Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
Nuevamente, la semana que pasó comenzó marcada por la inseguridad luego de que trascendiera que la padecen tanto los vecinos que viven a metros de La Costanera como los hijos de funcionarios internacionales. Existen lugares en Tucumán en los cuales las personas deben esperar un colectivo amontonados en el hall del propio edificio en el que viven. Este hecho insólito es moneda corriente en muchos de los barrios de la periferia de Tucumán.
Sin embargo, lo que durante la semana preocupó a nuestros dirigentes fue un anticipo de hace una semana de desde Tucumán Despierta. Y es que finalmente, se endurecieron los controles durante los días previos a la Navidad. De este modo, esta decisión no fue más que la antesala de una hipotética vuelta atrás en lo que hace a la libre circulación para después de lo que serán las compras propias de la celebración del Día de los Reyes Magos.
En otras palabras, podría volver la cuarentena estricta que había quedado atrás debido a que desde el Gobierno se venía preparando el escenario para la implementación de nuevos controles junto con la vuelta de las restricciones. En ese marco no resulta casual ni mucho menos resultado de la improvisación el hecho de que el Gobierno con el ineficiente ministro Claudio Maley a la cabeza, consiguiera el visto bueno de la Justicia.
Y hablando de justicia, está claro que Tucumán cierra un 2020 que difícilmente pueda ser superado en lo que hace a la decadencia institucional que vivió durante este año. Luego de que se consumara el archivo de todas las denuncias presentadas en contra del juez Francisco Pisa, queda claro que a los tres poderes del Estado que constituyen la República en un sistema democrático, no les importa nada el manejarse con una notoria impunidad de cara a la sociedad.
No deja de ser llamativo el hecho de que un juez pueda absolver a alguien que como en el caso de Mauricio Parada Parejas, quien acosó durante 7 años a una mujer y terminó asesinándola, y que el magistrado que posibilitó esto ni siquiera atraviese un juicio político. Claramente, el último objetivo que persiguen las instituciones en Tucumán es el de lograr justicia por las víctimas y los inocentes.
En ese sentido, durante la semana cubrimos la noticia acerca de que aunque el 2020 no haya concluido, ya Tucumán superó la cantidad de mujeres asesinadas en el marco de los femicidios que tuvieron lugar el año pasado. Con el nuevo femicidio que ocurrió en Famaillá, ya son 19 las mujeres asesinadas en lo que va del año. Cabe recordar que en el 2019 se registraron de forma oficial el asesinato de 13 mujeres.
Y es que Tucumán encabeza desde hace tiempo el ranking de femicidios, a pesar de tratarse de la provincia más pequeña de todo el país. También, desde este medio hicimos hincapié en el hecho de que los funcionarios del gobierno no han hecho más que utilizar este tema como una forma de transmitir a la sociedad que supuestamente algo estaban haciendo en materia de luchar contra la violencia de género.
Nada más lejos de la realidad teniendo en cuenta el fuerte incremento de femicidios de un año al otro. En ese sentido las cifras y las estadísticas son contundentes y hablan por sí solas. Y es que está claro que si en el 2019 se produjeron 13 asesinatos de mujeres y en el 2020 ocurrieron 19 femicidios, la cantidad de muertes sufrió un incremento del 50% cuando todavía resta una semana para que concluya este año.
De esta manera, Tucumán se convirtió en un lugar hostil para las mujeres. Pero no sólo el gobierno tucumano carece de medidas que sean inmediatas y eficaces. Y es que la justicia local tampoco está a la altura de las circunstancias y el Estado no actúa con perspectiva de género e implementando un abordaje integral, sino que, por el contrario, permite que más mujeres mueran en un contexto de violencia machista.
Y es que tal parece que el único interés de la clase política y judicial es salvarse entre ellos para resguardar el poder que detentan. Pero acciones como las de la Legislatura como la que realizaron los legisladores del oficialismo que responden a Osvaldo Jaldo salvando al juez Pisa, no hace más que evidenciar las espurias relaciones entre el poder político y la Justicia. Además, la mayoría de los jueces que actúan en Tucumán tiene un pecado original.
El haber sido anteriormente funcionarios del poder ejecutivo que comandaba antes Alperovich, ahora Manzur y quizás el día de mañana el propio Jaldo. De hecho, los integrantes del máximo tribunal de la provincia son ex funcionarios gubernamentales del peronismo. La misma Corte Suprema, que nada hizo y nada dijo acerca del juez Pisa y cuyos integrantes están denunciados, algunos por abuso sexual y otros por tráfico de influencias.
Como el lector podrá apreciar, se trata de una justicia muy diferente a la de la ciudad de Paraná, donde en un fallo histórico, la Justicia Federal de Entre Ríos condenó a tres años de prisión condicional al ciudadano Jorge Elías Mocarbel, tras haberlo encontrado penalmente responsable del delito que se enmarca dentro del primer fallo por daño ambiental, en un juicio oral, que se haya tramitado en el fuero federal de Argentina.
Claramente, un accionar de la Justicia tucumana junto con un fallo ejemplar como el de Paraná es algo que no puede esperarse. ¿Cuándo ocurrirá lo mismo en Tucumán? En nuestra provincia, los ingenios hacen lo que quieren con los ríos y el aire, mientras que la Justicia no hace nada al respecto en materia de delitos contra el medio ambiente. Sería perentorio que aquí también tenga lugar un fallo como el de Entre Ríos.
Pero si de mediocridad hablamos, no sólo la Justicia de Tucumán o el poder ejecutivo de Manzur junto con el legislativo de Osvaldo Jaldo dejan mucho que desear. Esta semana, dimos cuenta de lo que fue el municipio de San Miguel de Tucumán, no les pierde el paso cuando se observa su microcentro. Y es que peor momento no podría haber elegido la administración del intendente Germán Alfaro para llevar a cabo remodelaciones.
Esto es, teniendo en cuenta la cantidad de personas que ingresan y circulan por el centro en el marco de las fiestas de fin de año. En ese sentido, resulta inadmisible que las obras que están llevando a cabo en la capital de parte de la municipalidad continúen como si nada pasara, como si las calles no estuvieran inundadas de gente y de vehículos que buscan hacer las compras de todos los años previo a las fiestas.
Justo en este momento es que se le ocurre a la municipalidad avanzar con las obras en las calles que rodean la plaza Independencia o en la concurrida calle 25 de Mayo, de las cuales es responsable material al secretario de Obras Públicas de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alfredo Toscano. A este individuo se le ocurre generar semejante entorpecimiento vehicular, en una fecha como esta, con la anuencia del intendente municipal, German Alfaro.
Desde este medio señalamos que Alfredo Toscano es un funcionario que viene ocupando cargos electivos desde el 2011, año en el que fue electo legislador y estuvo ocupando una banca durante 8 años como representante del pueblo en la Legislatura provincial. A pesar de que estuvo en la Cámara legislativa durante casi una década, no tuvo una trayectoria prolífica en cuanto a la presentación de proyectos de ley. Justamente, se trata de una cartera que maneja muchos “millones de pesos”, y en política se sabe, las obras públicas son el escenario predilecto de los funcionarios. De esta manera, está claro que en nuestra provincia, es justamente y profesionalismo lo que les falta a los gobernantes y funcionarios, al tiempo que les sobra incapacidad y corrupción, al igual que a la misma Justicia.
