La zozobra que cundió en el entorno presidencial durante los últimos días de la semana pasada solo es equiparable a situaciones precedentes más dignas de merecer semejante inquietud, como crisis económico-financieras, estallidos sociales o planteos militares. La mera divulgación de la foto de un negado festejo en la residencia oficial de los presidentes lo provocó. Tal vez sea solo otra manifestación de la decadencia nacional y la banalización de la función pública.
Lo más curioso y desconcertante a estas alturas ya no resulta el episodio original, cuya relevancia no puede ser minimizada. Lo notable es la impericia (por ser benévolos) con la que la Casa Rosada y el propio Fernández manejaron el caso de la reunión en Olivos, provocadora (merecidamente) de semejante escándalo. Además de injustificable, fue ilegal.
La desesperación con la que funcionarios de la Casa Rosada procuraron morigerar en la tarde-noche del viernes pasado los últimos dichos pretendidamente aclaratorios y disculpatorios del Presidente muestran (hasta ahora) el peor corolario de la historia. Los colaboradores buscaban moderar los títulos que reflejaban que Fernández había deslindado en su pareja Fabiola Yañez la responsabilidad por el festejo.
Es de entender la preocupación que cundió en el entorno presidencial, tanto como el malestar que causó en Cristina Kirchner, en La Cámpora, en muchos simpatizantes y, sobre todo, en muchas adherentes al oficialismo tras su aparición pública en Olavarría.
La sucesión de tropiezos comunicacionales y políticos con los que se administró la crisis mostraron a un Presidente cavando el pozo del que pretende salir desde hace poco más de dos semanas. Fue entonces cuando emergieron las primeras revelaciones de muchas inexplicadas visitas a Olivos durante el segundo trimestre del año pasado, mientras la inmensa mayoría de los argentinos (considerados “no esenciales”) estaba confinado. Ante cada nueva evidencia y en cada intento de superarla, la imagen y la palabra presidencial quedaban un poco más dañadas.
Ahora el objetivo es tratar de dar vuelta la página con una estrategia de contraataque. Si el caso no se puede cerrar, entonces mejor desnaturalizarlo, correr el eje, desviar la atención, encontrar culpables externos. Los blancos de la contraofensiva son, en primer lugar, Guadalupe Vázquez, la periodista que dio la primicia en LN+, y, luego, los medios críticos y la oposición. Nada muy original. Los mensajeros son los culpables, dicen sus señorías, cantaría Serú Girán.
Lo explicitaron mejor que nadie dos mensajes en redes sociales publicados por las cuentas oficiales de La Cámpora y de Wado de Pedro, el ministro más poderoso del Gabinete, además de integrante de la conducción camporista. La comunicación verticalista y lo quirúrgico de sus mensajes caracterizan a la organización maximista. En el caso del titular de la cartera política se destaca, además, la eficacia de su maquinaria comunicacional, digna de un presidente. Nadie podrá decir que es gente que no se prepara para las contingencias que le pueda deparar el futuro.
La estrategia de la descalificación y el desvío de las responsabilidades, además de recurrente en este espacio, ya había sido probada con algún éxito apenas surgió el caso de las reuniones en Olivos gracias al aporte invalorable de dos diputados macristas.
Ahora el oficialismo no ha encontrado asistencia externa. Aunque el pedido de juicio político, firmado por una decena de diputados cambiemitas es un atajo que se analiza. Los remedios institucionales extremos están previstos para irregularidades extremas. Una mentira presidencial también puede tener gradaciones. Algunos insidiosos se preguntan qué harán esos opositores si el kirchnerismo duro llegara a apoyar el pedido de enjuiciamiento. La línea sucesoria que tiene en primer lugar a Cristina Kirchner no sería muy tranquilizante.
Dar vuelta la página
En medio de las muchas y crecientes tensiones que habitan al oficialismo, agravadas por las revelaciones de la vida social en Olivos y el desmanejo de la crisis, se alcanzó un consenso entre las distintas líneas, que integran el albertismo nonato, el cristinismo, La Cámpora y, también, Sergio Massa. Ese acuerdo mínimo se expresa así: “Ya se dieron las explicaciones. Estamos concentrados en la campaña y en las propuestas”.
