“En primer lugar, me resulta muy triste que un funcionario público con las responsabilidades de Alfaro estigmatice de esa forma a los trabajadores informales. Eso marca su poca estatura política. Por otro lado, llama poderosamente la atención que una de las empresas que forma la UTE esté vinculada a la gestión de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduce Rodríguez Larreta”, expresó David Mizrahi.
Se trata del concejal capitalino del Frente de Todos, quien habló respecto de servicio de “Estacionamiento Medido” de San Miguel de Tucumán. “Con respecto a las declaraciones de Alfaro y de Ocaranza (secretario de Gobierno de la Municipalidad) sobre el servicio de estacionamiento, puedo decir en forma tajante que están faltando a la verdad”, aseveró.
Apuntó que el secretario político dijo que se encuentra “establecido que la empresa se comprometió a aportar las grúas -dos en el arranque del servicio-. Sin embargo, el pliego original establece en forma taxativa, en su Artículo 7 (Servicios de Inmovilización, Remoción y Acarreo de Vehículos) que el oferente deberá garantizar la prestación del servicio de grúas, debiendo contar con un mínimo de cinco unidades”.
Según el edil peronista, manifestó que Ocaranza “tiene el tupé de decir que el pliego es viejo y que establecía el uso de parquímetros. Hubieran realizado un nuevo pliego que incluya a los frentistas, a los trabajadores informales, a los discapacitados. Pero no, estaban realizando un ‘traje a medida’”.
“Este ‘traje a medida’ nacido de unas modificaciones realizadas a un pliego que data de 2014 y que el intendente, mediante el veto, no permitió que el Concejo derogase. Esto genera un manto de sospecha y mucho más aun cuando una de las empresas adjudicataria está vinculada al Ministerio de Salud del gobierno de Rodríguez Larreta”, insistió.
Añadió que “estas situaciones de atropello a los vecinos, a los trabajadores informales, al sistema republicano, a la legalidad”, lo llevarán a pedir la nulidad del contrato y a solicitar que, si surgiere alguna indemnización a la empresa, esta sea soportada en forma personal por el intendente, “por haberse extralimitado en sus facultades al contratar una firma en forma directa, tomando una licitación declarada desierta y modificando el pliego para ajustarlo a la empresa porteña”.
Otro dirigente oficialista que se sumó a las críticas a Alfaro fue el legislador Javier Morof, quien expresó que “el intendente se hace el moralista diciendo que él puede mostrar los papeles y que Jaldo no los actos de la provincia”. En ese marco, Morof dijo que la Provincia tiene un control preventivo, concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas.
“Alfaro debería abrir a los ciudadanos todos sus actos ya que no tiene control, ni Boletín Oficial. Lo reto públicamente a que muestre las empresas que contrata para que Tucumán sepa qué hace con el dinero de los tucumanos, que muestre los papeles de todo”, finalizó el legislador Javier Morof.
