Un abogado fue condenado y deberá pagar una millonaria indemnización a las víctimas de un violento episodio que protagonizó hace casi cinco meses. La sentencia surgió a través de un juicio abreviado. Según la acusación del fiscal Ernesto Salas López, el 10 de febrero del 2022, cerca de las 16.30, Sergio Gómez se apersonó a un local comercial dedicado a la actividad informática ubicado en avenida Sarmiento al 300.
Insultó a un empleado y a la encargada, exigiéndoles la reparación de una computadora que su hijo había llevado al local. En ese momento, el imputado sacó de su cintura una pistola calibre 11.25 (descargada) y del otro lado del mostrador apuntó al pecho del técnico (a una distancia de 90 centímetros), diciéndole “esta pistola sirve para que no me roben la moto y para no tener que traer nunca más mi computadora acá”.
La encargada le exigió que se retirara, mientras el empleado llamaba al servicio 911. El abogado continuó con sus insultos y amenazas, hasta que se retiró del local y fue allí que, mientras se encontraba en la vereda a punto de subirse a su motocicleta, fue aprehendido por los efectivos que habían acudido por la denuncia. Al acercarse los uniformados, el profesional extrajo un cargador con seis cartuchos, los colocó en el arma y se la entregó.
Entonces, fue trasladado a la seccional 1ª donde quedó demorado. Luego se confirmaría que el acusado tenía el arma sin su debida autorización. La auxiliar Cinthya Bono, por expresas instrucciones del fiscal Salas López, en una audiencia que se realizó ayer, presentó el acuerdo al que arribaron todas las partes para que el conflicto penal se resolviera a través de un juicio abreviado.
El profesional aceptó declararse culpable a cambio de recibir una condena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso. También aceptó resarcir a las dos víctimas con el pago de $1,6 millón ($800.000 para cada una). Además, se acordó la aplicación al condenado de las siguientes reglas de conducta por el plazo que dure la pena: fijar residencia; restricción de acercamiento por un radio de 300 metros respecto de las víctimas y sus domicilios; y la prohibición de tener o portar cualquier tipo de arma de fuego.
