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TUCUMÁN: SIN JUSTICIA Y EN MEDIO DE UNA GRAN CRISIS INSTITUCIONAL

Como si algo le faltaba a esta provincia, ahora también pretendería controlar los medios de comunicación, por medio de una “empresa privada”, para realizar el seguimiento de contenidos

Sbdar Dávila Yapura Pedicone
Claudia Sbdar - Navarro Dávila - Yapura Astorga - Enrique Pedicone

Opinión. “Lo que nos dejó la semana

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Como no podía ser de otra manera, la semana culminó igual que como empezó: con la Justicia convertida en un circo que, lejos de hacer reír, es pura tragedia gracias a las acciones y omisiones de sus integrantes más encumbrados. En este medio advertimos que parece que algo se rompió entre el oficialismo y la Corte Suprema de Tucumán, con el enfrentamiento entre el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Héctor Navarro Dávila, y la titular de la Corte, Claudia Sbdar.

Navarro Dávila embistió contra Sbdar y le hizo fuertes acusaciones, algunas de ellas que podrían valerle al ministro alguna sanción, si lo encuentran responsable de haber caído en algún tipo de violencia de género. Esto se debe al hecho de que el ministro le endilgó falta de equilibrio emocional a la presidenta de la Corte Suprema, luego de que se sintiera ofendido por declaraciones periodísticas que habría realizado Claudia Sbdar.

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Y es que la titular del alto tribunal se habría referido a una denuncia que habría llevado a cabo el ministro de Defensa. Puntualmente, la presidenta de la Corte habría expresado que la denuncia del ministro acerca de que las notas de su procedencia, no recibían respuestas era una acusación infundada. Claramente, esto molestó a Navarro Dávila quien le cuestionó a Claudia Sbdar, hasta el uso del derecho a la libertad de expresión.

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Lo más grave, es que la trató de mentirosa, al acusarla de haber faltado a la verdad al manifestar que las notas que él le envió fueron respondidas en su momento. Hasta espera que la presidenta de la Corte se retracte de forma pública y que hasta se disculpe, en lo que no es ni más ni menos que un furibundo enfrentamiento entre Sbdar y Navarro Dávila, en donde éste la amenazó con formularle una querella criminal, si no subsana las ofensas y descalificaciones infundadas.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, tal y como lo adelantamos desde Tucumán Despierta, Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, consideró que las apreciaciones de Navarro Dávila, configuraban “violencia de género”. “Es escandaloso que el ministro de la Defensa, descalifique a la titular de la Corte Suprema, con las típicas expresiones machistas que se asignan a las mujeres”, precisó.

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Dicen, que luego de este enfrentamiento, Sbdar desapareció de la escena mediática. El problema es que se mantiene ausente de la función que tendría que ejercer. Y es que durante el transcurso de la semana que pasó, se cumplió un mes desde el momento en el que recibió la carta documento del denunciante de la causa del legislador oficialista Jorge Yapura Astorga solicitándole que se sortee la fecha y hora para que se lleve a cabo el juicio oral en su contra, por graves delitos de corrupción.

Sin embargo, nada ocurrió y tampoco nada cambió con la presidenta de la Corte, que pareciera proteger al ex intendente de Tafí del Valle. Mientras tanto, la sociedad sigue desconociendo cuándo se llevará a cabo el juicio en contra de Jorge Yapura Astorga y de otros funcionarios, por delitos de corrupción. Esto significa que, muy posiblemente, no cumplió con su deber de arbitrar los medios necesarios para que se conozcan fecha y hora del debate oral.

A todas luces resulta una vergüenza institucional, el hecho de que Yapura Astorga y los integrantes de su círculo íntimo, se pavoneen como si no debieran cuentas con la Justicia. Pero si ésta hace de cuenta que el clan no le debe nada, debería recordar que es a la sociedad a quien le deben rendir cuentas. El problema radica en el hecho de que la sentencia en contra de Yapura Astorga lleva varios meses de fallo firme, es decir, no se trata de especulaciones.

También resulta vergonzante que, tal y como nos preguntamos durante la semana que pasó, ¿Acaso es necesario que el denunciante de Yapura Astorga tenga que enviar una carta documento a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para instarla a cumplir con su trabajo? Lo que está claro es que hasta la fecha, la Dra. Sbdar sigue guardando silencio. Como ya dijimos, tal parece que no pareciera comprender la gravedad de este hecho.

