En las últimas horas trascendió la información acerca de que el Gobierno nacional prepara una segmentación de tarifas para quitar subsidios a los sectores de altos ingresos para repartirlos al resto de la sociedad. Por eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se puso al hombro la corrección del “modelo” y la tarea de segmentar las tarifas de la energía, que podría aplicarse en 2022, bien pasadas las elecciones de medio término.
“El camino a seguir ahora es la segmentación apropiada de los subsidios. Estamos trabajando en criterios progresivos. En pandemia fue muy difícil finalizar esta tarea”, declaró el funcionario. En esa línea, la Secretaría de Energía arrancó con los pedidos de información y bases de datos a distintos organismos y dependencias públicas, además de las distribuidoras de electricidad y gas, para diseñar un registro unificado.
La intención oficial es ir “casa por casa”, “usuario por usuario”, para conocer quiénes viven en cada domicilio, cuántos son sus ingresos, si cuentan con vehículos o bienes suntuarios, el nivel de gastos de cada hogar y otros datos para precisar la necesidad de cada habitante de contar con algún tipo de subsidio en las tarifas energéticas o quitárselo. Pero el Gobierno nacional parece desconocer un error en su plan.
Y es que esta estrategia expone dos peligros, el riesgo de violar el secreto fiscal y bancario y la posibilidad de caer en groseros errores de inclusión (dar el subsidio a una familia que no lo requiere) o de exclusión (sacarle la ayuda a un hogar vulnerable). Por su parte, ni lerdas ni perezosas, las distribuidoras fueron acercando distintos datos al Gobierno, a demanda de los funcionarios.
Otro problema agregado pasa por el hecho de que el Gobierno nacional está consiguiendo información muy detallada a nivel personal, pero es la foto de un momento y no un video. Además, es muy difícil saber quién alquila un departamento y relacionar a un medidor de energía con un usuario. Es por ello que parece complicada la segmentación de tarifas de esta manera que se plantea.
La discusión de fondo es cuánto tienen que pagar los usuarios por la energía, si es un derecho humano básico que tiene que ser satisfecho al menor costo y sin importar su relación con el equilibrio fiscal del Tesoro, como plantea una parte del Frente de Todos, o si los precios deben reflejar los costos de producción y ser una señal para incentivar el ahorro. En definitiva, ya se encendieron las luces de alarma.
Y es que cabe preguntarse entonces, ¿En 2022 le vas a aumentar las tarifas a la clase media o, como los ingresos seguirán deprimidos, se va a evitar actuar así? Esa será una decisión política. Sea como fuere, el fantasma de un nuevo tarifazo ya se asoma en la argentina para luego de lo que serán las elecciones generales del mes de noviembre con el que el Gobierno nacional podría castigar a los sectores medios y altos que no voten por ellos.
