La investigación del robo de agua que dejó sin el servicio a vecinos de Yerba Buena tendrá su día más importante desde que se conoció el caso. Juan Zamora, que seguirá la audiencia en su contra desde España, país donde se encuentra por cuestiones laborales, escuchará de qué será acusado. Mientras tanto, los investigadores analizarán la posibilidad de indagar si los responsables de la Sociedad Aguas del Tucumán omitieron investigar una denuncia realizada en 2023 sobre este ilícito.
Por la denuncia de una importante cantidad de habitantes de la vecina ciudad, personal de la SAT descubrió que en la toma Las Piedras había una conexión clandestina que abastecía agua a una laguna del citricultor. Todas las sospechas apuntaban hacia el citricultor, pero la investigación ahora podría ampliarse.
En una nota firmada por los guardaparques Franco Puertas, José Pistán y Silvio Díaz, le informaron el 17 de mayo de 2023 al director del Parque Sierra de San Javier, Rodolfo Salinas, que en su recorrida de ese día hallaron una conexión clandestina de agua “que en apariencia data de varios años de antigüedad” “en la zona del límite Este Zona 6, sub zona 2 y 3 precisamente entre los ríos Anta Yacu y Piedras”.
Explicaron que se trataba de una “pinchadura” al caño de hierro que transporta agua desde la toma Piedras (cámara 10) de recorrido Norte-Sur, caño que está enterrado dentro de la propiedad de la UNT, “que corresponde al conjunto de antiguas tomas y cámaras de agua pertenecientes al proyecto Cipolletti del año 1890”.
Añadieron: “Según lo que hemos observado, la cañería clandestina de 2 pulgadas de PVC, que se anexa al caño de hierro, se dirige a una finca de citrus y palta contigua al PSSJ y alimenta a una enorme represa de agua de unos nueve metros de profundidad. Además, vemos que el perímetro de esta finca se encuentra con un vallado electrificado”.
Supuestamente, esa información fue puesta a disposición de las autoridades de la SAT en 2023. El titular de la empresa, Marcelo Caponio, aseguró que no estaba al tanto de esa situación. “Inmediatamente después de haberme enterado pedí a la Agencia de Yerba Buena que buscara esa supuesta nota y, hasta el momento, no apareció”, indicó.
“De todas maneras vamos a investigar esta situación. Si hay alguien que no actuó como corresponde, como el citricultor, tendrá que responder ante las autoridades”, añadió.
Por la tarde, voceros de la UNT confirmaron que la denuncia que realizó fue enviada mediante un mensaje de WhatsApp, en razón de la relación que tienen con la empresa, con la que se ha formado un convenio por el cual la SAT está reparando ahora el acueducto de Anfama. Recalcaron que al haber cambiado de autoridades la SAT, también hicieron lo mismo hace dos meses.
La Justicia deberá analizar esta situación para definir si algún empleado omitió investigar la denuncia realizada por los guardaparques. Sin embargo, por la informalidad del sistema de comunicación, es poco probable que se pueda avanzar porque resultará complicado descubrir quién fue el emisor y el receptor del mensaje.
La acusación
La fiscala María del Carmen Reuter, por el momento, decidió acusar a Zamora de usurpación (se informa por separado), pero no se descarta que en la audiencia de hoy decida agravar la imputación.
La investigadora sumó tres puntos clave en la investigación. Son indicios irrefutables:
– Se descubrió la conexión clandestina.
– La cañería nacía y terminaba en el campo del sospechoso.
– En la propiedad de Zamora se construyó una laguna para acumular agua que supuestamente era la que se sustraía de la toma del río Las Cañas y no del Muerto, como se venía informando erróneamente.
Sin embargo, durante la jornada de ayer realizaron una serie de medidas para encontrar indicios para probar que el hecho sea encuadrado como un robo que afectó a miles de usuarios. Si consiguen dar este paso, se agravaría la situación procesal del citricultor.
Los abogados de la SAT -que asumió el rol de querellante de la causa- adelantaron que pedirán que se llegue hasta una condena. También, como lo anticipó Caponio el día que se conoció el caso, la empresa pedirá una reparación económica por el daño provocado. Algunos señalaron que puede ser histórica.
La defensa
Zamora teje junto a sus defensores, Pablo Campero Romano, Juan Pablo di Lella y Camilo Atim, la estrategia defensiva que se mantiene en el mayor de los secretos y que será revelada en la audiencia de hoy. Sí trascendió que fracasaron en su intento de suspender el debate de formulación de cargos hasta tanto regrese al país.
El empresario de 73 años, que reside en Barrio Norte, viajó a España el 24 de septiembre, según constataron los investigadores al recibir la información de la Dirección Nacional de Migraciones que fichó su salida del país. Ese día, las autoridades de la SAT denunciaron el caso para que se iniciara la pesquisa. Según confirmaron fuentes judiciales, Zamora tenía previsto regresar a Tucumán la tercera semana de este mes, ya que había agendado reuniones y participaciones en diferentes encuentros internacionales para ofrecer sus productos.
LA GACETA se comunicó con uno de los profesionales para que diera a conocer su punto de vista sobre el caso. El abogado se excusó afirmando que no harían declaraciones por el momento.
La audiencia de hoy, que será conducida por el juez Federico Moeykens, también servirá para definir cuál será el camino que se recorrerá en este proceso. El más corto es que el acusado cierre el conflicto por medio de una probation (que incluye una millonaria reparación económica). El otro es que se llegue a una condena, más la indemnización por los daños provocados. El plan B, por ahora, es el que está más firme.
