La Fiscalía de Estado de Tucumán logró recuperar un terreno fiscal en Yerba Buena que había sido usurpado por un grupo de vecinos, quienes llegaron a cercarlo con un muro de más de un metro y medio de altura y hasta instalaron un portón eléctrico. La parcela, ubicada en calle Pringles al 500, estaba originalmente destinada a la construcción de una nueva comisaría para la ciudad.
La medida judicial se concretó el viernes por la mañana, tras una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Ejecutora que la Provincia creó para investigar y actuar frente a la ocupación ilegal de tierras fiscales. El operativo contó con el respaldo de la Policía y la orden expresa de la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, quien impulsó una demanda de restitución que fue avalada por la Justicia.
Según confirmaron fuentes oficiales, los ocupantes habrían detectado que el terreno no tenía construcciones y asumieron –erróneamente– que no tenía dueño. Decidieron entonces anexarlo a su propiedad levantando un cierre perimetral y colocando un sistema de acceso eléctrico.
Sin embargo, un relevamiento llevado a cabo por los abogados de la Fiscalía de Estado reveló que el terreno figura a nombre de la Provincia y que su destino original era la instalación de una dependencia policial. Incluso, se había evaluado reubicar allí la comisaría de Marti Coll, que años atrás quedó inoperativa tras una inundación. Pero ese traslado no prosperó por el rechazo de algunos vecinos que pedían mantenerla en su ubicación actual, en Marcos Paz al 1.100.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que el terreno recuperado podría ser destinado ahora a la instalación de una base del cuerpo de Infantería. “Nuestra idea es que cada ciudad tenga una unidad de este tipo. Si podemos construir ahí, se garantizará una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones complejas”, explicó el funcionario.
El caso generó fuerte impacto en la comunidad. Algunos vecinos expresaron su sorpresa y malestar ante lo ocurrido. “No sabíamos que eran tierras fiscales, pero si eran para una comisaría, me parece bien que se recupere. Es hora de que el Estado ponga límites”, opinó María Laura Jiménez. Otros, como Pedro Martínez, fueron más duros: “Espero que además de sacarlos, les inicien una causa penal. Se quedaron con algo que era para el bien común”.
El subsecretario de Coordinación Legal, Raúl Ferrazzano, destacó la voluntad del gobierno provincial de “proteger el patrimonio público y ambiental como una política de Estado”. Y subrayó que la Unidad Ejecutora está avanzando en investigaciones similares en distintos puntos de la provincia, como ya ocurrió en El Mollar y El Cadillal.
“Este es solo un caso. Me pregunto cuántos más habrá en Yerba Buena. Ya se denunció lo que pasa en El Corte con los loteos irregulares. Esto se tiene que cortar de raíz”, sostuvo la vecina Lucrecia Fernández.
“La Provincia no va a tolerar más usurpaciones de tierras públicas ni privadas”, sentenció el jefe de Policía. Y añadió que los ocupantes del terreno tienen plazo hasta este viernes para desocuparlo por completo. En caso contrario, podrían enfrentar acciones judiciales más severas.
El caso reaviva el debate sobre el control y uso del suelo en zonas urbanas en crecimiento, y pone en el centro de la escena la necesidad de reforzar la fiscalización estatal para evitar que la ocupación ilegal se consolide como un modus operandi en Tucumán.
