La difusión de causas penales de interés público, y de casos de corrupción política y judicial son la razón de ser de los delitos que el abogado Alfredo Falú imputó a Irene Benito, periodista de LA GACETA, según ella misma manifestó a la fiscal Mariana Rivadeneira. En una presentación espontánea donde se puso a disposición de la Justicia, Benito defendió su inocencia y advirtió la pretensión de utilizar el sistema judicial para cercenar su voz crítica. “No he cometido ni soy autora de ningún acto ilícito. La realidad es que la denuncia que me formula Falú, con su apariencia de naturaleza penal, tiene otro sentido y finalidad: es un ataque a la libertad de prensa. Por ello mismo debe ser archivada”, expresó.
Benito, que también es abogada, aseguró que era perseguida por defender valores propios del periodismo profesional y de la democracia republicana: la libertad de prensa y la independencia judicial. “Basta con leer la denuncia para advertir muy claramente que a lo que verdaderamente se refiere el abogado Falú es a mi labor en este diario, en especial cuando menciona los casos ‘Rigourd’, ‘Teves’, ‘Pedicone’ y ‘Mayol, en los me imputa actitudes ‘tendenciosas’ y ‘maliciosas’”, refirió en su presentación este viernes junto a su defensor, Patricio García Pinto. Y añadió: “lo que el denunciante expone como si fueran ‘delitos’ son informaciones, opiniones y comentarios críticos que La Gaceta brindó a sus audiencias en el seguimiento de procesos judiciales sensibles. En esos casos las publicaciones fueron consensuadas y acompañadas también por notas de opinión de otros periodistas. ¿Cuáles podrían ser las razones para que este diario no haya tenido que publicar nada al respecto?”.
“No fueron inventados”
La periodista subrayó que la quieren criminalizar por cubrir, por ejemplo, las repercusiones de las denuncias que el juez Enrique Pedicone presentó contra el vocal Daniel Leiva y que la maestranza especializada Elvira de las Mercedes Mayol formuló contra el vocal Antonio Daniel Estofán . “Se trata de actuaciones donde intervinieron altos magistrados judiciales. No fueron hechos inventados por el diario y por ninguno de sus periodistas, sino que realmente existieron. Además, fueron noticias publicadas no solo con mi firma, sino también con las de otros dos colegas (Federico van Mameren y Álvaro Aurane)”, precisó. Y afirmó que todas las publicaciones del diario y su propia labor como periodista profesional están respaldadas por fuentes serias emanadas de actuaciones oficiales, judiciales y legislativas, es decir, de los propios protagonistas de las noticias.
“Muy poco”
“Llama la atención que Falú formule esta denuncia porque el diario y yo lo hemos mencionado muy poco en su actuación profesional. En la causa ‘Teves’ no fue el único abogado interviniente y en otros procesos en los que tuvo alguna participación, los cuestionamientos los hizo el Colegio de Abogados”, afirmó Benito. Y agregó: “resulta muy claro, por lo tanto, que imputándome la comisión de delitos lo que trata de conseguir es que me condenen como criminal, pero por mi actuación como periodista profesional. Pretende que se me condene por lo que hice como periodista y que haya silencio de la prensa en el futuro. La motivación del abogado Falú fluye claramente del texto de su denuncia y de sus aparentes fundamentos penales, porque su intención real es que la prensa guarde silencio cuando se presentan hechos de corrupción en los que están implicados funcionarios públicos”.
“Desviación tiránica”
En su denuncia Falú imputó a Benito los delitos de administración fraudulenta, atentado y coacción; y también denunció al ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, quien encabezó la gestión que expuso que la Justicia penal de Tucumán habría sido utilizada con fines extorsivos para obtener beneficios particulares, impugnación que nunca fue esclarecida y que generó la renuncia para jubilarse con el 82% móvil del ex fiscal Guillermo Herrera. Falú sostiene que García Posse habría dispuesto en diciembre de 2015 contratar a Benito a los fines de la escritura de un “libro de estilo” para la redacción forense que, según el denunciante, “nunca apareció”.
