Germán Castelli es uno de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas. Es, además, uno de los diez jueces cuyos traslados fueron revisados por el Consejo de la Magistratura y, si el Senado no aprueba su pliego, podría tener que dejar su cargo como parte de ese tribunal que tiene la misión de juzgar a Cristina Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a algunos de los empresarios más poderosos del país.
“La decisión que tomó el Consejo de la Magistratura es un bochorno constitucional hecho a plena luz del día”, arrancó Castelli en un mensaje de voz que difundió el programa de televisión Será Justicia. El juez hizo referencia al dictamen aprobado el jueves en dicho organismo que, con impulso del kirchnerismo, declaró que su traslado y el de otros nueve jueces estaban incompletos y le abrió la puerta al presidente Alberto Fernández para que ponga sus pliegos a disposición del Senado.
Castelli había sido trasladado en octubre de 2018 desde el TOF N°3 de San Martín al TOF N°7 de Comodoro Py, una designación que fue aprobada por mayoría en el Consejo y ratificada con un decreto del presidente Mauricio Macri. “El Dr. Castelli concursó para ser juez federal de San Martín y no cuenta con acuerdo del Senado para desempeñarse como juez federal en la jurisdicción de la Capital Federal por tratarse de una distinta jurisdicción”, aseguró Gerónimo Ustarroz, representante del Gobierno en el Consejo.
“En la independencia de los jueces se asienta uno de los motores para la búsqueda de un país mejor, por eso debemos rendir cuenta de nuestros actos hasta el último día de nuestra función. Esa independencia tal vez es la que moleste a muchos”, aseguró el juez Castelli, que durante su nota de voz nunca hizo referencia puntual al caso de los cuadernos de las coimas.
El magistrado, además, hizo referencia a lo que ocurrió el viernes en el Consejo y señaló al titular de ese organismo, el camarista federal de San Martín, Alberto Lugones. “Me resulta intolerable el voto del juez Lugones, que consagra contra los principios generales del derecho la retroactividad de la ley”, dijo. Y explicó que el presidente del Consejo impulsó un proyecto para modificar los requisitos necesarios para los traslados, pero aclaró que él fue trasladado en 2018, es decir, un año antes.
“Podría ser que la reforma judicial venidera traerá aparejado nuevos nombramientos y tener buena sintonía con el Ejecutivo podría importar una influencia en nombramiento de algunos magistrados, pero sería a costa de la sangre de la Constitución representada en la remoción de un colega”, agregó Castelli.
Incluso antes de asumir como presidente del Consejo, Lugones había planteado que los traslados que se hicieron durante el macrismo era irregulares, una postura que mantuvo en los últimos meses y que confirmó el último jueves, cuando fue el único representante de los jueces que acompañó la iniciativa impulsada por el kirchnerismo.
Quizás por el hecho de tratarse de un par es que no sólo Castelli hizo referencia puntual a su voto. También los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi lo señalaron en distintas notas que presentaron ante el Consejo antes de la sesión, también en queja por la revisión de sus traslados. El malestar entre estos diez jueces es generalizado desde que Lugones planteó que parecía que el macrismo se había dedicado a “pescar en una palangana” a los jueces más afines a sus intenciones.
