En una semana convulsionada en lo político y judicial a causa de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, quien quedará presa en los próximos días por delitos contra el Estado en la conocida causa vialidad, en el marco de lo que fue una decisión de alto impacto político y judicial, luego de que la Corte Suprema confirmara el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.
Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos. Desde el retorno de la democracia, en 1983, sólo dos ex presidentes fueron condenados por la Justicia argentina: Carlos Menem y Cristina Kirchner.
Los hechos juzgados en la causa Vialidad se refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015. La Justicia determinó que, en este marco, tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional.
A partir de la investigación, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En ese marco, se destacó la firma por parte de la entonces presidenta del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Báez.
La dirigencia política de Tucumán pareciera ajena a la demanda y al hartazgo social que invade al resto del país en relación a casos de corrupción. De lo contrario no se puede comprender que en una semana tan sensible por la condena firme de una ex presidente, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una comitiva oficial en plena inauguración de una obra en la ruta 307, en el escenario pueda observarse a un condenado por corrupción, tal es el caso del ex intendente de Tafí del Valle Jorge Yapura Astorga.
En ese sentido, recordarmos que Yapura Astorga fue condenado a cinco años y tres meses de prisión efectiva por los delitos de Negociaciones incompatibles con la Función pública (en interés propio), Administración Fraudulenta por fraude a la Administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público todo ello en concurso ideal, y autor del delito de Enriquecimiento ilícito en concurso real, en perjuicio de la administración pública.
El funcionario, quien ocupó el cargo de intendente en dos ocasiones desde 2011 al 2019, realizó compras directas desde el municipio a un comercio denominado “Floppy III”, que era propiedad de su ex concubina, Nerina Mustafá. Según el informe, se detectó un enriquecimiento ilícito que ascendía a aproximadamente 3,5 millones de pesos entre los años 2011 al 2014, una cifra millonaria si se tiene en cuenta los años transcurridos.
En Tucumán también fue una semana agitada en lo político y judicial a raíz de la intervención de la ciudad de Alberdi por presuntos hechos relacionados con el narcotráfico. Al respecto, cabe señalar que todo comenzó con un audio explosivo que sacudió a Juan Bautista Alberdi, una ciudad del sur de Tucumán, ubicada a 104 kilómetros de la capital provincial. En él, el ex intendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez hablan de narcotráfico, violencia y control político.
La grabación, viralizada en redes sociales, desató una crisis institucional sin precedentes. La conversación, cargada de amenazas y groserías, incluye frases de Giménez como “a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo”. También menciona un robo de 16 millones de pesos en un obrador municipal. Estas declaraciones generaron indignación y una reacción inmediata del gobierno provincial.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un decreto para intervenir la municipalidad y el Concejo Deliberante de Alberdi, el cuál fue ratificado por la legislatura provincial. La medida, amparada en la Constitución provincial, busca restablecer el orden institucional. también convocó a elecciones para el 26 de octubre. Guillermo Norry, un contador con experiencia en el peronismo tucumano, asumió como interventor. Su tarea es normalizar la gestión municipal y garantizar los servicios públicos, Además, debe revisar las finanzas locales ante sospechas de irregularidades.
El día de ayer, el juez Raúl Ángel Robin Marquez dispuso que Roque “chipi” Giménez permanezca alojado en la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz durante los próximos seis meses mientras es investigado como coautor del delito de intimidación pública y autor del delito de atentado contra el orden público.
El caso expone los desafíos de Tucumán frente al narcotráfico y la corrupción. La Justicia tiene la tarea de esclarecer los hechos con rapidez. El audio de Alberdi no es solo un escándalo: es un reflejo de las tensiones que atraviesan la política local.
En el caso de Yapura Astorga, junto al ex intendente fueron condenados otros seis procesados, incluidos su concubina y su hijo, su primo que se desempeñaba como director jurídico del municipio junto al contador general, la secretaria de gobierno y el jefe de compras, integrantes del gabinete de aquellos años.
En el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional se lee: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley” y el artículo 36 cuarto párrafo manifiesta “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
En consecuencia y en referencia a lo manifestado por nuestra carta magna en su artículo 36 ¿Cómo es posible que a una comitiva oficial se le pueda “colar” un condenado por corrupción como Jorge Yapura Astorga?
En Tucumán se viene escuchando hace tiempo una frase repetida por varios funcionarios: “Tolerancia cero contra el delito”.
Pregunta obligada: ¿Un condenado a 5 años y 3 meses de prisión efectiva no configura delito como es el caso del ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga?
Los medios de comunicación no somos los responsables para poder contestar estas preguntas, pero si para mostrarles a los tucumanos los relatos “selectivos” de muchos funcionarios para ganarse unos cuantos votos en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año.
Lo cierto es que resulta muy llamativo el contraste entre, alguien como Cristina Kirchner y Jorge Yapura Astorga en lo que hace a nivel nacional y en el ámbito provincial respectivamente. Y es que, mientras a la ex presidente le llegó la confirmación de condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la nación y en el caso del ex intendente tafinisto no se avizora, luego de más de seis meses de la presentación por parte de su defensa de un recurso en los tribunales provinciales.
En esa línea, cabe destacar el hecho de que resulta también, cuanto menos, un tanto curioso que a nivel nacional, la justicia federal actúa contra la corrupción, pero que en nuestra provincia no llegan esos aires de acción para la corrupción local, lo cual queda sobradamente demostrado con el caso de Yapura Astorga, quien fue el primer dirigente político desde la vuelta a la democracia en llegar a juicio oral y ser condenado, pero todavía la justicia no se expide en Casación hace más de seis meses.
Al respecto, cabe preguntarse entonces: ¿Por qué esta celeridad no tiene lugar en Tucumán? ¿Cuándo tendremos en nuestra provincia una justicia que funcione como en la jurisdicción nacional nada menos que en el caso de Cristina Kirchner? ¿Qué sucede que Casación Penal no confirma las condenas impuestas por unanimidad por un tribunal oral provincial?
¿Acaso el ex intendente tafinisto espera un “milagro” de los tribunales provinciales? ¿Esa demora significa que, quizás, el poder político de Tucumán le brindaría la impunidad necesaria para que, el tiempo transcurra sin que la Cámara de Casación se expida y le permita al condenado Yapura Astorga movilizarse libremente como si no debiera ir jamás a la cárcel?
Muchas preguntas y muy pocas respuestas…¿Será Justicia en Tucumán?
