En ese análisis, brindaron datos estadísticos sumamente alentadores. Así, sostuvieron “De acuerdo con las cifras divulgadas este martes, los delitos contra la propiedad han descendido un 33% en los últimos tres años, mientras que los homicidios bajaron un 50% durante el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado.
“En los 18 meses que llevamos de gestión, se observa una baja sustancial en los principales indicadores delictivos”, afirmó Jaldo desde la sede del Poder Ejecutivo. A su lado, el titular de la cartera de Seguridad brindó precisiones técnicas sobre el comportamiento delictivo y las herramientas que —según el Ejecutivo— habrían permitido alcanzar estos resultados.
El informe señala que el descenso en delitos contra la propiedad —que incluye robos simples, robos agravados y hurtos— fue de 3% en 2023, 7% en 2024, y alcanzó un 30% entre enero y abril de este año. Esto representa una baja acumulada del 33% desde 2022.
Además, Agüero Gamboa destacó que la disminución intermensual (entre marzo y abril) fue del 12,8%, lo que indica —según el ministro— que las políticas de seguridad están mostrando resultados sostenibles a corto plazo”.
Lo cierto es que al parecer la justicia se adelantó en tirar por tierra estas esperanzadoras cifras, ya que un día antes, es decir, el 6 de mayo, el juez del Colegio de Jueces de San Miguel de Tucumán, Dr. Augusto José Paz Almonacid, inexplicablemente, revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el jefe de la asociación ilícita, Alan Daniel Ahumada, por los reiterados robos de camionetas en distintas zonas de la provincia y cuya modalidad azotó a la sociedad tucumana y ordenó que regresara a su domicilio, sin más resguardo que el cuidado de un familiar y rondas de vigilancia por parte de personal policial.
Hasta ahora, el jefe de la organización criminal, con ramificaciones en distintas provincias e incluso con contactos internacionales, como lo es en el vecino país de Bolivia, junto al menos seis personas más, algunas de ellas ya condenadas, otras detenidas y al menos tres prófugas de la justicia tucumana, robaban los vehículos (camionetas) de la vía pública a través de inhibidores y los trasladaban a distintas provincias e incluso a Bolivia para su comercialización ilegal, delito éste, que para el jefe de la asociación ilícita prevé una pena de 5 a 10 años de prisión. Es decir, no es excarcelable.
Menos aún resultaría excarcelable el delito, como inexplicable el beneficio otorgado por el Juez Paz Almonacid, el 6 de mayo pasado, si se tiene en cuenta que Alan Daniel Ahumada ya contaba con una suspensión de juicio a prueba otorgada en el año 2022 por el delito de Lesiones Culposas – Resistencia o Desobediencia a un Funcionario Público y también se mantuvo prófugo de la justicia riojana lo que ameritó en aquella oportunidad, un pedido de captura en su contra del año 2024, casualmente por sustracción de automotores.
El jefe de la asociación ilícita, ya tuvo a su favor una suspensión de juicio a prueba; estuvo prófugo de la justicia de la provincia de La Rioja; la organización criminal tiene ramificaciones en otras provincias como Córdoba y con contactos internacionales, con otros presuntos integrantes prófugos, otros tantos condenados, otros detenidos, hoy se encuentra en la comodidad de su casa, pudiendo si quiere desde allí, manipular los mismos inhibidores, para continuar cometiendo delitos de este tipo. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿falta a quienes deciden la suerte de la sociedad tucumana, un baño de realidad?, o, ¿es un claro mensaje de falta de acompañamiento a la política pública de seguridad y justicia?.
