Más de una década después de la explosión de un transformador en Los Pocitos, al menos 287 vecinos presentan enfermedades asociadas a la exposición a bifenilos policlorados (PCB), una sustancia prohibida por su toxicidad. A pesar de los peritajes, denuncias y relevamientos oficiales que confirmaron la contaminación ambiental, la Justicia tucumana archivó la causa y los transformadores siguen activos.
En una calle cualquiera del barrio Diagonal Norte, en Los Pocitos, una columna de cemento sostiene un transformador eléctrico que lleva más de una década liberando veneno invisible. Ese aparato, propiedad de la empresa TRANSNOA SA, explotó en 2012. Desde entonces, lo que parecía un accidente eléctrico derivó en una cadena de enfermedades, denuncias, peritajes y, finalmente, en un archivo judicial que dejó en la intemperie a más de 1.000 vecinos del Gran San Miguel de Tucumán.
Los testimonios y estudios periciales coinciden en un punto alarmante: el transformador liberó compuestos tóxicos conocidos como bifenilos policlorados (PCB). Se trata de sustancias químicas industriales que fueron prohibidas en muchos países por su altísima toxicidad. Aun así, en Tucumán, están presentes en el aire, en la tierra y, según los análisis clínicos, también en la sangre de sus vecinos.
Una explosión, una sustancia prohibida y cientos de vidas afectadas.
Todo comenzó en 2012 con un incendio en una subestación transformadora ubicada en plena vía pública. Tras la explosión, testigos denunciaron olores intensos y persistentes en la zona. Poco después, empleados de EDET llegaron con trajes especiales, máscaras y guantes a retirar residuos. Nadie explicó nada. Ninguna autoridad alertó sobre riesgos.
Con los días, la vecina Mirta Abdala -cuya casa está a escasos metros del transformador- comenzó a sufrir descompensaciones. A ella se sumaron otros vecinos. Muchos fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer. El médico que atendió a Abdala ordenó estudios toxicológicos. Los resultados, obtenidos en 2017 por la Universidad Nacional de Tucumán, confirmaron la presencia de PCB en su sangre en niveles cinco veces superiores a lo tolerado. El máximo aceptable es del 0,1%. Abdala tenía 0,5%.
Pero ¿qué son los PCB? Son bifenilos policlorados, compuestos químicos que se utilizaban en transformadores y equipos eléctricos por su estabilidad térmica. El problema es que esa misma estabilidad hace que persistan durante décadas en el ambiente y se acumulen en los cuerpos humanos. Numerosos organismos internacionales -la OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la IARC, entre otros- los clasifican como sustancias cancerígenas, que además afectan el sistema inmune, nervioso, reproductivo y endocrino. Están prohibidos en buena parte del mundo, pero en Tucumán siguen formando parte de la infraestructura eléctrica.
A partir de este hallazgo, Abdala presentó una denuncia penal. Y con esa denuncia comenzó una investigación que, a pesar de contar con pruebas documentales, pericias y censos vecinales, fue archivada sin imputados en 2022.
Una pericia oficial que confirma la catástrofe sanitaria.
El “Informe de Medio Ambiente N° 01334/2022” elaborado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, no deja lugar a dudas. El perito Esteban Aybar Critto entrevistó a 600 vecinos del barrio Diagonal Norte -donde viven unas 1.100 personas- y concluyó que el 43,8% presenta enfermedades que podrían estar asociadas a la exposición crónica a PCB.
Los efectos identificados incluyen alteraciones hepáticas, dérmicas, problemas oculares, trastornos tiroideos, inmunológicos y neurológicos. Se detectaron incluso casos de cáncer, bajo peso al nacer, irritaciones respiratorias y alteraciones en el desarrollo cognitivo en niños.
Y precisamente, los niños son quienes más sufren. Un relevamiento paralelo, realizado por el Centro Vecinal del barrio, detectó entre ellos:
10 casos de retraso mental
14 de retraso madurativo
1 con retardo de crecimiento
4 con autismo
2 con cáncer
1 con diabetes
10 casos de retraso mental
14 de retraso madurativo
1 con retardo de crecimiento
4 con autismo
2 con cáncer
1 con diabetes
Todos estos datos fueron entregados al expediente judicial que llevaba la Fiscalía Conclusional N° 3. El expediente se caratuló como “Estrago culposo”, con Mirta Abdala como víctima.
La denuncia también enumeraba cinco puntos contaminantes activos en la zona, todos vinculados a TRANSNOA SA. Además del transformador que explotó y que aún permanece en el lugar sin ser retirado, se identificaron otras cuatro subestaciones transformadoras que continúan en funcionamiento y fueron señaladas como pasivos ambientales activos. Las ubicaciones son:
Avenida Campaña del Desierto 300 (sede de TRANSNOA SA)
Avenida Virgen Generala y Diagonal Lisandro de la Torre
Avenida Bartolomé Mitre y Virgen Generala
Calle Fray Cayetano Luis Beltrán y Avenida Bartolomé Mitre
Avenida Bartolomé Mitre y Avenida Campaña del Desierto
Avenida Campaña del Desierto 300 (sede de TRANSNOA SA)
Avenida Virgen Generala y Diagonal Lisandro de la Torre
Avenida Bartolomé Mitre y Virgen Generala
Calle Fray Cayetano Luis Beltrán y Avenida Bartolomé Mitre
Avenida Bartolomé Mitre y Avenida Campaña del Desierto
El informe del ECIF fue presentado en agosto de 2022, con bibliografía científica de organismos internacionales y universidades de prestigio. A pesar de todo, la causa fue archivada sin avance.
Un Estado que escucha, pero no responde
La historia de Los Pocitos es también la historia de un Estado ausente. Entre 2012 y 2022 se realizaron más de 120 denuncias, reclamos y presentaciones: ante EDET, TRANSNOA, el ERSEPT, la Municipalidad de Tafí Viejo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Defensoría del Pueblo y Defensa Civil. Ninguna dio resultado concreto. El transformador que explotó jamás fue removido. Y los otros identificados como fuentes de contaminación siguen funcionando con normalidad.
La documentación está. Las pruebas también. Pero la causa judicial fue archivada. Y quienes deberían ser protegidos por la ley -los vecinos expuestos- fueron ignorados. Mientras tanto, los niños enferman, los adultos acumulan diagnósticos, y el tiempo se encarga de naturalizar lo que debería escandalizar.
Hoy, un grupo de vecinos organizados exige la reapertura de la causa. Solicitan acceso al expediente, revisión de la prueba y justicia para una comunidad que fue víctima de una contaminación que pudo evitarse. La justicia, sin embargo, eligió cerrar el expediente en silencio.
El drama de Los Pocitos no es solo ambiental. Es un escándalo político, institucional, ético y de desidia empresarial. Es la historia de cómo una explosión puede marcar una década entera de enfermedades, mientras nadie se hace cargo, TRANSNOA y EDET operan con total normalidad como si nada hubiera pasado.
