José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y exdiputado provincial del PJ acuado por haberse quedado con casi 1,2 millones de dólares del Estado en los últimos 22 años, deberá devolver lo que robó si es que el magistrado que lo juzga acepta el acuerdo abreviado que propuso el sindicalista, luego de admitir el delito. A cambio, pidió no ir a prisión.
Todo se resolverá este jueves por la tarde en Paraná, cuando el juez Elvio Garzón dé a conocer su decisión. Lo acusan de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
El dirigente, además, quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. El acuerdo al que llegó con la fiscalía incluye la posibilidad, que decidirá otro juez, el de instrucción, de que queden sobreseídos sus hijos Julio, Victoria y Carolina; Adriana Satler, su mujer, y Diana Traverso, su ex, involucrados en la actividad ilícita que reconoció el gremialista. Creen que pudieron haber actuado de testaferros y a quienes, con excepción de Traverso, ubicó en distintas reparticiones del Estado.
Garzón deberá definir su postura entre quienes se oponen al acuerdo porque piden una pena mayor y quienes quieren que se convierta en un caso que puede resarcir el daño económico realizado al Estado. Entre los primeros, dos víctimas de la causa múltiple, que además incluye amenazas: la actual ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, a quien el líder sindical hostigó y agredió mientras le pedía remover a la directora del hospital de Diamante, y el periodista Martín Carboni, al que criticó en una radio local comparando la situación con el suicidio de Alfredo Yabrán y el asesinato de José Luis Cabezas.
Allende es una pieza importante del poder político provincial desde los 90. Estiman que posee un patrimonio de 4,5 millones de dólares, que creció de la mano de la relación estrecha que supo mantener con los diferentes gobernadores: tiene barcos, casas en Entre Ríos, una colección de autos antiguos y hasta una isla en el Paraná y un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero.
El acuerdo con la fiscalía prevé que devuelva dos casas (una en el Parque Urquiza, con vista al Paraná, valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares) más 3 millones de pesos en efectivo, precisaron.
El caso intranquiliza a la esfera política. Por ejemplo, el gobernador Gustavo Bordet designó hace cinco años a Satler en un cargo ad honorem en el ministerio de Salud. La mujer de Allende es coordinadora la Unidad Ejecutora de Conservación, una dependencia que se encarga del mantenimiento de los hospitales. Y también a Sergio Urribarri. El exmandatario provincial y actual embajador en Israel tiene tres causas elevadas a juicio, entre ellas, una que lo investiga por el supuesto desvío de fondos en la campaña para ser candidato a presidente y llamó “Sueño Entrerriano”.
Por su lado, Allende los involucró directamente y lo mencionó en el acuerdo: entre 2008 y 2011, como diputado, le suministró 128 subsidios a la fundación Esperanza, que presidía su mujer, Satler, y en la que figuraban su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración.