Es decir, el daño institucional que significa que hoy Yapura Astorga ocupe una banca en la legislatura representando al pueblo, debido a que tiene que rendir cuentas del enriquecimiento injustificado de su patrimonio junto a su familia. Sin embargo, es el mismo tribunal el que curiosamente y por razones que se desconocen, pero que podrían interpretarse como complicidad, omite ordenar que se realice el sorteo correspondiente.

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¿La causa contra Yapura Astorga también terminará siendo un escándalo por la inacción de quién preside el máximo tribunal? Deberá entender la Dra. Claudia Sbdar que la omisión también es un pecado y que mayor mal puede hacer alguien que no actúa en nombre del bien, que quien actúa en nombre del mal. Más en el caso de quien encabeza el alto tribunal del Poder Judicial en nuestra provincia.

Pero si de vergüenzas hablamos, la Legislatura no quiso quedarse fuera de la lista de instituciones que dejan mucho que desear. Entonces, no tuvieron mejor idea los representantes del pueblo tucumano, que en avanzar sobre el juicio político en contra del juez Enrique Pedicone. En ese sentido, el jury de enjuiciamiento dirá si echa o absuelve al camarista, pero las cartas parecerían estar echadas y todo indicaría que lo destituirían.

Y es que los legisladores que integran la comisión de Juicio Político, resolvieron acusar al juez de Impugnación por los cargos formulados en los siete pedidos de destitución planteados en su contra. Con un cinismo que no deja de ser llamativo, los oficialistas no tuvieron empacho en reprocharle a Pedicone que las grabaciones contra Leiva son clandestinas. Ninguno ve, ni quiere ver, que la clave pasa por el contenido de los audios.

Claro que esto estaría hecho a propósito,  para proteger al vocal de la Corte Daniel Leiva,  de las gravísimas imputaciones como el de traficar influencia en favor del titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, y el gobernador provincial, Juan Manzur. Pero el colmo pasa por considerar que la libertad de expresión de Pedicone careció de ética, al divulgar en los medios las razones por las cuales denunció a Leiva, algo que el poder político de Tucumán no está dispuesto a perdonarle.

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Y el Poder Ejecutivo no podía faltar en la lista de las deficiencias institucionales, ya que en la semana que pasó, desde la Secretaría de Estado de Comunicación Pública (S.E.C.P.) de la provincia, se llamó a licitación para un denominado “Servicio de Seguimiento Periodístico de los principales medios gráficos y sitios web de Tucumán, nacionales e internacionales”. La realidad que el único propósito de esta iniciativa es la de violar la libertad de expresión.

Y tal parece ser, que desde el Estado ya se estaría controlando a algunas páginas web, al punto de que también habrían comenzado a intimidar a sus autores. Es el caso de un grupo de Facebook denominado Grupo Anticorrupción Tucumán Observa (GATO), cuyo creador es el señor Carlos Salomón, padre de Gabriel Salomón, quien habría fallecido a causa de una mala praxis, al parecer tuberculosis no tratada por el sistema provincial de salud.

Este grupo virtual intenta ser un espacio para que la sociedad, visibilice los casos de corrupción y luchen contra ella. Eso parece molestar y mucho al Ministerio Público Fiscal (MPF), ya que existe la posibilidad de que desde allí se estén efectuando las llamadas telefónicas que le llegan a Carlos Salomón. En ellas, le dicen que está instigando públicamente a cometer un delito determinado contra una persona o institución.

De esta manera, quedaría al descubierto que tanto la Justicia, como el Gobierno, estarían persiguiendo a quienes denuncian hechos de corrupción. Esto no sería más que la punta del iceberg, ya que daría cuenta de las maniobras que estarían montando desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el gobierno provincial. ¿Cuánto más podrían hacer entonces con los medios de comunicación que critiquen al Poder Ejecutivo?

Una iniciativa como esta no tiene lugar en democracia. No es constitucional, y ningún Poder Ejecutivo tiene competencias para crearlo. Lo que se esconde detrás de esto es evitar la crítica, el disenso e imponer una única verdad que disimule lo malo y ensalce los logros del oficialismo provincial. Y es que se trataría de una especie de ciberpatrullaje, mediante la observación persecutoria por medio de la vigilancia de los contenidos.

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