La Argentina, de acuerdo con las cifras del monitor oficial, tiene en stock alrededor de 22 millones de vacunas. Solo el 13% de la población ha recibido las tres dosis, aconsejables para enfrentar la contagiosidad de la variante Ómicron del Covid. El 72% tiene la doble dosis. Pero existen cerca de 5 millones de personas que fueron inoculadas en una sola ocasión. Su resguardo, a esta altura, resultaría casi nulo.
Se trata del diagnóstico unánime de los especialistas en el mundo. Israel puso en marcha la aplicación de la cuarta dosis. La lenta campaña de vacunación, que el Gobierno nunca atina a acelerar, tornaría más vulnerable al conjunto de la sociedad. Aunque la buena cantidad de segundas dosis y los millones de personas que durante el 2021 atravesaron la enfermedad parecieran una protección momentánea contra los casos graves.
Esta visto, sin embargo, que no frenan la propagación del COVID que ayer alcanzó un nuevo récord de casos en una jornada desde marzo del 2020: superó los 80 mil. La multiplicación geométrica de los contagios, que no es patrimonio de nuestro país, empieza a encender alarmas parecidas a las que produjo la larga cuarentena del 2020 y la equívoca estrategia sanitaria: el impacto sobre la actividad económica.
Aquella vez porque se cerraron mucho tiempo demasiadas actividades. Ahora porque la dispersión del Covid, entre contagiados y contactos estrechos que deben aislarse, afecta la asistencia a los lugares de trabajo. Por ende, a la producción. El Gobierno de Alberto Fernández no habría reparado todavía en ese problema. Lo están constatando las principales naciones del planeta.
En general, se reimplanta el mecanismo del teletrabajo que, por lógica, afecta mucho al comercio. En Europa se detecta otra particularidad. Los sistemas hospitalarios empiezan de nuevo a saturarse. No por la avalancha de casos graves. Si por la concurrencia de personas con síntomas y el debilitamiento de la estructura del personal de salud, golpeado también por la ola de contagios pese a ser el sector mejor inmunizado.
El reemplazo de médicos, especialistas y enfermeras no es un dilema de fácil resolución. El Gobierno de los Fernández carece de margen, después de lo hecho, para aplicar nuevas restricciones. Menos en época estival, aprovechada por la gente para desquitarse de tanto tiempo de privaciones, materiales y afectivas. La descompresión estimula la ola de contagiosidad y obliga a marchas y contramarchas de parte de los gobernantes.
Un caso es Córdoba. Convertido junto a Buenos Aires y la Ciudad en epicentros de la nueva ola. El gobernador Juan Schiaretti intentó colocar nuevas restricciones en el arranque de la temporada de verano. Debió relajarlas debido a un temor: el impacto sobre la temporada turística, aguardada como tabla de salvación por muchos sectores. El mandatario, en la búsqueda de algún equilibrio, resolvió apartarse del libreto nacional.
Habrá que ver que acontece con el cuadro sanitario cuando pase el tramo más fuerte del turismo de verano, que suele darse en enero. El Gobierno, ante esta complejidad y las señales que brinda el hemisferio norte en su tiempo invernal, continúa en actitud contemplativa. Incluso demora la habilitación de los autotest. Tampoco se trata de una panacea: poseen un margen de error que oscila entre el 10% y el 30%.
Eso llevó, en lo que hace a la experiencia europea, que la confianza de la gente decreciera. En infinidad de situaciones se corroboró que las personas desestimaron los diagnósticos. Pero, al menos, la prueba y el error, sin embargo, valdría más que la quietud de un Gobierno nacional habituado hace rato a comportarse como espectador y no protagonista de la extensísima y cruel pandemia.