La Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, encabezada por Carlos Saltor, ha procesado a diez individuos acusados de usurpar parte de un terreno perteneciente a un vecino en la localidad de Yerba Buena, específicamente en la avenida Perón al 300.
Este caso se inició el 8 de octubre, tras la denuncia de L.S.B., propietario de un terreno en la intersección de la avenida Presidente Perón y República de Líbano.
L.S.B. manifestó que observó por primera vez una irregularidad el 24 de junio, cuando se percató de que personas desconocidas estaban realizando obras de construcción en su propiedad.
Según su relato, al acercarse al lugar, fue intimidado por estos individuos, quienes lo obligaron a retirarse por temor a represalias.
Esta situación lo llevó a presentar una denuncia en la comisaría de San José, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes, que incluyeron relevamientos y recopilación de evidencias fotográficas.
No obstante, la situación se agravó, ya que el 9 de septiembre L.S.B. regresó a la comisaría para informar que la usurpación no solo continuaba, sino que otro grupo de personas también había comenzado a construir en su terreno.
A finales de octubre, el propietario denunció una nueva intromisión, observando a un grupo de personas removiendo tierra de su propiedad.
Para respaldar su reclamo, L.S.B. presentó documentación en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal, donde acreditó la titularidad del terreno mediante escrituras y matrículas.
En su declaración, L.S.B. indicó que adquirió el terreno en 2012 y contaba con un proyecto de obra aprobado por la Municipalidad de Yerba Buena.
A pesar de su intención de edificar, no lo había hecho debido a motivos personales, y había intentado vender el terreno, aunque sus carteles eran removidos por los vecinos.
Durante una audiencia reciente, la representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Gustavo Soria, Lorena Gómez, Romina Frías, David Bautista Flores, Nancy Fuelle, Javier Bautista Flores, Patricia Leguizamón, Maximiliano Ríos González, Esther Sánchez y Celeste Velárdez, de ser coautores del delito de usurpación por despojo mediante clandestinidad.
La investigación ha recopilado evidencia, como fotografías, relevamientos planimétricos e imágenes satelitales de Google Maps que muestran que en el año 2023 no había edificaciones en la propiedad de L.S.B.
Los acusados, por su parte, han negado las acusaciones, afirmando que han residido en la zona durante muchos años.
Sus defensores legales, Mónica Beatriz López, Clemente Gastón Turbay y Gabriela González, argumentaron que sus clientes son legítimos poseedores del terreno, señalando que existe un expediente en la Legislatura que tramita una autorización para transferir el título gratuito del inmueble a los ocupantes actuales, con el fin de regularizar su situación.
Finalmente, el juez Guido Cattáneo decidió aceptar la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal y aplicar medidas de coerción de menor intensidad, a la vez que se opuso temporalmente a la restitución del inmueble en cuestión. A medida que avanza el proceso, se espera que se sigan presentando pruebas y argumentos por ambas partes.