Llamativo
También refirió que García Posse es socio e íntimo amigo del abogado Arnaldo Ahumada, defensor del empresario Jorge Rigourd y del juez Enrique Pedicone. “Fue llamativo que García Posse, con la evidente intención de favorecer a Ahumada, incidió para que el Colegio denuncie penalmente una supuesta utilización extorsiva de la Justicia penal; pidió auditorías a la Corte sobre la causa ‘Rigourd’ y hasta promovió un juicio político contra (el ministro público fiscal Edmundo) Jiménez, nada de lo cual prosperó en nuestras instituciones republicanas”. El abogado señaló que la periodista Benito dio amplia difusión “a la estrategia” y que “se crearon falsos personajes con falsos relatos” como Roxana Teves. “Esta perfecta sintonía surge con toda nitidez del modo insidioso y tendencioso con que actuó Benito en las publicaciones de LA GACETA. (…) Todo ese accionar difamatorio representa una intimidación contra quienes intenten o hayan intentando investigar con rectitud”, expresó Falú, quien es uno de los que solicitó la destitución de Pedicone en la Legislatura. El denunciante manifestó que “Pedicone es un reconocido opositor de Jiménez y este denunció penalmente (al juez) en 2018”, afirmó.
“Una venganza”
En su presentación espontánea de fines de noviembre, García Posse expresó que Falú había falseado los hechos para cobrarse una venganza. El ex titular del Colegio recordó que el libro de estilo fue encargado a Benito por su entidad y el Colegio de Abogados del Sur debido a su trayectoria como docente en redacción jurídica y con la aprobación de los consejeros. García Posse añadió que le constaba que la obra había sido entregada -hace un año- a los titulares de las respectivas instituciones y que los consejeros actuales incluso llegaron a debatir sobre la eventual impresión de la obra. El ex presidente aseguró que debía desecharse la denuncia a los fines de evitar “que esta patraña” perturbara la tarea judicial. “Así se pondrá fin a la irresponsable y vergonzosa aventura de quien pretende engañar a los actores de los Tribunales para justificar su cuestionado desempeño profesional. Es una acusación diseñada y ejecutada con el sólo propósito de venganzas personales. El odio y el resentimiento que profesa Falú se explica por la circunstancia de que a raíz de la actuación del Colegio, y no únicamente de su presidente, mucha gente perdió un gran y turbio negocio”, dijo García Posse.
Pedido de informe
Benito, quien solicitó a la fiscala Rivadeneira que oficie al Colegio de Abogados para que informe si el proyecto del libro de estilo generó alguna clase de perjuicio económico, reflexionó que la vía de la falsa denuncia intentada por Falú para amedrentarla no era un método novedoso, sino que se trataba de algo común en las democracias débiles y en los gobiernos con sesgos totalitarios. La periodista recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado a los Estados que se abstengan de utilizar la Justicia penal para hostigar a las voces críticas. Sostuvo la Relatoría Especial que “el ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas y comunicadores, aunque también sigue estando amenazado en muchos países por el uso del derecho penal para sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales”.
Solapada intención
Benito subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había destacado la necesidad de fortalecer el periodismo para aumentar la transparencia y la responsabilidad de las autoridades. “La Corte IDH dijo que, en una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público que afectan bienes sociales y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”, citó. Y agregó: “resulta contrario a esto la solapada intención de intimidarme con falsas denuncias en el ámbito penal. Si por temor tuviera que dejar de escribir sobre cuestiones de evidente trascendencia pública, en las que están involucrados funcionarios y personas que voluntariamente se inmiscuyeron en tales asuntos, quedaría afectada la libertad de prensa y desvirtuada la esencia de mi profesión, que ha sido protegida por la Constitución Nacional para evitar toda posible desviación tiránica”.
