El Gobierno nacional aceptó una serie de modificaciones a la ley ómnibus que pidieron los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para acompañar la aprobación del paquete de reforma del Estado. En el caso de Tucumán, luego de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, se lograría que no se derogue la Ley del Azúcar, lo que implica que la principal producción provincial mantendrá su protección externa.
Entre los puntos más importantes del documento que les enviaron a las bancadas opositoras con las modificaciones se encuentra el límite a las facultades delegadas de Javier Milei de cuatro a dos años; retenciones cero a las economías regionales y que YPF no pueda ser privatizada.Resumen de las modificaciones:
Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 + 1 años prorrogable por del Poder Ejecutivo).
Eliminación de Emergencia de Defensa Social y Sanitaria.
Derechos de exportación: se fija en 0 por ciento para las economías regionales. Se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
Fondos de Garantías de Sustentabilidad: se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos) deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del seguimiento de las privatizaciones establecida en la ley 23.696.
Eliminación de YPF del listado de empresas a privatizar.
Se aumenta el corte de Bioetanol y Biodiesel. Se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles.
En base a los comentarios recibidos se modificaron/adaptaron más de 100 artículos.
Eliminación de derogación de Ley de Azúcar.
Alternativas adicionales: sacar Bienes Personales y enviarlo al proyecto de Ganancias; circunscripciones uninominales; modificar proyecto PASO
El ofrecimiento que el gobierno le hizo a los bloques de diputados dialoguistas para avanzar en la sanción de la ley ómnibus tiene un punteado específico, que los emisarios de la Casa Rosada llevaron personalmente al Congreso. En un documento reservado de ocho carillas, la administración de Javier Milei aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.
En el texto que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma.
“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo”, se asegura en el primer punto del paper, titulado en forma escueta como “Modificaciones a la Ley Bases”. El segundo punto, en tanto, acepta la “eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria”. El tercero hace foco en los derechos de exportación: “Se fija en 0% para las economías regionales”, sostiene y agrega, en forma imprecisa: “Limitar/eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación”.
En su primera página, el documento también hace referencia al FGS y señala que “se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos)” que cuente con un “dictamen previo favorable desde la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la ley 23.696?. En este punto, los referentes legislativos le hicieron notar a Francos y Caputo que el FGS no puede tratarse en esa comisión, dijeron a este diario fuentes parlamentarias.
El quinto punto del documento con los cambios a la ley ómnibus es la “eliminación de YPF de listado de empresas a privatizar”, mientras que el sexto es el “aumento del corte de bioetanol y biodiesel” y la “eliminación de la posibilidad de libre importación de biocombustibles”. El texto reservado también indica: “En base a los comentarios recibidos se modificaron/adaptaron más de 100 artículos”.
El octavo punto del paper contiene otra definición contundente: “Eliminación de la derogación de la Ley de Azúcar”, propone abiertamente. Como “alternativas adicionales” que pone en la mesa de negociación, el gobierno ofreció a los bloques dialoguistas “sacar Bienes Personales y enviarlo al proyecto de Ganancias”; revisar la reforma electoral basada en las “circunscripciones uninominales” y “modificar el proyecto de las PASO”, sujeto a recibir una “contrapropuesta” de la diputada de Pro María Eugenia Vidal.