Podrían agregarse a los temas convocantes, la propaganda, la inauguración de obras y la emisión monetaria para sostener el veranito electoral de los bolsillos. Al respecto, la consultora Equilibra calcula que “el costo fiscal de las medidas de ‘push electoral’ (impulso al consumo, financiamiento a tasas subsidiadas y obra pública) rondará el 1,5% del PBI en todo 2021. Para financiarlo, el BCRA deberá asistir al Tesoro con $680.000 millones en lo que resta del año”.
Para tomar mejor dimensión de lo que significa este aporte, puede decirse que durante el bimestre de parálisis total de la actividad económica, impuesta el año pasado por la pandemia, el Estado dispuso un monto equivalente al 1,2% del PBI en los programas de asistencia a las familias (IFE) y a las empresas (ATP) afectadas, según cálculos de esa empresa que conducen Martín Rapetti y Diego Bossio.
Suena razonable el intento coagulatorio de la crisis a toda costa. La aceleración de los tiempos electorales obliga a dejar para otro momento el pase de facturas, cuyos talonarios el Instituto Patria viene imprimiendo desde hace tiempo. Uno de los factores agravantes del enojo con el Presidente y su equipo, tanto como de las teorías conspirativas, es que la mejora de la imagen presidencial se había consolidado en las mediciones de agosto. No solo las de las consultoras cercanas al oficialismo sino también de otras, que miden para los adversarios.
El avance de la vacunación, la finalización por decreto de la alarma pandémica con la consecuente liberación de actividades, y el aumento del dinero circulante habían ayudado al cambio de percepciones respecto del Gobierno y de Fernández. Aunque las cifras de contagios y muertes sigan elevados, la variante Delta del Covid sea una amenaza más que latente y la inflación continúe indomable.
El efecto visual de un aumento general de precios en julio por debajo de los tres puntos había sido una promesa de la Casa Rosada y del Palacio de Hacienda que no se cumplió, pero las electorales subas salariales y previsionales alcanzan para compensar.
Vicios privados y públicos
La inoportunidad del escándalo reabre un malestar en Cristina Kirchner, que la campaña había puesto en pausa. La aparición conjunta que ambos harán mañana será parte de las escenografías de campaña. A los planteos por la gestión que suele hacerle a Fernández, la vicepresidenta volvió a sumar en estos últimos días objeciones de índole personal. Es una cuestión de eficacia política antes que un planteo moral. El postulado “Vicios privados, beneficios públicos”, del escritor Bernard de Mandeville, no desagradaría a la vicepresidenta. El problema para ella es cuando algunas acciones privadas provocan o agravan fallas de gestión pública. Ni hablar si pueden afectar la performance electoral. Así lo hacen saber desde su entorno.
El impacto en el voto es la gran incógnita que atraviesa al oficialismo y a los opositores sobre las consecuencias del OlivosGate. Todavía los consultores de opinión pública no logran responder con certeza ese interrogante, aunque las primeras evidencias no son alentadoras para los candidatos del Frente de Todos.
El nivel de conocimiento del affaire supera el 90 por ciento, según un estudio urgente de Management & Fit. Además, el 22,3% por ciento de los consultados que preveía votar al oficialismo dice que ahora cambiará su voto. Son estudios preliminares hechos en el pico de la ola. Habrá que verificarlos cuando baje la espuma. Aún faltan tres meses para las elecciones generales.
En el Gobierno buscan instalar una mirada optimista. Dicen que no afectará su núcleo duro de adherentes y que el impacto negativo entre los votantes blandos se irá debilitando. Las particularidades del caso obligan a la cautela: el escándalo de las reuniones sociales fue agravándose ante cada revelación por al ocultamiento y las contradicciones en las que incurrieron el Presidente y sus principales colaboradores. Eso llevó a que el caso no solo se sostuviera durante más de dos semanas, en un país donde impera la cultura Instagram en la que una imagen desplaza a la anterior en cuestión de segundos.
El escándalo no hizo más que escalar en este tiempo. El presidente cavando el pozo del que busca salir es una imagen inquietante para dirigentes y candidatos del frentetodismo.
