La transición entre la Legislatura saliente y la que asumirá para el período 2019-2023 pondrá sobre la mesa un debate obligado, a partir de una sentencia dictada el año pasado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que tiene en jaque el sistema mediante el cual se fija la dieta -es decir, la remuneración- de los legisladores.
A partir de un planteo iniciado en 2007 por los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán, el máximo tribunal provincial confirmó el fallo rubricado en 2013 en el fuero Contencioso Administrativo, a través del cual se declaró la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la Carta Magna tucumana, reformada en 2006. Entre otros puntos, la Corte hizo lugar a los constitucionalistas en su reproche a la potestad dada por vía constitucional al vicegobernador para que, gracias a su rol como máxima autoridad de la Legislatura, sea quien resuelva las remuneraciones en la Cámara legislativa. A la vez, la Constitución provincial indica que “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo”.
Iriarte explicó que el fundamento de la acción judicial impulsada junto a Fontán radica en que “el vicegobernador, en realidad, es un funcionario electo juntamente con el gobernador, y de acuerdo a la manda constitucional lo preside y lo administra, pero no es parte del Poder Legislativo. Por ello, dejar la potestad de fijar la dieta en manos del vicegobernador violenta el principio de división de poderes y afecta la independencia política de todos ellos, al estar dependiendo sus ingresos económicos de una resolución del vicegobernador”.
Iriarte recordó que la propia Constitución de 2006 otorga a los legisladores los atributos para iniciar un proceso de destitución por juicio político tanto contra el gobernador como en contra del gobernador. “¿Cómo puede llevar adelante (el cuerpo legislativo) un proceso de destitución al vicegobernador, si es este quien determina el monto de los ingresos (de sus miembros)?”, describió Iriarte. Advirtió que esto es “un contrasentido” en el sistema de remuneraciones de los legisladores. “Es necesario romper toda atadura”, agregó. Por otra parte, consideró que la Legislatura “está en mora con el cumplimiento de la sentencia de la Corte provincial”. En opinión del demandante, ese fallo tiene vigencia, al menos “mientras la Corte de la Nación (a la cual acudió la Provincia mediante recurso extraordinario federal) no revoque total o parcialmente la sentencia de la Corte provincial”.
En la conducción de la Legislatura están al tanto de esa decisión judicial. De todas formas, en el oficialismo tienen la intención de que, de concretarse los cambios en el sistema de remuneraciones en la Cámara, sea con el visto bueno de la composición que asumirá en los últimos días de octubre.
La cuestión no es tan sencilla. Por un lado, están los que consideran que la dieta legislativa debería estar equiparada a la de los magistrados del Poder Judicial de Tucumán. Estos barajan alternativas para el bruto: que sea como el básico de un camarista ($171.000 en la actualidad); como el de un juez de primera instancia ($157.958); o como el de un juez de Paz ($101.000). Esto equivaldría a elevar la dieta entre un 100% y un 25%, según la opción que tuviera prevalencia. El argumento de quienes impulsan esta idea es que, si bien sería una decisión impopular en tiempos de crisis, se trataría de una medida a tomar por única vez y que equipararía los haberes de los representantes del pueblo con los de los magistrados tucumanos. La otra postura respecto al sistema de asignación de la dieta es que el vicegobernador retenga la facultad de fijar el monto por vía administrativa.
Días atrás, dos dirigentes -uno que deja la banca, otro que llega a la Cámara- debatían sobre la cuestión en un café. Ya con los pocillos vacíos, recordaban que en una composición anterior había surgido la posibilidad de cambiar el régimen. Coincidieron en que la resistencia de los más experimentados truncó los intentos. Sin embargo, advirtieron, la renovación en el recinto será una nueva oportunidad para revisar el tema.
