Tucumán se apresta a dar un paso clave para potenciar la generación de energías renovables. Ocurre que para poder avanzar con la posibilidad de que las industrias desarrollen y vuelquen en el sistema la electricidad producida se deben dar una serie de adecuaciones normativas en las que se están trabajando la Legislatura que preside Miguel Acevedo y en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) que interviene José Ricardo Ascárate.
Fuentes parlamentarias indicaron que para poder avanzar será necesario derogar la Ley 8.994, que data de 2017. Dicha norma tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas para permitir la conexión de sistemas de generación distribuida de energía eléctrica, de pequeña escala, basadas en el uso de fuentes renovables a la red de distribución. Hay una iniciativa de José Seleme (Avanza Tucumán) en ese sentido que cuenta con dictamen de la comisión de Energía y Comunicaciones que encabeza Alberto Olea.
A través de la Ley 9.159, Tucumán se encuentra adherida al Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública (Ley Nacional 27.424). Aunque la norma fue promulgada en 2019, no cuenta con la reglamentación para su aplicación. Es precisamente en lo que está trabajando Ascárate.
“Estamos preparando la reglamentación, que va a ser una resolución del Ersept”, expresó el interventor. Dejó saber que la intención es que la reglamentación unifique criterios y garantice beneficios para residencias, Pymes e industrias. Indicó que al no haber una reglamentación no está incluido en el cuadro tarifario la inyección de la energía renovable. Afirmó que están dialogando actualmente con la firma de distribución para llegar a un acuerdo.
Semanas atrás, Acevedo encabezó un encuentro con legisladores, Ascárate y representantes del sector de energías renovables del NOA para debatir proyectos relacionados con la modificación del marco normativo vigente. Con ese trabajo se buscó actualizar y unificar el marco normativo sobre generación distribuida, con el objetivo de fomentar el uso de energías limpias, mejorar la matriz energética provincial y facilitar la transición energética.
Incentivos
Tras la reunión, Ascárate explicó que la idea es aprovechar todas las herramientas disponibles para que cada usuario pueda convertirse en generador de energía, bajar su consumo de la red y aportar a la sostenibilidad del sistema. Entre los incentivos analizados se encuentran líneas de créditos accesibles, tasas subsidiadas y beneficios impositivos para la instalación de paneles solares y otros sistemas renovables. “Buscamos que cada usuario tenga la posibilidad real de recuperar su inversión en un plazo razonable y con beneficios concretos”, añadió.
Días atrás, representantes de Citromax acercaron un proyecto de energía renovable a desarrollar en su planta industrial de Acheral (Monteros). Se expuso en la Cámara el plan de instalación de paneles solares como fuente de energía renovable para abastecer la producción de limones y subproductos. Permitirá inyectar energía verde a la red provincial durante la baja estacionalidad de la zafra.
Por otra parte, el Ejecutivo envió a inicio de abril un proyecto que promueve la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables integradas a la red pública. Busca fomentar inversiones mediante beneficios impositivos, como exenciones en Ingresos Brutos y el Impuesto para la Salud Pública hasta 2026.
