no sabía, que no recordaba nada”, habría declarado el testigo.
El médico de Policía remitió un informe poco claro, por lo que la fiscalía pidió que lo ampliara y que explicara qué había querido decir. El profesional expresó que a su criterio no había lesiones que comprobaran que se haya tratado de un abuso sexual. Pero Reuter entendió que el perito había obviado otros indicios que servían para probar que la joven sí había sido atacada, como las marcas de los golpes que sufrió. Por ese motivo, consiguió que un juez ordenara la detención de los tres sospechosos.
Por otra parte, trascendió que el abogado de la víctima, Gustavo Morales, hizo una grave denuncia durante la audiencia que se realizó el viernes. “A través de una allegada, la familia de uno de los acusados le ofreció bienes y una suma de dinero para que retirara la denuncia, a lo que no accedió”, explicó el letrado.
El acusado de esta maniobra sería hijo de un ex intendente de Burruyacu.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se les dictara la prisión preventiva por 30 días. El juez aceptó el planteo, pero redujo el plazo a 18 días. El lunes la víctima será sometida a una entrevista en Cámara Gessel. Los familiares y allegados a la víctima convocaron a una marcha hoy a las 14.30 desde la plaza del barrio El Naranjito.
