Siempre estuvo claro que para Cristina Kirchner, el periodismo es un enemigo. Pero lo que no estaba tan al alcance de la mano, era la posibilidad de que en Argentina pudiera darse comienzo a un proyecto del que nadie tenía demasiada data pero que tiene a Tucumán como epicentro de la operación más nefasta lanzada en contra del periodismo. Y es que en nuestra provincia avanza un proceso de chavización del periodismo.
Para Cristina y Máximo Kirchner hay dos clases de periodistas: sus empleados y los enemigos. Esto es así desde la génesis de ese ladri feudalismo nacido y criado en Santa Cruz. La intolerancia, el autoritarismo y la censura están en el ADN del kirchnerismo. Quieren controlar todo para siempre y que nadie los controle a ellos. Pero el problema es que así no funcionan las democracias republicanas.
Así funcionan las tiranías nacionales populistas como las que ellos admiran y protegen como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es por ello que el caso de la periodista Irene Benito es el comienzo de un plan mucho más ambicioso y que tiene por objetivo el fin del periodismo independiente en nuestro país. Y Tucumán fue elegido como el huevo de la serpiente, el comienzo del fin para la libertad de prensa.
Los paraperiodistas K, por subordinación ideológica o por dinero, están al servicio de las operaciones y mentiras. Siempre lo estuvieron. Hay un dinero ducto muy generoso que premia a los que se arrodillan ante el altar de Cristina Kirchner y se convierten en alcahuetes. Siempre fue así. Pero como la otra cara de la moneda aparecen los ataques a los periodistas independientes a los que consideran enemigos a destruir. Odian la libertad de prensa.
En ese marco, fueron por Irene Benito como caso testigo de lo que buscan en realidad: el disciplinamiento y castigo para el periodismo independiente, de la misma forma en que el chavismo lo logró en Venezuela, es decir, a puro amedrentamiento. Saben que los medios de comunicación pluralistas y profesionales son un dique de contención al chavismo K y a todo tipo de totalitarismos.
En ese sentido, la vanguardia censuradora le corresponde a Jorge Milton Capitanich. Su hermano Daniel, embajador argentino en Nicaragua, quiere importar el modelo de Daniel Ortega donde cualquier voz disidente es asesinada o encarcelada. Justamente, es la cárcel lo que el poder político de Tucumán quiere para Irene Benito. Ya sabemos cuáles son los gobiernos que queman libros o rompen diarios.
Un delirio autocrático por donde se lo mire. Pero esa idea, que tuvo su máxima expresión durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner con la Ley de Medios, está corriendo entre los cristinistas como reguero de pólvora. Culpar al periodismo es el peor de los caminos. Sacarse la culpa de encima, nunca solucionará los dramas que estamos atravesando. El clima hostil que están creando contra el periodismo nos obliga a levantar la guardia.
Lo decimos por todos los ciudadanos. La libertad de prensa no es un derecho de los periodistas, es el derecho que tienen todos los argentinos a ser informados con veracidad y a elegir que periodista o medio prefieren. Aquella incitación a la violencia que hizo Mario Ishii en un acto fue solo un eslabón más de esta cadena repudiable. ¿Se acuerda la sociedad cuando dijo que “Algún día el pueblo se iba a levantar contra los medios”?
Todo eso ocurrió ante el aplauso del presidente Alberto Fernández. Con libertad se puede hacer un periodismo bueno, malo o regular. Eso lo juzgará la gente. Pero sin libertad, lo único que se puede hacer es propaganda. Muchos creen que el principal insumo del periodismo son las noticias. Y no es cierto. Nuestro principal insumo es la libertad. Por eso, entre otras cosas, amamos tanto a San Martín. Porque dijo: “Seamos libres, lo demás no importa”, concluyó.
Pero al poder político de Tucumán sí le importa que el periodismo, y por ende la gente, no sea libre y que mucho menos esté en libertad y trabajando la periodista Irene Benito, quien debió declarar en una causa en la que se insiste en acusarla falsamente de que no entregó un libro contratado por los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, causa que fue archivada el 18 de marzo de este año por considerarse que los delitos que se le imputaban eran inexistentes.
El desarchivo de la causa y las citaciones a declarar se hicieron por el planteo del abogado Falú (funcionario del Poder Ejecutivo provincial), quien insiste en sostener que Irene Benito no presentó en ambos Colegios de Abogados el libro de estilo sobre el uso del lenguaje, de utilidad para los letrados. Insiste el denunciante en que el libro no fue entregado y que, por lo tanto, el pago realizado a Benito es indebido, una verdadera locura insostenible por donde se la mire.
Lo peor del caso es que, en su oportunidad, la causa archivada ya fue repudiada por importantes entidades periodísticas argentinas y sudamericanas, que interpretaron que la denuncia solo tenía como finalidad atentar contra la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. En tal sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue contundente precisando que la denuncia era claramente “un intento de criminalizar la labor periodística”.
No se trata de algo inédito de la sociedad tucumana sino algo muy propio de quienes buscan desviar la atención de lo que se publica. Lo que está claro es que la medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder político de Tucumán, con una Justicia verdaderamente infame y servil.
Cabe destacar que es la primera vez que una periodista es objeto de una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia. Resultaba llamativo el cambio de tesitura de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien primero archivó la denuncia. El llamado a indagatoria ocurre en un contexto de cambio de autoridades de la Corte Suprema local, que ahora es presidida por un ex funcionario del jefe de Gabinete de la Nación, como es Daniel Leiva. Nada es casualidad.
En ese marco, le hicieron atravesar un verdadero momento de humillación cuando procedieron a pintarle los dedos, como si se tratara de una criminal. “Es un acto indigno de la majestad del Poder Judicial y de sus integrantes. Me han pintado los dedos, tengo ahora un registro de antecedentes penales. Considero que es la manifestación de la criminalización de mi trabajo como periodista”, enfatizó la periodista y abogada.
Irene Benito también confesó sentir “malestar frente este ataque a la libertad de expresión”, y lamentó que su citación a indagatoria “es un momento muy triste para el Estado de Derecho tucumano” y que es “en democracia algo nunca visto”. Asimismo, agregó que “creo en la Justicia, todo mi trabajo como periodista es un trabajo inspirado en ese valor. Creo en la verdad, he venido con esos principios, con esa Fe, a ponerme a disposición de este sistema judicial”.
“Para decirle una vez más que no merece estar atendiendo esta cuestión, cuando en Tucumán hay tantos hechos gravísimos por dilucidar, tantas cuestiones por esclarecer”, agregó. Justamente, ese es el caso de varios dirigentes políticos que son los que debieran rendir cuentas en la Justicia cuando están acusados por corrupción.
“Yo no creo que esta denuncia falsa esté dirigida hacia mi persona, hacia Irene Benito, creo que esta denuncia está dirigida hacia las voces disidentes, para acallarlas, para darles un mensaje de que, si hablan, si se pronuncian, si son críticas, van a sufrir persecuciones, ataques judiciales y van a vivir una criminalización. Esto me excede, yo no soy tan importante. Lo que importa es la sociedad tucumana y la transparencia que deben las autoridades y que están en deuda”, finalizó.
El poder político de Tucumán debiera entender que, en un sistema democrático, el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente. Este tipo de decisiones, por el contrario, atentan contra esas garantías y ponen en riesgo la libertad de expresión de parte de un Poder Judicial que se convirtió en un búnker en el que se da rienda suelta a una caza de brujas contra el periodismo al igual que en Venezuela.
¿Será Justicia?
