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Un bolso con cuatro millones en efectivo, en el medio de un escándalo en la TV Pública

El dinero lo retiró un directivo de la TV Pública. Dijo que era para financiar una producción sobre Manuel Belgrano. Las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y una auditoría para establecer responsabilidades de la extracción irregular.

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Rosario Lufrano en su acto de asunción a cargo de Radio y Televisión Argentina, con la presencia de funcionarios de medios públicos.
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Un directivo de la TV Pública retiró en un bolso $4 millones en efectivo de la cuenta que el canal tiene en el Banco Itaú, el viernes pasado, para pagar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano. Pero saltaron todas las alarmas, ya que está prohibido el pago en efectivo en los medios públicos.

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Cuando este lunes se detectó la irregularidad cometida por el directivo de la TV Pública -del que no trascendió su nombre ni su cargo-, las autoridades del canal ordenaron la devolución del dinero y la realización de una auditoría para establecer responsabilidades, según la información a la que pudo acceder Clarín. Y Muchos se preguntan en el canal qué iba a hacer el directivo de la TV Pública con ese dinero que tuvo durante todo el fin de semana en su casa.

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Ante el escándalo que se generó en la TV Pública, cuando se conoció esta irregularidad, las autoridades enviaron un comunicado interno a su personal. “Por expresa indicación de la Presidenta de RTA, Lic. Rosario Lufrano, se les hace saber que a partir de ciertas irregularidades que se han detectado en relación a algunos procedimientos administrativos, se impartieron las instrucciones necesarias para la realización de una auditoría interna a fin de determinar las responsabilidades correspondientes”.

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Fuentes oficiales destacaron que “se detectó una extracción de dinero que no correspondía, ya que todas las operaciones se hacen por transferencia bancaria, nunca se maneja dinero en efectivo. El tema sale a la luz por la acción de Lufrano. Apenas le llegó el tema hizo lo que debía hacer”. Por eso Lufrano “apenas detectó la irregularidad ordenó la devolución del dinero y la realización de la auditoría, ya que no estaba autorizada esa metodología para retirar plata de la TV Pública”, dijeron las fuentes oficiales.

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Sin embargo, otras fuentes del canal, que son críticas de la gestión de Lufrano, señalaron que hubo numerosas reuniones durante todo el lunes en la TV Pública y que la reacción de las autoridades habría sido posterior a que se armara el escándalo en el canal, cuando se corrió el rumor de la extracción ilegal de esa suma millonaria entre los trabajadores de la emisora estatal.

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El dinero se iba a utilizar para pagar parte de los gastos de producción de la serie Los amores prohibidos de Belgrano, que planea realizar como una ficción propia la TV Pública. La serie se basa en el libro de Florencia Canale y la va a dirigir Alberto Lecchi (realizador de En Terapia y Mujeres Asesinas, entre otras), con el protagónico del actor Nicolás Cabré.

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La idea original de la TV Pública era realizar la miniserie el año pasado, cuando se cumplieron 250 años del nacimiento y 200 años de la muerte de Belgrano. Pero el proyecto se postergó por las estrictas restricciones impuestas ante la pandemia de coronavirus. Ahora estaba el proyecto de comenzar el rodaje la semana que viene, pero las irregularidades detectadas con la extracción del dinero podrían retrasar otra vez el comienzo del rodaje.

No es la primera vez que surgen problemas con las ficciones en la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), de quien depende la TV Pública. Su anterior escándalo fue en 2013, cuando financió los 120 capítulos de la telenovela Esa Mujer, producida por A+A Group, la productora de Andrea del Boca, la actriz muy cercana a Cristina Kirchner. En esa época, el directorio de RTA tenía presencia de dos directores de la oposición, que votaron en contra de ese millonario contrato; mientras que ahora no hay presencia opositora en el directorio de RTA, ya que el Gobierno evita el control sobre los medios públicos y todavía le bloquea a la oposición su ingreso a los organismos oficiales del sector de las comunicaciones.

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