Opiniones
“Si la sentencia queda firme, serán los legisladores los que tendrán que proponer la dieta correspondiente, y será el cuerpo colegiado el que definirá sobre el particular”. Juan Antonio Ruiz Olivares. Vicepresidente 1° de la Legislatura – oficialista – reelecto para 2019-2023
“Estoy de acuerdo en que es totalmente inconstitucional que el vicegobernador fije la remuneración de los legisladores. Estoy convencido de que (Iriarte) tuvo razón en su planteo”. Eudoro Aráoz. Legislador radical – período 2015-2019 – ex presidente del Colegio de Abogados
“Me parece adecuado que a la dieta la fijen los legisladores. Hace a la independencia de los poderes, ya que en Tucumán el titular de la Legislatura no es un legislador, sino miembro del PE”. Alberto Colombres Garmendia. Legislador del PRO (cambiemos) – Período 2011-2019
“Creo que está bien que el vicegobernador fije la dieta de los legisladores; me parece que si los legisladores se fijaran su propia remuneración podría ser legal, pero no sé si sería ético”. Ramón Santiago Cano Legislador período 2015-2019 – jefe del bloque oficialista Tucumán Crece
“El tema será materia de análisis cuando se conforme el nuevo cuerpo legislativo, y ahí se tomará una decisión, siempre buscando el consenso entre todos los espacios políticos”. Regino Amado. Ministro de Gobierno – oficialista – electo legislador para 2019-2023
“Tal cual plantaron los constitucionalistas (Iriarte y Fontán), debería ser el cuerpo quien fije la dieta. El presidente no tiene por qué inmiscuirse en esos ingresos, si integra el PE”. Ricardo Bussi. Concejal Capitalino – Legislador electo por Fuerza Republicana para 2019-2023
“Debe seguir como está, con la presidencia a cargo de lo administrativo. La situación económica no da lugar a debates que puedan enfrentar a la dirigencia con la ciudadanía”. Gerónimo Vargas Aignasse. Peronista – legislador electo 2019-2023 – ex diputado nacional
“En una república, el poder del pueblo reside en el Legislativo, facultado al control y juzgamiento de los otros dos poderes. Es el cuerpo, y no el presidente, el que debe fijar la dieta”. José Ricardo Ascárate. Subsecretario de infraestructura Plan Belgrano – legislador 2019-2023 (UCR)
Interrogantes
¿Qué es la “dieta” de los legisladores?
Es la forma mediante la cual la Constitución provincial define la remuneración por la tarea legislativa. El artículo 68 del texto constitucional, reformado en 2006, establece que el monto es fijado por la presidencia de la Legislatura. No está previsto que el cuerpo legislativo ratifique o rechace lo dispuesto por el vicegobernador por vía administrativa.
¿Hay una sola postura en el cuerpo legislativo?
No. Sobre todo por el contexto de crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, varios legisladores consideran que la dieta debe ser ajustada de otro modo, puesto que hay funcionarios jerárquicos de la Cámara con mayores ingresos que los propios representantes del pueblo. Este grupo propone “atar” la dieta a los sueldos judiciales.
¿Cómo se ajusta la dieta de los legisladores?
La remuneración mensual que perciben los representantes del pueblo -sujeta a retenciones jubilatorias e impuesto a las Ganancias, como los haberes del Ejecutivo- se ajusta al ritmo de los acuerdos entre la Casa de Gobierno y los gremios. Al igual que las paritarias estatales, se dispara la “cláusula gatillo” cuando la inflación supera lo acordado.
¿Cómo son los ingresos en el Ejecutivo?
Según una información reciente de LAGACETA.com, el sueldo básico del gobernador en la actualidad es de $59.433. A este monto se deben agregar sumas no remunerativas que perciben los empleados públicos, y los ítems por antigüedad y título, por ejemplo. En el caso de los ministros del Poder Ejecutivo, el sueldo básico es de $ 51.709.
¿Por qué el sistema podría ser modificado?
En la conducción de la Legislatura están al tanto del fallo de la Corte provincial en la causa impulsada por Luis Iriarte y Carmen Fontán, dos constitucionalistas que cuestionaron en 2007 distintos puntos de la Carta Magna de 2006. El año pasado, el máximo tribunal local les dio la razón en buena parte la acción judicial, que fue recorrida por la Provincia.
¿Y en el Poder Judicial de la Provincia?
Semanas atrás, LA GACETA dio a conocer una grilla de los salarios básicos en los tribunales locales. A la cabeza aparecen los vocales de la Corte Suprema y los titulares de los Ministerios Públicos, con $192.000 mensuales; les siguen los camaristas y fiscales de Cámara ($171.000). El ordenanza cierra el largo listado, con un básico de $34.000.
¿En qué estado se encuentra el expediente?
Según el sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación, el expediente “Iriarte, Luis y Otra contra la Provincia de Tucumán, sobre inconstitucionalidad (CSJ 001079/2018-00) se encuentra “en despacho” de la Secretaría Judicial N°4 de la Corte Suprema de la Nación. Ya pasó por las oficinas de la Procuración General de la Nación.
¿Y en el Congreso de la Nación?
Según publicó LAGACETA.com, en el Senado perciben una dieta cercana a $135.000 (más gastos de representación, de $13.000 por mes). Los diputados aparecen un poco más atrás, con $ 120.000 de dieta. Además, reciben por mes 10 pasajes (terrestres y/o aéreos) para su uso en el país. Los pasajes son nominados, intransferibles y no canjeables.
